Desconfianza en el sector de la construcción ante la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner en marcha una empresa pública para construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado (AGE).

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) rechazan la idea y señalan que el Gobierno se equivoca en su diagnóstico. De esta forma, la organización empresarial que aglutina a las diferentes empresas del sector pone en entredicho la viabilidad de la idea de Sánchez. Para "ser efectiva" en el corto plazo, opinan que dicha entidad "debería sobredimensionare", con la complejidad burocrática y de recursos que eso supondría. Además, a medio plazo señalan que podría "resultar inviable".

Por contra, la organización empresarial que preside Pedro Fernández-Alén centra la atención en la escasez de oferta y en la sensación de inseguridad jurídica que está percibiendo el sector y los inversores. Entre otras cosas, por los últimos cambios normativos implementados tras la aprobación de la Ley de Vivienda la pasada legislatura o por la falta de una ley del Suelo que Moncloa tuvo que retirar in extremis el pasado mes de mayo para evitarse una derrota parlamentaria.

De su desbloqueo, dicen en CNC, depende que cambie esa sensación sobre la seguridad jurídica del sector, a la que se une un complejo ordenamiento jurídico que hace recaer sobre sobre las Comunidades Autónomas las competencias en la materia. "No necesitamos una empresa pública, sino acabar con la inseguridad jurídica para aumentar la oferta, agilizar los trámites, optimizar esfuerzos, acortar los plazos de actuación y trabajar de una manera unida y coordinada, alejada del ruido político", afirma Fernández Alén.

En este sentido, la patronal considera que una gran empresa pública no resolverá los problemas de vivienda que arrastra el país. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que la nueva empresa pública servirá para "combatir" a aquellas comunidades que no cumplen con la Ley de Vivienda.

Pocos más detalles se conocen del anuncio realizado por Sánchez en su discurso de cierre del 41º Congreso Federal del PSOE celebrado el pasado domingo en Sevilla. Así que fuentes del sector consultadas por El Independiente muestran sus reservas sobre la idea. Esperan, en todo caso, que no consista en crear una nueva Tragsa, la empresa pública de la SEPI catalogada como medio propio al que puede recurrir la Administración para llevar a cabo distintos trabajos.

Aunque suele ser para el medio rural y para asuntos de carácter medioambiental, cada vez se recurre más a ella para otros cometidos relacionados con la construcción, pero sin tener que pasar por el filtro del sistema público de contratación. El informe de supervisión de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) sitúa a la compañía pública la primera de su lista, con 547 contratos directos (un 19,73% del total) por 668 millones sin IVA (un 25,4%).

Reforzar la colaboración público-privada

Desde CNC consideran que la puesta en marcha de una entidad pública como la que parece tener en mente el jefe del Ejecutivo podría tener posibles efectos colaterales de otorgarle labores como la promoción y la construcción de inmuebles. Frente a ello, consideran que esas funciones las puede ejecutar "más ágilmente el tejido productivo a través de figuras de colaboración público privada".

De hecho, piden reforzar y potenciar esta última, pues consideran que permite a comunidades autónomas y ayuntamientos "aprovechar la capacidad, experiencia y dinamismo de las empresas para ofrecer servicios, también de gestión, que sin ellas no serían factibles desde el punto de vista presupuestario".

Otra opción de Moncloa sería potenciar la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para llevar a cabo la propuesta de Sánchez. Según sus estatutos, podría llevar a cabo actividades de construcción, arrendamiento y enajenación de edificaciones de cualquier uso.

La patronal de la construcción, por su parte, presume de que España tiene empresas líderes a nivel mundial "sobradamente capacitadas para levantar las 220.000 viviendas anuales" que serían necesarias de forma urgente para solucionar parte de los problemas del mercado, en base a sus cálculos. La velocidad de crucero ideal de construcción la sitúan en las 150.000 unidades.

Suspender la venta de la promotora de Sareb

Por su parte, Sumar ha pedido al Gobierno la suspensión inmediata del proceso de venta de Árqura Homes, la promotora de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). La formación de la vicepresidenta Yolanda Díaz demanda que su parque de viviendas (16.000 unidades) pasen a titularidad pública.

Precisamente, la formación quiere un cambio normativo de la entidad creada en 2012 para que se convierta en una promotora pública de vivienda a precio asequible, especialmente para el régimen de alquiler. En este sentido, una proposición no de ley (PNL) registrada en el Congreso pide destinar las 24.617 parcelas de la Sareb a la construcción de 15.000 nuevas viviendas públicas, con prioridad para las comunidades donde hay un mayor incremento del precio de alquiler y del suelo urbanizable.

También del lado político, desde el Partido Popular acusan a Sánchez de haber soltado una "bomba de humo" con su propuesta en materia de vivienda. La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, desdeña la empresa pública anunciada por el jefe del Ejecutivo y le acusa de no haber levantado aún las 183.000 viviendas que prometió poner en marcha.