Hace ya tiempo que el gobierno de Estados Unidos tiene a Google en la mirilla. Hasta el punto que este miércoles el Departamento de Justicia americano propuso formalmente dividir a la compañía con el objetivo de debilitarla. En un documento remitido a un tribunal federal de Washington, instaban al juez a que les obligara a vender su navegador web, Chrome, y a prohibirles operar en el mercado de los navegadores durante un periodo de cinco años.

En paralelo, el escrito recogía que debían bloquearse los pagos que Google efectúa a compañías como Apple para que su motor de búsqueda sea el predeterminado en sus productos. Y también se refería a Android, el sistema operativo para smartphones, dándole a Google dos opciones: venderlo o prohibir que lo incluyera de manera obligatoria en sus teléfonos. Si Google se niega a ambas cosas, el Gobierno pretende obligarles a vender Android también, exactamente lo mismo que quieren hacer con Chrome.

La noticia ha saltado ahora después de que el pasado agosto un tribunal federal de EE.UU concluyera que Google incumplió las leyes antimonopolio del país, después de constatar que controla aproximadamente el 90% del mercado de búsquedas en Internet. Por aquel entonces, el Departamento de Justicia ya propuso una serie de medidas para solventar esa situación, entre las que estaban una serie de cambios "conductuales y estructurales" que afectaban a Chrome, Android o Google Play.

Google respondió de inmediato calificando esas propuestas de "radicales", asegurando que ponían en riesgo a los consumidores, las empresas y los desarrolladores, provocando que aumentara el coste de los dispositivos, cambiando el modelo de negocio de la compañía y perjudicándoles en su competencia con Apple. Llegaron a decir incluso que "separar Chrome o Android los destruiría", después de haber invertido miles de millones de dólares en ambos. Sin embargo, anticiparon que el proceso judicial para obligarles a tomar estas medidas sería largo.

Con todo, el tema viene de lejos. En 2020 EE.UU inició una investigación con el objetivo de "proteger a los consumidores" de las prácticas "monopolísticas" de Google. Ya entonces consideraban que la compañía estaba incumpliendo la ley estadounidense y perjudicando a la competencia, y señalaban que si el Gobierno no hacía que se cumplieran las normas podrían perder "la próxima ola de la innovación". Google se defendió asegurando que la gente les usa "porque lo elige, no porque se les fuerce a ello o porque no puedan encontrar alternativas".

Un negocio millonario en juego

Desde el Departamento de Justicia consideran que la venta de Chrome "detendrá permanentemente el control de la compañía sobre este punto de acceso de búsqueda crítico y permitirá a los motores de búsqueda rivales la capacidad de acceder al navegador que para muchos usuarios es una puerta de entrada a Internet". En ese sentido, aseguran que a día de hoy "el campo de juego no es parejo debido a la conducta de Google, y refleja las ganancias mal habidas de una ventaja adquirida ilegalmente. La solución debe cerrar esta brecha y privar a Google de estas ventajas".

Según Business Insider, en diciembre de este año Google podría proponer sus propias soluciones a este conflicto. Pero de momento, este caso pone en riesgo el mercado de una empresa que este año generará más de 300 mil millones de dólares en ingresos. Una estimación de Bloomberg asegura que Chrome estaría valorado entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. La gran pregunta es si los reguladores permitirían que uno de los principales rivales de Google lo comprara.

En paralelo, otras incógnitas son cómo podrían verse afectados los usuarios y los anunciantes. Y también el hueco que se abriría para la competencia, entre los que están buscadores como Bing, Yahoo!, el chino Baidu o DuckDuckGo, pero también algunos otros de nueva generación como Perplexity, el buscador con IA que quiere desbancar a Google y a ChatGPT.

¿Trump al rescate?

De acuerdo con la revista Time, si el juez accede a implementar las recomendaciones del Gobierno Google se vería obligado a vender su navegador Chrome (lanzado en 2008) en un plazo de seis meses a partir de la sentencia definitiva. Aunque, como avisaron, la empresa prevé un largo camino, por lo que se espera que apelen cualquier sanción que les vaya en contra, alargando una batalla judicial que ya dura cuatro años.

En este punto hay un último giro. Y es que aunque el juicio contra Google se inició durante los últimos meses del primer mandado de Donald Trump en la Casa Blanca, en realidad la persona que ha supervisado todo el proceso ha sido el fiscal general adjunto Jonathan Kanter, que fue designado por Biden y ha mantenido una lucha constante contra las grandes empresas tecnológicas, enfrentándose también a otras como Apple.

Sin embargo, con la vuelta de Trump a la Casa Blanca a partir de enero surgen dudas sobre si la nueva administración mantendrá está postura tan beligerante. El republicando ha expresado su preocupación sobre las consecuencias de una posible división de Google, aunque también ha señalado que habría que asegurarse de que "sea más justo", y está por ver si mantiene a Kanter al frente del proceso o decide sustituirlo. En cualquier caso, las audiencias judiciales están programadas para comenzar en abril, y la decisión final podría llegar antes del 1 de septiembre de 2025, según Time.