El Consejo de Ministros ha autorizado una nueva licitación del concierto de Muface. Tras quedar desierto el anterior concurso, el Gobierno ofrece a las aseguradoras una subida del 33,5% respecto al actual programa de asistencia sanitaria del que se benefician cerca de 1,5 millones de funcionarios y sus familias.

Según ha explicado Pilar Alegría, son 957 millones de euros más con los que pretende atraer el interés de las compañías privadas como Adeslas, Asisa y DKV, que declinaron acudir a la anterior licitación donde ya ofrecía un alza histórica del 17% en las primas.

El coste por año será de 1.303 millones de euros en 2025, 1.490 millones euros en 2026, y 1.685 millones de euros en 2027. El Ejecutivo pone encima de la mesa una "mejora de las condiciones ofrecidas a las aseguradoras" con un plan que contempla destinar un total de 4.478 millones de euros, lo que supone el citado aumento de la prima del 33,5%.

Con esta nueva dotación propuesta por el Gobierno, la prima subirá un 19,37% en 2025; un 7,25% en 2026 y un 4,32% en 2027, con un aumento acumulado en tres años del 33,5%. La prima media por mutualista al año pasará de 1.032,12 euros en la actualidad a 1.262,28 en 2027.

Para preparar la nueva licitación, Muface convocó consultas preliminares de mercado, para que las aseguradoras justificaran cómo fijan sus precios. Según Función Pública, atendiendo a sus aportaciones, "se ha incorporado una novedad al convenio, cambiando la fórmula de cálculo de la prima". Ahora se pasa de una prima lineal a una incremental en función de los tramos de edad, de manera que se pague más por asegurar a los colectivos de más edad, y menos por los más jóvenes.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado es un modelo al que se pueden acoger los trabajadores públicos. En Muface, el 65% son docentes de primaria, secundaria y universitarios y un 17% pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado.

La primera propuesta del departamento de Función Pública que dirige Óscar López no colmó las expectativas de las aseguradoras. Y tras no acudir a la licitación, la incertidumbre sobre el futuro del concierto ha provocado el nerviosismo entre el colectivo de funcionarios. Si no se renueva el contrato, podrían tener que ser asistidos por los servicios públicos de salud de cada Comunidad Autónoma.

Este mismo fin de semana, miles de trabajadores públicos salieron a la calle para exigir al Gobierno que ofreciese condiciones atractivas a las aseguradoras para garantizar la continuidad del programa de asistencia sanitaria. Según el Gobierno, hasta que se adjudique el nuevo concierto, los mutualistas tendrán garantizada su asistencia sanitaria en las condiciones actuales, en virtud del mecanismo de orden de continuidad de los servicios que contempla el artículo 288 a) de la Ley de Contratos del Sector Público.

Dentro del Gobierno existe división de posturas, puesto que la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), ha encargado un informe que defiende que el trasvase de la asistencia privada a la pública de los funcionarios sería asumible por el Sistema Nacional de Salud (SNS).