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Producirla es cada vez más barato, pagarla no tanto. Lo que podría ser una ventaja inicial termina por no serlo. El precio de la electricidad en nuestro país se sitúa entre los más económicos de Europa, pero las facturas que se pagan por ella no lo reflejan, no al menos en su montante final. Junto a al coste de producción real se suma un rosario de conceptos añadidos en forma de tributos y gravámenes que hacen que los consumidores, los domésticos y los grandes consumidores industriales no lo aprecien. Los primeros constatan que sus facturas no paran de crecer –y lo volverán a hacer en 2025- y los segundos, lamentan que lo que de partida podría ser una ventaja para competir en el mercado internacional o para aliviar los gastos ordinarios de un hogar termina por diluirse por el camino.

Esta semana la electricidad se ha sumido en otro torbellino de encarecimiento… tributario. La pervivencia o no del llamado ‘Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica’ (IVPEE) se ha debatido en el Congreso de los Diputados. Se trata de un impuesto que grava el 7% de la producción de electricidad y que las compañías energéticas posteriormente cargan a sus clientes, los domésticos, las pymes y las grandes industrias. A todas por igual.

Se trata de un impuesto que nació en 2012 para hacer frente al llamado ‘déficit tarifario’ –la diferencia entre el coste de producir la electricidad y lo que se paga por ella- y que se rebajó al 0% en tiempos de crisis energética, tras la guerra de Ucrania, cuando el precio del MWh superó los 100 euros. No ha sido hasta este año cuando se ha recuperado de modo progresivo, al 3,5% durante el primer trimestre del año hasta recuperar el 7% a partir de julio.

PP, Junts, PNV, ERC y Vox quieren dejarlo en suspenso, situarlo en un 0% siempre que exista superávit energético, como afirman que ocurre ahora. El gobierno, en cambio, necesitado de ingresos para soportar su proyecto de presupuestos generales del Estado, no está dispuesto a renunciar a ese 7% de impuesto a la electricidad, que puede suponer ingresos para las arcas del estado de algo más de 1.100 millones de euros al año. Por ahora, se logró aprobar que se dejará en suspenso, pero la medida debe aún ser ratificada en lo que le resta de tramitación parlamentaria. El Ejecutivo de Sánchez ha anunciado que intentará revertir o frenar la decisión.

Un incremento del 16 el MWh en 2025

Entretanto, las compañías energéticas que producen la electricidad y los consumidores, especialmente los grandes consumidores industriales, lamentan que se vuelva a poner el foco en la energía. Subrayan que se quiere exprimir una vez más como fuente de ingresos tributarios. El descenso en el precio eléctrico que se produjo hace meses comenzó a revertir a mediados de año y ya se augura una subida en el precio de la energía para 2025.

Suspender ese 7% que grava el IVPEE permitiría compensarlo. Si al cierre de este año la electricidad se pagará a 62 euros el MWh, las negociaciones de compra para el próximo año ya lo elevan a 72 euros el MWh, es decir diez euros más (un 16% más). Aplicar o no la suspensión de ese impuesto aprobado por ahora provisionalmente en el Congreso –a falta de su tramitación completa- tendría un efecto nada desdeñable: pagar en cada factura 5 euros más o 5 euros menos por cada MWh que se consuman. “Serían cinco euros de competitividad que perderíamos”, asegura Pedro González, presidente de la Asociación de Empresas con gran Consumo de Energía (AEGE).

Esta asociación que agrupa a las llamadas industrias ‘electrointensivas’, por su alto consumo energético, aseguran que detrás de estas decisiones lo que está en juego es la capacidad para competir de uno de los pilares de la economía española. Hacer que paguen la electricidad que consumen un 7% más cara tiene un impacto directo en su actividad: “Tenemos que tener en cuenta que cuando miramos a nuestro alrededor nadie, salvo Portugal, tiene un impuesto así”.

González asegura que no tiene mucho sentido compensar a estas industrias el pago de los llamados ‘cargos’ para luego aplicarles un precio de la electricidad con un sobrecoste impositivo del 7%, “lo que hace que al final, de algún modo, sí estemos pagando esos cargos”. Recuerda que de las facturas eléctricas que pagan las electrointensivas “el 40% son impuestos, tienen relación con la fiscalidad y la parafiscalidad”: “Por tanto, la ventaja inicial de producir energía barata que tenemos en España se acaba evaporando”.

"Va en contra de la electrificación"

En esa parte de la factura recuerda que se incluye un cúmulo de conceptos que van más allá de la electricidad: el 7% del IVPEE, parte del impacto de los derechos de CO2, la contribución al fondo nacional de eficiencia energética, los sobrecostes de las renovables, el déficit del pasado, los costes extras de las extrapeninsulares, las tasas municipales… Apunta que con las compensaciones que se les aplica puede reducirse a un 30% pero sigue siendo un lastre muy importante para competir: “Todo ello lleva a que en muchos casos las industrias puedan consumir menos electricidad por su coste final y, en definitiva, suponga una pérdida de actividad industrial”.

Quienes producen la energía tampoco entienden cómo se quiere seguir apretando a un sector que se encuentra inmerso en un proceso de descarbonización e inversiones que el propio Gobierno dice priorizar. La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), de la que forman parte Iberdrola, EDP y Endesa, considera que si se continúa con la aplicación de este impuesto “se está, de algún modo, penalizando el consumo de una energía limpia basada en fuentes renovables”, asegura Marta Castro, directora de regulación de Aelec: “Esto va en contra del principal objetivo que tenemos como país: la electrificación y la descarbonización de la economía”.

Señala que la capacidad de atracción de inversiones e industria a nuestro país, gracias a los precios competitivos con los que se produce la energía, queda lastrada si se le aplica un gravamen que lo incrementa en un 7%: “En cambio, eliminarlo supondría ganar en competitividad. Además, hablamos de un impuesto discriminatorio porque no existe nada igual en la UE”. Casto no comprende cómo se castiga el gran esfuerzo realizado por el sector para lograr una producción energética a precios muy competitivos, “algo que se ha logrado”, con precios entre un 20 y 30% más económicos que la media europea, “y ahora se quiera volver a aplicar este 7% añadido”.

La medida de suspensión al 0% mientras no exista déficit tarifario, y que el Ejecutivo quiere revertir, llega en pleno debate sobre el futuro de otra importante carga impositiva sobre el sector: el impuesto a los ingresos de las energéticas. La continuidad de este gravamen, prometida por el Gobierno a Podemos y Sumar, y comprometida para su eliminación a PNV y Junts, debería ser plasmada en un nuevo decreto ley –su vigencia vence el 31 de diciembre- y convalidada por el Congreso antes de mediados de febrero de 2025.

Sin impacto en el consumidor

Castro señala que se deben promover medidas que contribuyan a seguir avanzando en la carrera por las renovables. Reducir carga impositiva contribuiría a ello, apunta, “y nos permitiría además incrementar las exportaciones de nuestra energía, estaríamos evitando vertidos y se impulsarían más inversiones en energías renovables. Si se hace un análisis de beneficio-coste de suspender o no del impuesto, está claro”.

Lamenta que también se utilicen impuestos como el IVA para sobrecargar a un sector que ya ve muy castigado por la política fiscal que se le aplica. Recuerda que aplicar el porcentaje de IVA en función del precio al que esté la energía en cada momento, entre el 21% cuando está barata y un 10% cuando está cara, “lleva a que el consumidor final nunca se vea realmente beneficiado de la reducción de precios que estamos logrando gracias a las energías renovables”. Un consumidor doméstico dedica entre el 25 y 30% de su factura eléctrica al pago de impuestos. “Creo que al consumidor no se le están dando las señales adecuadas. Si gravas la electrificación de la economía, el mensaje es que electrificarse no es competitivo ni barato”.

La experta de AELEC subraya que es necesario encontrar un equilibrio adecuado entre la fiscalidad energética y los objetivos de descarbonización si no se quiere lastrar un sector que está “haciéndolo bien”: “Tenemos una energía mucho más competitiva, un sistema eléctrico fiable y envidiable que hace que en Europa muchas empresas quieran instalarse aquí. Penalizarnos de esta manera resta crecimiento económico”.