Los funcionarios que lo deseen, podrán acogerse a la jubilación parcial. Esto es lo que han firmado este miércoles Óscar López, ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, y los sindicatos CCOO y UGT.

La firma, recuerdan fuentes sindicales, llega después de dos años de negociaciones y se enmarca dentro de lo que se conoce como Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, un pacto sellado por los mismos protagonistas en 2022 que busca mejorar las condiciones de los trabajadores públicos y suprimir algunas de las medidas puestas en marcha en 2012 por el PP en el contexto de la crisis económica.

Este sirvió, por ejemplo, para subir el salario de los funcionarios un 3,5% en 2022 y para aplicar otra subida del 2,5% en 2023. A esta subida se sumaron otros dos aumentos del 0,5% para compensar la inflación y por la subida del PIB nominal.

Pero este acuerdo marco incluía también, entre otras medias, la potencial recuperación de la jubilación parcial. "Hasta ahora, el personal funcionario y estatutario era el único colectivo de personas trabajadoras en España que no podía acceder a la jubilación parcial, a pesar de cotizar igual que el resto", explican desde CCOO en un comunicado.

Y añaden: "Este acuerdo corrige una injusticia histórica, derivada de los recortes aprobados en 2012 por el Gobierno del Partido Popular, y amplía las opciones de jubilación de estos trabajadores y trabajadoras, que ahora podrán decidir cómo desvincularse de la Administración Pública en función de su edad y de sus circunstancias personales".

El acuerdo afecta a las y los funcionarios de todas las Administraciones Públicas (Régimen General de la Seguridad Social y Clases Pasivas) y al personal estatutario de los Servicios Públicos de Salud. El personal laboral de las Administraciones Públicas no se incluye en este acuerdo, explican desde los sindicatos, porque ya podía acogerse a la jubilación parcial, siempre que estuviera negociada en su convenio colectivo.

Por otra parte, un aspecto subrayado por los firmantes es que quien sustituya a quien se jubile parcialmente será siempre personal funcionario de carrera o estatutario fijo. Esto quiere decir que las plazas necesarias para cubrir las jubilaciones parciales estarán garantizadas en las Ofertas de Empleo Público del mismo año. "Este aspecto ayudará a reducir la precariedad en las Administraciones y evitará que se generen nuevas bolsas de temporalidad injustificadas", comentan desde CCOO.

"Es un acuerdo histórico para los empleados y empleadas públicos de nuestro país. Viene a restituir el derecho que se nos arrebató en 2012 para poder jubilarnos parcialmente. Recoge las modalidades con contrato de relevo y sin él. Contribuye al rejuvenecimiento de las plantillas en las administraciones y va a generar empleo fijo y de calidad", ha ponderado Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos.

Ahora, es el turno del Gobierno. Aunque desde CCOO y UGT urgen al Ejecutivo a que ponga en marcha la medida firmada lo antes posible, para ello este tendrá que modificar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), añadiendo una disposición específica sobre jubilación parcial. Además, deberá hacer cambios en la Ley General de la Seguridad Social, que regulará la edad, cotización y reducción de jornada. Finalmente, también deberá sacar adelante cambios en la Ley de Clases Pasivas para incluir esta modalidad de jubilación.