Las tarifas de las autopistas con peajes de titularidad estatal bajo concesión administrativa subirán entre un 3,84% y el 5,45%, en función de las condiciones específicas de cada concesión. Así lo ha resuelto el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ha anunciado que los nuevos precios comenzarán a aplicarse a partir de mañana, 1 de enero del 2025.
La actualización de las tarifas que soportan los usuarios en la AP-51, AP- 61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46 se ha aprobado a través de una Orden Ministerial, a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.
Asimismo, las tarifas de las autopistas de peaje que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt), dependiente de este Ministerio, tendrán en 2025 una subida base del 2% para vehículos que no dispongan de Tag (dispositivo para el cobro electrónico del peaje) y un incremento medio ponderado del 5% incluyendo los vehículos con dispositivos de cobro electrónico. Esta diferencia, aclara Transportes, se justifica por el cumplimiento de la normativa europea en la materia para los vehículos que dispongan de Tag.
Gratuidad entre unas determinadas horas
Igualmente, se mantiene la gratuidad vigente en las autopistas de Seitt en el horario comprendido entre las 0:00 y las 6:00 horas, todos los días del año. En concreto, estas tarifas se aplicarán a partir del 1 de enero de 2025 a las autopistas de peaje que gestiona Seitt: R-3/R-5; R-2; R-4, M-12, AP-7 (Circunvalación de Alicante), AP- 7 (Cartagena-Vera), AP-36 (Ocaña-La Roda) y la AP-41 (Madrid-Toledo).
En el caso de las autopistas de peaje bajo concesión administrativa, el incremento autorizado responde, fundamentalmente, al crecimiento del índice de precios al consumo, tal como contempla la Ley, y a las medidas extraordinarias y temporales aprobadas a finales de 2022 para limitar el alza de los peajes al 4% en 2023.
Transportes recuerda que a finales de 2022 se habilitó una subvención para mitigar los efectos de la alta inflación, ya que se debería haber aplicado una subida de entre el 8,4% y el 9,5%, y se estableció la obligación de eliminar dicha subvención a finales de 2026, es decir, de irla repercutiendo al usuario de forma escalonada en el plazo de tres años. De no continuar en 2025 con las subvenciones ya previstas, el alza de los peajes habría oscilado entre el 5,98% y el 7,72%.
La aplicación de esta medida ha supuesto entre 2023 y 2024 un ahorro de unos 60 millones de euros a los usuarios, que han sido sufragados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de acuerdo con los cálculos de este departamento. El importe que representa la subvención en 2025 se estima en 22 millones de euros.
Adicionalmente a las medidas extraordinarias y temporales aprobadas, el Gobierno realiza una política de subvenciones a los peajes para reducir los costes que soportan los usuarios que utilizan estas vías de forma habitual. En algunos casos estas bonificaciones han sido concertadas con los gobiernos autonómicos, que contribuyen económicamente a la medida.
Esta política se suma a la ya existente en varias autopistas, como la AP-71, AP-46, AP-51, AP-61, AP-7 Málaga-Guadiaro y AP-7 Alicante-Cartagena, en la que se establecieron descuentos por habitualidad o tarifas reducidas en distintas franjas horarias desde su puesta en servicio, como un requisito para su contratación, al objeto de reducir los costes para los usuarios habituales, así como para contribuir a un uso más funcional y seguro de la Red de Carreteras del Estado en su conjunto.
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