Glovo ha cedido. Después de años operando con repartidores autónomos, este lunes la compañía ha anunciado que cambiará su modelo en España y pasará a contratar a los llamados 'riders'. Ha sido una batalla larga, que se inició hace años en nuestro país y se ha acabado extendiendo por Europa. Pero hasta ahora la compañía siempre había defendido con uñas y dientes su postura.

"Damos la bienvenida a Glovo al cumplimiento de la ley", ironiza Raúl Olmos, adjunto a la secretaría de Acción Sindical y Empleo de CCOO. "Desde que se aprobó la 'ley rider' en 2021 Glovo ha sido la empresa más beligerante, a pesar de todas las advertencias de Inspección de Trabajo y las denuncias de los sindicatos. Pero la normativa es muy clara, y le obliga a reconocer la relación laboral con sus trabajadores y a darlos de alta. Lo que han hecho estos años ha sido un absoluto escándalo. No puede ser que estas empresas tecnológicas, basadas en la innovación, utilicen prácticas de explotación como las del siglo XIX", añade.

Olmos relaciona el anuncio directamente con lo que va a suceder este martes. Y es que la noticia ha saltado justo el día antes de que el CEO de Glovo, Óscar Pierre, declare como investigado en fase de instrucción por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores ante el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona. Basándose en las investigaciones de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía acusa a la empresa de Pierre de posibles fraudes en la contratación, entre los que está suprimir los derechos de los empleados por la condición de falsos autónomos.

Fernando García, coordinador de plataformas digitales de UGT y presidente del comité de empresa de Glovo, cuenta que cuando se aprobó la 'ley rider' las empresas del sector reaccionaron de formas distintas. Glovo, ya lo hemos visto, decidió pelear. Just Eat y Amazon acataron la normativa, aunque la segunda fue condenada varias veces en el proceso. Y algunas tomaron finalmente la decisión de marcharse del país, como Deliveroo, Getir, Gorillas o Stuart, que hace poco ha tenido un juicio precisamente por este tema y aún tiene pendiente negociar un ERE.

Y luego está Uber Eats, que ha pasado, según Fernando García, por tres etapas distintas: "Al principio sus trabajadores eran 'falsos autónomos'. Luego llegó la 'ley rider' y la empresa comenzó a subcontratar a sus empleados para cumplirla. Pero a los pocos meses Uber se dio cuenta de que Glovo no iba a cambiar su modelo para cumplir la ley, así que se quejaron por competencia desleal y volvieron a contratar a gente como 'falsos autónomos'. Desde entonces han tenido un modelo mixto: tienen algunos autónomos y algunos subcontratados. No comparten datos, pero mi sensación es que deben estar en un 50%-50%". Este periódico se ha puesto en contacto con Uber, que ha declinado hacer declaraciones sobre su postura.

"No sé si Uber cambiará su modelo, pero le conviene valorarlo porque ahora todos los focos y esfuerzos tanto de los sindicatos como de Inspección de Trabajo van a estar sobre ellos", agrega Olmos. En cualquier caso, Bernardo García, abogado de UGT, se muestra convencido de que el giro de Glovo a su política de contratación es un "antes y después": "Este es el primer paso para eliminar por completo esta clase de modelo. Glovo ha sido la empresa más rebelde, y la que más ventajas había obtenido con los 'falsos autónomos'. Estaban asumiendo multas millonarias a costa de la explotación de sus repartidores, porque su modelo de negocio era viable precisamente por eso. Ahora tendrán en competir en condiciones más equilibradas".

Una batalla que arrancó en España

El pasado 14 de octubre la Unión Europea dio luz verde a la nueva 'ley rider' continental, que bebe directamente de la que aprobó España en 2021. "Podemos estar orgullosos, porque en todo el mundo nos reconocen que hemos liderado la batalla. Europa nos ha copiado la ley, pero ampliándola para recoger más casos. Y ha sido algo muy importante para el paso atrás de Glovo, porque estas empresas no va a cambiar su modelo por tener problemas en un país, pero sí pueden hacerlo si ven que pueden tener dificultades en toda Europa", recalca Fernando García.

Bernardo García apunta que el plazo de transposición de la ley es de dos años, pero coincide en señalar que Glovo ya ha visto que "su sistema es insostenible en Europa" con esta nueva normativa. Aún así, le sorprende que la compañía haya tardado tanto en dar el paso. En ese sentido, recuerda que en 2020 el Tribunal Supremo ya condenó a Glovo por los 'falsos autónomos', aunque admite que en estos cuatro años ha habido otros aspectos clave, como la reforma del estatuto de los trabajadores de 2021 o la reforma del Código Penal de 2023, que han ido arrinconando a la empresa.

Con todo, las fuentes sindicales coinciden en señalar que aún les queda trabajo. "Los riders no tienen unas condiciones de trabajo óptimas, pero el primer paso es que estas empresas no basen sus negocios en hacer trampas. Just Eat, por ejemplo, les ofrece a sus empleados conficiones bastante mejorables, pero al menos cumplen la ley. Ahora queda por ver qué convenios colectivos se pueden aplicar a estos trabajadores, que será una pelea, y hacer que se reconozca su derecho a organizarse sindicalmente", resume Olmos.

"Hay que ver cómo aterrizamos todo esto, porque no está claro qué convenios se les puede aplicar a estos trabajadores, a quién se contratará, con qué condiciones... Ni tampoco qué hará Glovo con las cuentas que algunas personas alquilaban para explotar a migrantes sin permisos de trabajo", afirma Fernando García, antes de comentar lo que, para él es el gran problema a resolver: "Hay muchas plataformas digitales que ofrecen de todo, desde cuidadoras, a limpiadoras domésticas, traductores... Y todos son 'falsos autónomos', aunque no lleven una mochila fosforescente y vayan por las calles, así que es más complicado ayudarles".

El impacto del cambio de modelo, en cifras

La plataforma alemana Delivery Hero, propietaria de Glovo, calcula que este cambio tendrá un impacto de unos 100 millones de euros en su resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado para el ejercicio fiscal 2025, aunque sostienen que a pesar de ello el Ebitda será positivo el año que viene. En paralelo, la empresa germana espera aumentar el importe de las contingencias reservadas a cubrir las cotizaciones a la seguridad social, multas, reclamaciones de IVA y otros cargos por pagos (pasará de ser de entre 330 y 550 millones a estar en un rango de entre 440 y 770 millones en 2024).

Glovo implementará esta cambio de modelo en las más de 900 ciudades en las que opera en España. Según ha explicado, el objetivo es, precisamente, "evitar mayores incertidumbres legales que conduzcan a un aumento de contingencias". "Menos mal que decían que este modelo no era por ahorrarse dinero y no estaba impactando en su cuenta de resultados, porque se estaban ahorrando 100 millones", desliza Olmos.

La propia compañía asegura que tiene alrededor de 15.000 repartidores actualmente. Pero Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, fue más lejos este lunes, señalando que "Glovo va a regularizar a mas de 60.000 repartidores en España" y destacando que se trata del "movimiento afiliativo más importante de la historia de nuestro país realizado por la Inspección de Trabajo", cifrando el potencial de su recaudación en 267 millones de euros, a lo que se suma "aparte, el coste de las sanciones".

Por si fuera poco, Just Eat España acaba de anunciar que el pasado 29 de noviembre presentó una demanda contra Glovo por competencia desleal con estos 'falsos autónomos'. Según sus cuentas, Glovo se habría ahorrado más de 645 millones de euros en los últimos años, algo que le ha permitido adquirir una ventaja competitiva respecto a su competencia. Por ello, Just Eat le reclama 295 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. 

En paralelo, la compañía ha asegurado que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para que el proceso cuente con todas las garantías y el cambio de operativa se desarrolle con consenso. Esas conversaciones, según Glovo, estarán abiertas para que el resto de empresas de la competencia puedan sumarse a los acuerdos alcanzados. Sin embargo, en el momento de escribir estas líneas ni CCOO ni UGT han recibido notificación alguna para sentarse a negociar.