El sindicalismo francés ejerce como anticipador del frente de batalla que preparan los agricultores europeos. Las organizaciones agrarias del país galo se han levantado contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) y se distinguen como líderes de una reivindicación por la que también suspira el campo español.

Los avances en un trato que, tras más de 20 años de negociaciones y cinco desde su anuncio apunta a su cierre, inquietan a los productores comunitarios. La apertura de fronteras a los países mencionados se siente como una amenaza en lugares como Francia o España, en los que la agricultura y la ganadería dan sentido -profesional y vital- a millones de ciudadanos.

Las negociaciones entre la Comisión Europea y Mercosur han experimentado un acelerón en las últimas semanas y la cumbre del G20 que se celebra este 18 y 19 de noviembre se presenta como una oportunidad de oro para finiquitar el pacto.

El Gobierno de España, en contra de las organizaciones profesionales agrarias, ha votado y se ha posicionado a favor. Así lo ha reiterado en la reunión de ministros de Agricultura europeos celebrada en Bruselas el representante español, Luis Planas, ha defendido la alianza: "En España únicamentese venden 400 millones en productos agroalimentarios a Mercosur, mientras que se importan 4.000, lo que supone una balanza muy desequilibrada".

El acuerdo supondrá una eliminación progresiva de los aranceles que se aplican a un gran número de productos agroalimentarios europeos en los que España tiene intereses comerciales, como el aceite de oliva, vino, frutas y hortalizas o porcino. En contrapartida, la UE liberalizará el 82% de las importaciones agroalimentarias del bloque de Mercosur e impondrá contingentes arancelarios para aquellos productos más sensibles. Nada de esto convence a los agricultores europeos.

El campo europeo contra Mercosur

Las primeras movilizaciones contra el negocio con Mercosur han tenido Francia como escenario. Interrupciones a los camiones internacionales procedentes de España en busca de frutas, hortalizas y vino; cortes de carreteras; y la ralentización de la circulación delante de las prefecturas (delegaciones del Gobierno) son solo el comienzo de una semana más que intensa.

Según FNSEA, el sindicato mayoritario de Francia y responsable de importantes acciones contra el tratado, la Comisión hace caso omiso a la oposición de los agricultores europeos e ignora la salud de los consumidores. "Deja de lado las expectativas de la sociedad civil en materia de cuestiones económicas, medioambientales, climáticas y de bienestar animal. Es inconcebible que la agricultura europea sostenible sea sustituida por la de otros continentes cuyas prácticas, prohibidas en Europa, son menos valiosas social y medioambientalmente".

El sindicato carga contra la producción de Mercosur, a la que señala por condiciones inaceptables: "Uso de antibióticos activadores del crecimiento, falta de trazabilidad, sustancias activas fitosanitarias prohibidas en Francia -en algunos casos desde hace más de 20 años-, así como ausencia de protección social y derechos humanos".

El conflicto de los agricultores europeos con Mercosur radica en que, en un contexto de competencia feroz, entienden que se facilita la entrada en el viejo continente. La plataforma Farm Europe, que tiene como objetivo estimular la reflexión sobre las economías rurales a nivel comunitario, apunta a la deforestación, la utilización de plaguicidas y el uso hormonas para estimular la producción como los tres puntos insalvables del trato con Mercosur, ya que consideran que estos estándares no se respetan en los países americanos implicados.

Esta incongruencia que denuncia Farm Europe se evidencia en el discurso de los agricultores, que claman contra los valores referentes a la soberanía alimentaria que se defiende en Europa. "Si no defendes a tu agricultura y ganadería profesional sobra la estrategia de la autonomía alimentaria y todo lo demás", apuntó recientemente en conversación con El Independiente Miguel Padilla, secretario general de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos).

A favor de Mercosur

La postura del campo y del gobierno francés, uno de los principales opositores al acuerdo con Mercosur, choca con la postura domintante en la UE. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha puesto en valor "importancia económica y estratégica del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur en un encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en vísperas de la reunión del G20 que tiene lugar en Río de Janeiro. "Discutimos sobre la relación UE-Mercosur. Un acuerdo de gran importancia económica y estratégica", dijo la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales, tras reunirse con Lula da Silva.

La política alemana defendió este acuerdo que lleva más de dos décadas de negociaciones el mismo día en que el presidente francés, Emmanuel Macron, dejó claro a su homólogo argentino, Javier Milei, que su Gobierno no dará su respaldo al trato UE-Mercosur ("tal como está", por lo que pidió renegociarlo para encontrar un marco aceptable para todos.

"No creemos en el acuerdo tal como se negoció", afirmó Macron desde el aeropuerto de Buenos Aires antes de salir hacia Río de Janeiro para la cumbre del G20. La organización Confederation Paysanne ha reclamado al gobierno francés que ya no puede simplemente decir que está en contra de este acuerdo tal como está. "Exigimos que Francia obtenga la retirada definitiva del mandato negociador que tiene la Comisión Europea sobre el acuerdo UE-Mercosur. No queremos la firma del acuerdo, ni durante el G20, ni durante la Cumbre del Mercosur prevista para principios de diciembre, ¡ni nunca!".

Los disturbios contra Mercosur en suelo francés continuan este martes 19 de noviembre con los actos del sindicato Coordination Rurale, que ha prometido "una revuelta agrícola" en Auch y Agen, dos ciudades en el suroeste del país vecino.

En el caso de España, el ejecutivo se mantiene alejado de lo que se solicita a pie de campo u todas las manifestaciones apoyan el trato. Un informe encargado por la Secretaría de Estado de Comercio califica la posible colaboración como una "oportunidad de crecimiento y de generación de empleo" que dejaría al menos 6.000 millones de euros en las arcas europeas. Para España en particular, el estudio subraya que "la disminución de las medidas no arancelarias al comercio de bienes y servicios, tienen un efecto positivo, aunque reducido (+0,02% del PIB). Elevan el comercio, pero en menor medida que la liberalización arancelaria".