Choque abierto entre el Ministerio de Sanidad, el de Función Pública que dirige el socialista Óscar López, y los colectivos de funcionarios pendientes de la renovación del concierto de Muface tras el plantón de las aseguradoras privadas al Gobierno. El departamento que dirige Mónica García aboga en un informe por transferir a los mutualistas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado al Sistema Nacional de Salud.

"El contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable", explica el informe 'Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud', al que ha tenido acceso El Independiente.

Según sus cálculos, la incorporación de la totalidad de la población mutualista de Muface con aseguradora sanitaria privada "supondría un incremento del 2,12% en el número de personas que recibirían prestación sanitaria pública". El texto reconoce que existen diferencias entre Comunidades Autónomas en lo relacionado con el impacto que tendría la incorporación de la población mutualista de Muface que en la actualidad recibe asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas.

Como publicó este medio, "de todas las CCAA, Andalucía, Castilla y León y Extremadura se caracterizan por estar entre las que tendrían que incorporar a un mayor porcentaje, siendo, además, las que lo harían con un mayor porcentaje de mayores de 65 años".

Además, tanto a nivel global como en lo relacionado con la población mayor de 35 años, Ceuta y Melilla son las que tendrían que incorporar a un mayor porcentaje de población respecto a su población base cubierta por la asistencia sanitaria pública. Asimismo, el informe dice que "merece la pena mencionar el caso de la Comunidad de Madrid", donde "el impacto global sería de un incremento del 2,24% de la población ya existente bajo la cobertura del Sistema Nacional de Salud".

Así, el informe plantea dos escenarios. Por un lado, dice que el departamento que dirige Óscar López tiene la opción "continuista" que consistiría en que en la nueva licitación que prepara se incrementen las primas a las aseguradoras por encima de la oferta anterior, que ya prometía una subida histórica de casi un 18%.

Pero Sanidad considera que esta vía sería "insuficiente" porque las aseguradoras demandan un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación; "insostenible", ya que no hace frente a la dinámica de largo recorrido de envejecimiento de la subpoblación de mutualistas de Muface; e "inequitativa", porque supone "incrementos porcentuales que serían impensables en el ámbito de la provisión pública directa". Además, cree que extender el modelo supondría "postergar una decisión que habrá que tomar antes o después".

La conclusión a la que llega Sanidad es que "el modelo Muface en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cápita, porque ningún sistema de aseguramiento funciona si no tiene un pool de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso".

Asimismo, el texto acusa a las aseguradoras privadas que prestan el servicio de realizar "prácticas de selección de riesgos". "Es un fenómeno que supone una asunción por parte del SNS de los riesgos y costes que deberían asumir las aseguradoras sanitarias privadas. En un contexto donde los tratamientos disruptivos de alto coste - alto valor son crecientes, la selección de riesgos supone un problema del cual es imposible escapar a la hora de plantear un análisis de este asunto", remata el informe.

Frente a la posibilidad de renovar el concierto como pretende Función Pública, Sanidad dice que la alternativa a la respuesta continuista supondría ejecutar una prórroga de 9 meses del concierto actualmente en vigor, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, y "plantear durante esos 9 meses un proceso de internalización de la provisión sanitaria de los mutualistas de Muface para que se hiciera cargo el Sistema Nacional de Salud".

Además, plantea que la financiación que iría destinada a la provisión de la asistencia sanitaria por parte de las aseguradoras privadas a los mutualistas de Muface sea "transferida, de manera capitativa, a las Comunidades Autónomas para su inversión, con carácter finalista durante los primeros 3 años, en los respectivos servicios autonómicos de salud".