Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis) son una de las víctimas del pacto fiscal alcanzado entre los socios del Gobierno de coalición. Sumar ha acordado con el PSOE suprimir el régimen fiscal especial que se les aplica y mediante el que tributan al 0% por el Impuesto de Sociedades siempre que repartan al menos el 80% de los dividendos entre los accionistas, que tributan por ellos al 19 %. Si se consuma el acuerdo, teóricamente pasarían a estar gravadas con el tipo general del 25%.

Fuentes del Ministerio de Hacienda y del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso consultadas por El Independiente evitan hacer comentarios sobre el extremo expuesto desde Sumar acerca de la supresión del régimen especial. Así que la propuesta definitiva deberá verse este jueves en la próxima sesión de la comisión del ramo en la Cámara Baja. No obstante, el PSOE presentó su propia enmienda con beneficios fiscales para fomentar que apoyen la construcción de vivienda asequible.

Se trata, en todo caso, de un tema especialmente sensible en el sector inmobiliario. En España hay algo más de un centenar de estas sociedades operando, cuyo objetivo es la inversión en activos inmobiliarios para su alquiler. Nacidas en 2009 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, comenzaron a proliferar años más tarde gracias a un cambio normativo del entonces ministro de Economía y Hacienda, Cristóbal Montoro, para atraer la inversión, especialmente internacional.

La regulación exige además a las socimis que coticen en un mercado bursátil regulado, lo que las convierte en una alternativa atractiva para que empresas y particulares canalicen sus inversiones inmobiliarias. La capitalización por mercados fue del 42% en BME Growth, 14% en Euronext, 3% Portfolio y 41% en el mercado continuo. Ahora mismo, hay dos socimis que cotizan en el Ibex 35; Merlin y Colonial. Entre los accionistas están tanto el banco Santander como Criteria Caixa, respectivamente. Por tamaño, hay otras grandes socimis como Lar o Arima. La capitalización bursátil conjunta de las 116 que cotizaban a cierre de 2023 estaba valorada en 22.894 millones de euros.

De salir adelante la reforma pactada para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025, sería la segunda vez que el Ejecutivo mete mano a estas sociedades de inversión. En la pasada legislatura ya se impulsó a petición de Unidas Podemos un primer cambio que supuso, sin demasiado éxito, elevar el gravamen que soportan sobre los beneficios.

La Ley obliga a las socimis a repartir como mínimo el 80% de sus beneficios obtenidos de su actividad de arrendamiento a sus socios; el 50% de las plusvalías realizadas por la transmisión de activos, siempre que el 50% restante se utilice para realizar nuevas inversiones en inmuebles destinados al alquiler en el plazo de 3 años; y el 100% de los dividendos obtenidos de participaciones en otras socimis. Por tanto, el beneficio de las socimis acaba pagando impuestos a través de sus accionistas.

Sumar y el PSOE se han comprometido también a introducir enmiendas para gravar los beneficios de la banca, subir el IVA a los apartamentos turísticos y aplicar el impuesto de lujo a yates, jets privados y coches de lujo. Además, también mantienen el impuesto a la banca.