El Gobierno ha acordado este miércoles con Esquerra Republicana (ERC), Bildu y BNG que antes de fin de año prorrogará el gravamen a las empresas energéticas antes de terminar el año, pues todos coinciden en que es la única vía posible para garantizar su entrada en vigor el 1 de enero de 2025, cuando caduca el que está vigente.

Es el resultado de la reunión que el Ejecutivo ha mantenido con estos grupos, a la que también estaban invitados Podemos, Junts y PNV pero no han asistido. Y precisamente el voto de estas formaciones es imprescindible para poder convalidar en el Congreso el decreto ley que apruebe el Gobierno.

La oferta del Ministerio de Hacienda es garantizar que el decreto ley se tramite después como un proyecto de ley y así poder convertir el gravamen en un impuesto, pues no se pueden crear tributos mediante la figura del decreto.

Con esa futura tramitación como proyecto, el Ejecutivo quiere lograr atraer los apoyos de formaciones como Podemos, que es reacio al gravamen temporal porque quiere un impuesto permanente, y del PNV, que siempre ha dicho que está en contra del actual formato de prestación de carácter no tributario porque no lo puede recaudar las haciendas forales, pero no ve con malos ojos crear una figura tributaria que sí pueden gestionar Euskadi y Navarra.

En el diseño del texto se incluirán las bonificaciones a proyectos renovables propuestas por grupos como PNV, con la idea de lograr un "acuerdo amplio y equilibrado" entre todas las fuerzas políticas necesarias para su aprobación.

Las formaciones que han firmado esto con el Gobierno dan por cumplido el acuerdo alcanzado el pasado 18 de noviembre para precisamente esto, aprobar un decreto que prorrogue el gravamen.

Hay que esperar a la reforma fiscal

Pero esta promesa podría no llegar a puerto por una enmienda que el PP ha introducido en el Senado y se vota el jueves en el Congreso para derogar la base legal del gravamen temporal a las energéticas que se aprobó en una ley a finales de 2022 y que desde entonces se viene prorrogando.

Si esa enmienda prospera con un apoyo puntual de PNV o Junts, que ya no quieren prorrogar la tasa, implicaría que el Gobierno tendría que renunciar a la fórmula del decreto y empezar de cero con un proyecto de ley que, como pronto, tendría que empezar a tramitarse el año que viene.