Las asociaciones bancarias han salido en tromba contra la extensión del impuesto a la banca que el Gobierno ha logrado aprobar este jueves en el Congreso. Las asociaciones han reiterado "su determinación de emprender acciones legales" contra la medida incluida dentro de una reforma fiscal más amplia.

Tras el cambio normativo, pasará de ser una prestación patrimonial a un impuesto, lo que implica que las haciendas forales y las comunidades autónomas lo podrán gestionar. Tendrá un tipo progresivo sobre los márgenes de intereses y comisiones de cada entidad, que será del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% desde 5.000 millones en adelante.

Tanto la AEB como la CECA han denunciado que el gravamen crea "inseguridad jurídica" y advierten de que tendrá "graves efectos económicos". El impuesto, denuncian, "se ha gestado en un proceso caótico y poco transparente, a espaldas de los ciudadanos y sin diálogo con el sector ni valoración de los órganos consultivos".

Algo que consideran que sería necesario incluir "en toda tramitación legislativa y particularmente en un ámbito tan sensible como la fiscalidad". "Todo esto genera incertidumbre general y en los mercados financieros en particular", añaden en un comunicado conjunto.

Dada la progresividad del diseño, CaixaBank, BBVA y Santander tendrán un tipo del 7% al registrar ingresos por encima de los 5.000 millones de euros. Según cálculos de Europa Press, Sabadell estaría gravada por el tipo del 6% y Bankinter y Unicaja, estarían en el rango del 4,8%.

Las asociaciones que representan a las entidades financieras dicen rechazar "frontalmente" la decisión del Gobierno y avisan de que tendrá "graves efectos para la financiación de familias y empresas, la inversión y el conjunto de la economía, bajo un contexto de riesgos geopolíticos y con fuertes necesidades de financiación en España y en Europa".

Sus cálculos pasan por que el nuevo gravamen restará 50.000 millones de nueva financiación a familias y empresas. Además, dicen que el impuesto "no tiene parangón en los países de la Unión Europea", por lo que podría perjudicar la competitividad de las entidades de crédito españolas y del conjunto de la economía.

Además, entienden que la medida "carece de justificación técnica porque la política monetaria ha entrado en un nuevo ciclo de bajada de los tipos de interés". Además, dicen, "supone la fragmentación del mercado interior por su diferente aplicación entre comunidades autónomas, y también el señalamiento de un sector cuyo objetivo es trabajar por el crecimiento económico y el progreso social".