Merlin y Colonial, las dos Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimis) que cotizan en el Ibex 35, se anotaron sendos resultados positivos hasta septiembre. En pleno choque con el Gobierno ante la intención de PSOE y Sumar de suprimir el actual régimen fiscal que evita su tributación por Sociedades, las dos compañías inmobiliarias registraron 382 millones de beneficio.

Merlin obtuvo un beneficio neto recurrente de 230,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,7% frente al mismo periodo del año pasado. La compañía que dirige Ismael Clemente con inversiones en centros comerciales, logística, oficinas y centros de datos elevó las rentas del alquiler de sus activos un 4,7%.

Por su parte, Colonial cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio neto atribuible de 156 millones, frente a las pérdidas de 298,5 millones que registró un año antes. La compañía que preside Juan José Bruguera cerró el tercer trimestre con una deuda financiera neta de 4.414 millones, 450 millones menos, tras la entrada de Criteria en su accionariado.

Merlin estima que de salir adelante el cambio fiscal, su resultado operativo se reduciría en un 8,5 % y también afectaría negativamente al dividendo. Tras conocerse los planes de los socios del Ejecutivo, la firma sufrió un desplome del 7% en Bolsa, del que no lograrse al terminar la semana. En una conferencia con analistas expuso que  "los comunistas de Sumar", junto con los socialistas, "abrieron la puertas del infierno" a las socimis.

El consejero delegado de Colonial, Pere Viñolas, limitó también ante los analistas la afectación de la posible supresión del régimen de socimis. Según sus cálculos, tendría un impacto de entre un 1% y un 2% de su beneficio por acción, al tener una exposición limitada al mercado español y al calcular que el nuevo impuesto de sociedades que pagaría sería del 18,75% y no el 25%. Viñolas recordó además que el 65% de su actividad se encuentra fuera de España, sobre todo en Francia, por lo que también estaría limitado el impacto por el eventual cambio fiscal.

Ambas firmas cotizadas, entre cuyos accionistas están tanto el banco Santander como Criteria Caixa, se plantean seguir los pasos de Ferrovial y trasladar su sede fuera de España si el cambio regulatorio les perjudica. Aunque, en realidad, confían en que finalmente no prospere la modificación legal que se incluye dentro de una trasposición de una directiva europea para aplicar un tipo mínimo de tasación a las multinacionales.

En ella se tratan de incluir otras medidas fiscales como un impuesto a las energéticas o a la banca. Las fuerzas del Ejecutivo tuvieron que aplazar por segunda vez la votación de esta iniciativa en el Congreso el pasado jueves y volverán a intentarlo este lunes. El Gobierno necesita el apoyo de partidos como ERC, PNV y Junts. Pero hay vetos cruzados entre los socios, lo que complica la aritmética parlamentaria.

En su comparecencia ante los analistas, Clemente recordó que desde el PSOE "siempre han manifestado que entienden la motivación social y económica de las socimis". Eso sí, en la pasada legislatura, el Gobierno ya impulsó a petición de Unidas Podemos un primer cambio legal que supuso elevar el gravamen que soportan sobre los beneficios. Aunque Sumar reconoce que el impacto de la medida fue muy limitado. Desde el sector recuerdan que el beneficio de las socimis acaba pagando impuestos a través de sus accionistas.

La regulación exige que coticen en un mercado bursátil regulado. Además de Merlin y Colonial, en España hay otras grandes socimis como Lar o Arima. La capitalización bursátil conjunta de las 116 que cotizaban a cierre de 2023 estaba valorada en 22.894 millones de euros.