El dictamen del Banco Central Europeo (BCE) sobre el nuevo impuesto a la banca pone el foco en el carácter progresivo con el que el Gobierno ha concebido la nueva versión del tipo impositivo. En opinión de la entidad que dirige Christine Lagarde, el nuevo gravamen perjudica la capacidad de la banca de reforzar su solvencia. "En períodos de alta rentabilidad, la deducción no funcionaría y, por tanto, el impuesto limitaría la capacidad de acumular colchones frente a futuras perturbaciones negativas", explica el texto.

Además, se alinea con lo ya expresado por el Banco de España y dice que "el importe del impuesto puede no ser plenamente proporcional a la rentabilidad de una entidad de crédito y a su capacidad de generación de capital". Por eso, cree que aplicar diferentes tipos impositivos a las entidades agrava el riesgo de que las compañías con posiciones de solvencia bajas o con dificultades puedan "reducir su capacidad de absorber posibles riesgos a la baja de una desaceleración económica". 

Y ese riesgo, añade, se puede ver agravado por el carácter progresivo del tipo impositivo aplicable a medida que aumenta la base liquidable. Para conseguir el apoyo de las fuerzas políticas, el Ejecutivo decidió imponer diferentes grados de gravamen en función del tamaño de la base imponible.

Por otro lado, el dictamen firmado por la propia Lagarde considera que la deducción planteada sobre el Impuesto de Sociedades no tiene en cuenta los gastos operativos ni el coste del riesgo de crédito, por lo que entiende que "el impuesto puede no ser plenamente proporcional a la rentabilidad y generación de capital".

"Esto podría dar lugar a una situación en la que determinadas entidades de crédito con menor rentabilidad neta (o incluso con pérdidas tras la deducción de las pérdidas crediticias) acaben pagando un impuesto a un tipo efectivo más elevado, ya que la hipótesis implícita en el cálculo del gravamen de que las entidades de crédito con una base liquidable mayor tienen beneficios netos superiores no siempre es el caso", destaca el texto.

El carácter progresivo del nuevo impuesto ha sido una de las principales críticas expresadas desde las entidades tras conocer las intenciones del Gobierno. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, llegó a ironizar hace unas semanas con que el nuevo impuesto podría denominarse la 'tasa CaixaBank', debido a que la compañía nacida de la fusión entre La Caixa y Bankia sería una de las más perjudicadas.

"Lo que me parece más grave es que consagra y exagera la discriminación entre entidades. Es un impuesto progresivo, algo en lo que creo en las personas físicas, pero en las jurídicas es un concepto que se me escapa. Se está gravando según el tamaño y nosotros somos la entidad financiera más grande en España, por lo tanto seremos los que más paguemos. Se le podría llamar la tasa Caixabank", aseveró en la última presentación de resultados.

Asimismo, el nuevo gobernador del Banco de España, el exministro José Luis Escrivá, también ha puesto el foco en ese carácter progresivo. "No es fácil de entender por qué el impuesto tiene que ser progresivo en función del tamaño de las entidades, tampoco es fácil de entender por qué opera sobre el margen de intermediación y un banco que decida ser muy ambicioso en una política de inversión se vea penalizado frente al que no lo es", dijo hace unos días durante la Convención Anual Financiera de 2024 de la Asociación de Mercados Financieros (AMF).

El BCE, por su parte, añade que el impuesto es discriminatorio no solo respecto a otros países sino respecto a las mismas entidades en función de su volumen de negocio. "Este impuesto, al igual que otros impuestos de este tipo en toda la Unión, puede dar lugar a la fragmentación del sistema financiero europeo y menoscabar la igualdad de condiciones en la unión bancaria. Asimismo, la aplicación de una escala progresiva puede dar lugar a asimetrías competitivas en función del tamaño de los bancos", concluye.

Desde la perspectiva de la política monetaria, el BCE considera que se debe velar para que las medidas que se adopten no obstaculicen la capacidad de las entidades para mantener bases de capital sólidas y provisiones adecuadas, y que, en última instancia, puedan transmitir las decisiones de tipos.