Desde el 5 de septiembre de 2023 hasta el 28 de noviembre de 2024. Casi quince meses ha tardado Arabia Saudí en obtener la aprobación del Gobierno español para poder controlar el 9,9% de Telefónica. Ha costado, pero la monarquía del Golfo ya ha conseguido su gran objetivo. Y eso que, justo después de que Saudi Telecom Company (STC) irrumpiera por sorpresa en el accionariado de la compañía española, las primeras reacciones que llegaron desde Moncloa fueron de preocupación, e incluso de rechazo frontal.

Una de las primeras en posicionarse en su momento fue Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social se apresuró a trasladar a Nadia Calviño, por entonces ministra de Economía, que el Gobierno no podía "consentir" la venta. "Así se lo he hecho llegar y así lo voy a defender", reiteró Díaz, que aseguró que trabajaría para que esta operación "no se produzca". La razón, explicó, es que Telefónica "es una empresa estratégica para nuestro país" y maneja "de lo más importante seguramente de nuestras vidas, que son los datos".

Poco después la propia Calviño salió al paso para rebajar ese discurso. Aunque no contestó de manera directa a Díaz, y tampoco quiso detallar qué habían hablado las dos en privado, la ministra aseguró que nuestro país estudiaría con detalle la operación: "Hemos reforzado los mecanismos de protección de los intereses de España, haciéndolos compatibles con la atracción de inversión extranjera, que es muy importante para la modernización tecnológica de nuestro país. España es un país serio, haremos un análisis riguroso y aplicaremos todos los mecanismos necesarios para garantizar la protección del interés estratégico".

Ese ha sido el discurso oficial que ha mantenido el Gobierno desde entonces. Quedaba por ver, entonces, si STC después de invertir 2.100 millones en este movimiento lograba superar el escudo 'antiopas' del Gobierno, la barrera que el Ejecutivo levantó para poder vetar las operaciones de este tipo. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ya catalogó esta normativa como "muy equilibrada", señalando que permitía que España contara con "buenos datos de llegada de inversión extranjera" a la vez que "protegía los intereses de nuestra industria y sectores estratégicos".

Sin embargo, pronto quedó claro que el Ejecutivo acabaría dando su visto bueno. Moncloa se movió para adquirir el 10% de Telefónica y convertirse en el máximo accionista de la empresa con la idea de proteger esos intereses nacionales que tanto le preocupaban. Y de fondo había, además, cuestiones paralelas, como los negocios millonarios que algunas empresas españolas como Navantia mantienen con Arabia Saudí, que podían ponerse en riesgo en caso de que la operación fuese rechazada.

Por si había algunas dudas, en septiembre directivos de STC visitaron Madrid y se reunieron con algunos ministros españoles, en lo que parecían encuentros programados para cerrar los últimos flecos. Pero el anuncio oficial no llegaba. En las últimas semanas diversos medios apuntaron distintas 'fechas definitivas' para el comunicado oficial, pero no se cumplieron. Seguramente la DANA obligó a modificar los planes de Moncloa, pero en STC comenzó a crecer el nerviosismo. Hasta el punto, según Vozpópuli, que los saudíes comenzaron a presionar al Gobierno porque necesitaban "acometer sus planes antes del fin de año".

Un acuerdo con "condiciones" desconocidas

Esta semana estaba marcada en rojo, pero el Consejo de Ministros que debía aprobarlo se retrasó del martes al jueves, el día en el que por fin hubo novedades. En la rueda de prensa posterior a la reunión, Cuerpo confirmó oficialmente la noticia que llevaba toda la mañana circulando: el OK era definitivo. Lo hizo, eso sí, solo cuando una periodista le preguntó directamente sobre el asunto, porque su comparecencia y la de Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, estuvo centrada en exclusiva en las medidas que se han puesto en marcha para paliar los efectos de la DANA.

"La aprobación ha estado precedida de un análisis exhaustivo por parte de las autoridades españolas, en base no solo al cumplimiento de la legislación vigente, sino también a elementos tan importantes como asegurar el interés nacional en materia de Defensa y el papel estratégico de las infraestructuras de telecomunicaciones de Telefónica. Es importante señalar que se han puesto medidas y condiciones, que han sido aceptadas de manera voluntaria por la empresa saudí", explicó Cuerpo.

Cuáles son esas "medidas y condiciones" que STC se ha comprometido a respetar, y que pueden haber desbloqueado el proceso, es la gran incógnita, junto a los planes de la compañía saudí a partir de ahora. Son cuestiones que incluso el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, afirmó desconocer este jueves: "Estamos a la espera de conocer los detalles de la decisión del Consejo de Ministros. STC no nos ha manifestado nada nuevo desde el año pasado, cuando comunicó su participación en Telefónica, y por lo tanto no puedo darles más noticias al respecto sobre sus intereses. En todo caso, una de las grandes fortalezas que tiene Telefónica son sus accionistas, grandes y pequeños, que dan estabilidad y apoyo a la operadora y reflejan la confianza de los inversores en la estrategia de Telefónica".

Con todo, para Sumar ese compromiso por parte de los saudíes no parece suficiente. El portavoz económico del partido, Carlos Martín, expresó su rechazo a través de las redes sociales, en las que escribió que "esta operación podría afectar a la seguridad y autonomía estratégica de nuestro país". STC, por su parte, destacó en un comunicado que "haber obtenido las aprobaciones requeridas por el Consejo de Ministros de España refleja el papel de la compañía como un socio estratégico para Telefónica a largo plazo. Aunque puso el foco también en el siguiente tema que deberá resolverse, señalando que ahora tienen "el derecho a nombrar un representante en el consejo de administración de Telefónica".