La renovación Muface mantiene en vilo a los 1,5 millones de funcionarios y familiares de estos que se benefician de la posibilidad de recibir atención sanitaria por aseguradoras privadas en base a un concierto con el Estado. Tras quedar desierta la primera licitación por falta de interés de las compañías en los términos económicos ofrecidos por el Gobierno, ahora se está preparando el diseño de una segunda licitación para 2025-2026 que pueda convencerlas.

Las aseguradoras ya han trasladado propuestas al departamento de Función Pública que dirige el ministro Óscar López. La más concreta ha sido DKV, que ha pedido que el Estado aumente en un 40,6% la dotación del contrato para seguir prestando servicios. Es lo mismo que reclamaba antes de rechazar presentarse a la licitación convocada hace unas semanas.

Mientras tanto, las otras dos prestatarias del servicio, Asisa y SegurCaixa Adeslas, han respondido a la consulta de mercado puesta en marcha por Muface para conocer sus posiciones. Ambas dejaron desierto el contrato pese a la subida histórica ofrecida de las primas del 17,12%. Asisa se ha limitado a trasladar al Gobierno los costes que ha calculado para los diferentes tramos de edad de los mutualistas. Ninguna de las dos han hecho propuestas concretas de subida como DKV.

A partir de ahora, indican fuentes de Muface a El Independiente, el organismo va a elaborar un informe final con lo aportado por las aseguradoras, a las que todavía puede requerir más información. Dicho texto se hará público en el Portal de Contratación del Estado, donde se podrá consultar el expediente de licitación. A partir de ahí, los plazos se desconocen, por lo que la incertidumbre es creciente.

En principio, la fecha límite de la prestación del servicio para los mutualistas termina el próximo 31 de enero. El Gobierno, en cambio, considera que la Ley de Contratación Pública le permite dictar una prórroga obligatoria del contrato que mantendría la prestación otros nueve meses más en las mismas condiciones. Y eso podría dar pie a un choque legal entre las partes que no facilitaría las cosas.

Retrasando citas

Mientras tanto, los funcionarios están en pie de guerra por la continuidad de un concierto al que otras aseguradoras como Mapfre, Sanitas o Caser renunciaron hace tiempo. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la situación de cientos de mutualistas, que estarían viendo cómo algunas de sus citas médicas e intervenciones se están anulando, retrasando o suspendiendo debido al contexto de incertidumbre.

Este mismo lunes, CSIF presentará una denuncia ante el Defensor del Pueblo para trasladarle que los mutualistas y beneficiarios "ven amenazado su derecho a la protección de la salud y su asistencia médica en las condiciones legalmente establecidas".

Unas condiciones de las que no es partidario, por su parte, la titular del Ministerio de Sanidad, Mónica García (Sumar). Su departamento ha elaborado un informe sobre lo que supondría para el Sistema Nacional de Salud asumir la carga asistencial de los funcionarios protegidos actualmente por Muface. El texto ve viable el trasvase de mutualistas y defiende que "el modelo Muface en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cápita".

En paralelo a eso, una decena de organizaciones sindicales del sector público lideradas por CCOO y UGT han convocado movilizaciones el 11 de diciembre para reclamar al Gobierno y a Muface la suscripción de un nuevo convenio sanitario con las aseguradoras privadas antes de que pierda vigencia el actual.

"Deploramos la actitud tomada por las aseguradoras mandando escritos a los mutualistas", expresan en un comunicado, al tiempo que reprochan que se esté usando a los mutualistas "como rehenes en una negociación descarnada".