Unas tres horas. Esto es lo que ha dado de sí la primera reunión de la legislatura entre CSIF, el sindicato mayoritario entre las administraciones públicas, y el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, liderado por Óscar López. En el punto de mira, como objetivo principal, una subida salarial que tenga en cuenta la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores públicos durante los últimos tres años, que los propios sindicatos cifran en un 6%.

Para CSIF, es una línea roja: como mínimo, quieren recuperar el terreno perdido por la inflación. El sueldo de los funcionarios está contemplado en el Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI. Vigente para el periodo comprendido entre 2022 y 2024, le quedan tan solo un par de semanas de vida. Este trajo consigo una subida del 3,5% en 2022 y otra del 2,5% en 2023. A ello se sumaron otras dos subidas del 0,5%, una para compensar la inflación y otra por el aumento del PIB nominal.

Finalmente, se fijó para 2024 una subida del 2% que quedó aprobada en junio con efectos retroactivos desde el 1 de enero. De nuevo, a esta se le podía sumar otra del 0,5% si la subida del IPC entre los años 2022, 2023 y 2024 superaba el incremento salarial. Con una inflación que en verano de 2022 llegó a estar en dobles dígitos y que desde entonces ha estado recurrentemente por encima o cerca del 3%, esta última subida se aplicará desde este mismo mes de diciembre.

"Ahora lo que toca es hablar de subida salarial. Lo que se negocie tiene que partir de la base de que hemos perdido un 6% de poder adquisitivo. Como mínimo, nuestro objetivo es recuperar ese terreno en los próximos años", explican a El Independiente fuentes sindicales.

No es su único reclamo. Los sindicatos piden además la supresión de la tasa de reposición, que limita el número de funcionarios que se pueden sustituir en las administraciones públicas. Por ahora, el Gobierno se ha mostrado abierto a poner en marcha la medida y permitir que cada administración supla cuantas plazas estime necesario.

Finalmente, CSIF quiere poner encima de la mesa de negociación una asignación de fondos adicionales para la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas, la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra, la jornada laboral de 35 horas, una mejora de las condiciones de jubilación, la adecuación de los grupos profesionales y la actualización del estatuto básico que regula las condiciones de trabajo del empleo público, el TREBEP.

Sin embargo, para que todo esto vea la luz el Gobierno debe recoger todas estas medidas en unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Ejecutivo lleva tiempo negociando con los distintos partidos. Por ahora, no hay nada garantizado.

Esto inquieta a la parte social de la negociación: "Estamos muy preocupados por la debilidad parlamentaria del Gobierno, que hace que no haya PGE. Hablamos de temas son fundamentales para seguir reforzando los servicios públicos. Ya hubo un compromiso del anterior ministro [José Luis Escrivá, antecesor en el cargo de Óscar López] para eliminar la tasa de reposición. Lo incumplieron", comentan desde CSIF, antes de añadir: "Eso es fundamental para acabar con la temporalidad. También vamos a pedirle cuentas al Gobierno sobre la reducción de los interinos. Había compromiso para reducirlos al 8% a finales de este año, pero la EPA sale cada tres meses y la interinidad no baja del 20%. Es verdad que se han convocado muchos procesos selectivos, pero no tenemos constancia de un balance definitivo".

A pesar de su duración, esta primera reunión ha servido apenas como primera toma de contacto. Para mostrar su buena disposición, el Gobierno ha aprovechado el encuentro para presentar el acuerdo firmado el pasado miércoles con CCOO y UGT para que los funcionarios recuperen la jubilación parcial, un derecho perdido en mitad de los recortes de 2012. Como ocurre con el resto de pactos, este anda también pendiente de aprobación parlamentaria. En este caso, para que entrara en vigor habría que modificar tres leyes. "Hasta que no pase por mesa general de negociación, no tiene validez. La recuperación de la jubilación parcial es una reivindicación que viene realizando también CSIF desde hace tiempo. Queremos ver la letra pequeña, pero desde luego no nos vamos a oponer ha nada que suponga un avance".

Pero la evaluación de estos detalles tendrá que esperar, así como la negociación de las grandes cuestiones. El Gobierno ha emplazado a CSIF a mantener una nueva reunión en enero para entrar en materia, por ahora sin fecha concreta. Mientras, tratará de resolver su otro frente abierto con los funcionarios: Muface. Después de que hace algo más de un mes el concurso para prestar el servicio quedara desierto, el pasado martes el Consejo de Ministros aprobó un nuevo intento de seducir a las aseguradoras prestatarias del servicio. Esta, según detallaron fuentes de SegurCaixa Adeslas a El Independiente, mejora lo primero que el Gobierno puso sobre la mesa, pero está todavía varios puntos por debajo de la propuesta que las prestatarias han pasado a la Administración. Si el acuerdo no llega pronto, el Gobierno se puede encontrar con un mes de enero en el que se le habrán acumulado los deberes con los funcionarios.