El Banco de España (BdE) alerta de la falta de datos fiables no solo para el diseño de las políticas públicas en materia de vivienda sino para evaluar los posibles "efectos indeseados" de las iniciativas que el Gobierno ha puesto en marcha para tratar de paliar la crítica coyuntura que atraviesa el mercado tanto en compra como en alquiler.

El director general de Economía del organismo supervisor, Ángel Gavilán, alertó este lunes ante la comisión de Vivienda del Congreso de que los datos en muchos ámbitos "o bien no existen, o no son sistemáticos o llegan con mucho retardo". Por ejemplo, se quejó de que los últimos datos disponibles sobre el número de viviendas vacías en España provienen del censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado en 2021 y que hace referencia al año 2020.

Más allá de las propias estimaciones del organismo gracias a los intercambios de información con los Registradores de la Propiedad o la Agencia Tributaria, Gavilán aseguró que tampoco hay certezas sobre la composición de la propiedad en el mercado del alquiler entre personas jurídicas y particulares. Y cuántos de estos últimos son grandes tenedores y cuántos, pequeños propietarios.

También criticó la ausencia de información fidedigna sobre la evolución de los precios del alquiler. "A día de hoy, toda esta información granular y con detalles solo va hasta 2022. Y es la información a partir de la cual se están construyendo los índices de referencia para aplicar en zonas tensionadas. Son índices para aplicar en 2024 y 2025 con precios de 2022 y que no recogen el dinamismo del mercado que reflejan los flujos de los nuevos contratos", lamentó.

Asimismo, estimó necesario aclarar qué está pasando con el trasvase de contratos desde el alquiler residencial tradicional hacia las modalidades de alquiler turístico, de temporada y por habitaciones, que se han disparado desde la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda. "Teniendo en cuenta ese desplazamiento, necesitaríamos una estadística sistemática, oficial, rigurosa", aseveró. Asimismo, reconoció que más allá de la estadística experimental del INE, "todos los analistas nos estamos guiando por distintas estimaciones a partir de la información que proporcionan los portales inmobiliarios".

En este sentido, también lamentó que la ausencia de datos actualizados dificulta evaluar los posibles "efectos no deseados" sobre el sector de las medidas en materia de vivienda que ha desplegado ya el Gobierno. Y sí remarcó que el organismo que dirige José Luis Escrivá se debe guiar por la literatura económica sobre los efectos que esas mismas políticas han tenido en otros países donde ya han sido aplicadas con una oferta rígida y una demanda fuerte.

Cesión de viviendas para alquiler social

El representante del Banco de España sí deslizó que medidas como los avales para la compra de vivienda en un contexto como ese lo que hacen es "trasladarse al precio, en la medida en que la oferta no es capaz de reaccionar". También dijo que en otras economías, "determinadas medidas de protección a los inquilinos más vulnerables pueden acabar perjudicando sobremanera a esos inquilinos y desplazándolos del mercado". Gavilán extendió esto a medidas como los controles de precios, que "mantenidos en el tiempo pueden acabar generando efectos negativos sobre la oferta de vivienda tanto en términos de calidad como de cantidad en el medio plazo".

Por ello, el responsable del Banco de España llamó la atención sobre que poco cabe esperar de "políticas de corto plazo". "Si quisiéramos aumentar la oferta de vivienda pública en alquiler social y acercarnos a los promedios europeos tendríamos que ofertar 1,5 millones de viviendas nuevas en los próximos diez años. Para ello tendríamos que aumentar el ritmo de producción de vivienda anual un 150% y dedicar todas las casas que se construyen a vivienda social", reflexionó Gavilán.

En este sentido, insistió a los diputados que la magnitud del problema requiere "soluciones sostenidas en el tiempo y progresivas", entre otras cosas, por la "significativa escasez de mano de obra" que sufre en estos momentos el sector de la construcción.

El representante del Banco de España propuso como una posible solución para paliar el déficit de la vivienda impulsar la rehabilitación y, posiblemente, la cesión al sector público de viviendas que ahora están vacías, infrautilizadas o desocupadas para utilizarlas para el alquiler social, que actualmente representa solo el 1% del parque de alquiler en España.

Además, abogó por "profesionalizar" el mercado del alquiler, "porque los agentes profesionales tienen una mayor capacidad para generar economías de escala y diversificar los riesgos". Eso podría repercutir, en opinión del Banco de España, en "unos menores precios de vivienda". Asimismo, se mostró partidario de establecer un mercado de seguros para las viviendas en alquiler. El próximo jueves será el propio Escrivá quien comparezca ante la Cámara Baja por primera vez desde su nombramiento al frente de la institución.