Óscar López tiene sobre la mesa una crisis sin precedentes. Desde que asumió en septiembre la cartera del ministerio de Función Pública de manos del actual gobernador del Banco de España José Luis Escrivá, el incendio para renovar el concierto de Muface para la atención sanitaria de los funcionarios no ha hecho más que avivarse. Hasta el punto de que cerca de 1,5 millones de personas -entre trabajadores públicos y sus familias- no saben a día de hoy si tendrán que ser atendidos por los servicios públicos de salud a partir de 2025.

Desde su nombramiento, el hasta entonces director de gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa no ha sido capaz de enderezar la situación. Ni siquiera tras realizar una segunda oferta a las aseguradoras privadas tras una ronda de consultas con las mismas. Lo hizo in extremis después de que estas dejaran en noviembre desierto un primer concurso público que ya incluía una subida histórica de las primas del 17,2% en dos años.

"Esto le queda grande. Es un ministro con un perfil muy político y lo del ministerio de Función Pública le ha caído encima pero no lo controla", aseguran fuentes sindicales a El Independiente sobre recién elegido como secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid. "Se le han echado encima los plazos y el Gobierno empieza ahora a ser consciente del marrón que tiene", añaden sobre el concierto de la denominada Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

Precisamente, en caso de que la renovación del concierto encalle, Madrid es una de las regiones que se vería más afectada, pues es tras Andalucía la que más funcionarios de Muface tiene. A cierre de 2023 eran 236.000 las personas cubiertas por la mutualidad, de las que 67.695 ya son atendidas por la sanidad pública. Es decir, que habría 168.287 usuarios que verían cómo dejan de poder acudir a las aseguradoras privadas y tendrían que pasar a ser atendidos por los servicios sanitarios regionales.

La situación se complica con el paso de los días. El viernes fue SegurCaixa Adeslas la que anunció que se bajaba del barco por segunda vez, alegando que el contrato es "económicamente insostenible" y que le generaría 250 millones de euros de pérdidas en los próximos tres años. Este lunes, El Mundo aseguraba que DKV podría seguir los mismos pasos. Fuentes de la compañía consultadas aseguran que siguen analizando los detalles del contrato antes de tomar una decisión definitiva. Entre ambas aseguradoras, prestan asistencia sanitaria al 66,05% de los mutualistas y beneficiarios de Muface.

La tercera compañía en liza es Asisa. Fuentes de la misma afirman que la compañía sigue estudiando los pliegos del contrato y haciendo números antes de decidir si se presenta o no al concurso. Pero uno de los escenarios que analizan es la viabilidad de ser la única candidata que se presente. La compañía atiende solo al 23% de los cubiertos por Muface y fuentes del sector consideran que tendría muy complicado ir en solitario.

Si el concurso queda desierto, nadie sabe a ciencia cierta cuál será el siguiente paso que podría dar el Gobierno. El actual concierto está vigente hasta el 31 de enero. Y el Ejecutivo ha prometido que mientras se formaliza el próximo concierto, obligará a las aseguradoras a seguir prestando el servicio hasta el mes de marzo en las mismas condiciones que hasta ahora mediante una Orden ministerial. Pero los funcionarios están en pie de guerra y aseguran que la incertidumbre está afectando a los servicios que prestan las aseguradoras.

Temor de los sindicatos y altos funcionarios

El presidente nacional del sindicato CSIF, Miguel Borra, se dirigió este lunes por carta a Pedro Sánchez para que inste al ministro a que les "informe personalmente de las medidas que se van a llevar a efecto" para que la renovación no fracase. Según el sindicato mayoritario en la función pública, López no se ha sentado con ellos desde su toma de posesión.

"Tiene que dar la cara", abundan fuentes de la organización, mientras las quejas por parte de los usuarios se multiplican a medida que pasan los días. "La situación de incertidumbre, inseguridad y preocupación de los mutualistas y beneficiarios afectados se constata en los cientos de quejas, dudas y preguntas que estamos recibiendo en CSIF en los últimos meses debido a una, cuando menos, ineficaz gestión por parte de su Gobierno para sacar adelante el nuevo concierto", remarcan en la misiva enviada a Moncloa.

Desde Fedeca, la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, corroboran que "hay funcionarios con tratamiento a los que no les están dando cita". Y aseguran temer que la segunda licitación pueda volver a quedar desierta. "Hace tres semanas parecía casi imposible, pero ahora es una situación bastante probable", explican fuentes de la asociación de altos funcionarios. El contacto con el titular de Función Pública es también inexistente hasta momento.

El papel de Hacienda

Más allá del papel de López, los sindicatos ponen el foco en el otro lado de la negociación, el Ministerio de Hacienda. El departamento que dirige María Jesús Montero es, en último término, el que autoriza o deniega el incremento de fondos para el concierto con las aseguradoras de la sanidad privada. Hacienda ha recibido hace unos días un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que contiene un estudio sobre la eficacia y eficiencia de Muface. Aunque no se ha hecho público.

La última propuesta del Gobierno es elevar la cuantía del concierto hasta los 4.478 millones de euros, lo que supone una subida de 957 millones de euros respecto al actual. Eso sí, la duración pasa de dos a tres años, con lo que estaría vigente hasta 2027. Esto es uno de los factores que podrían hacer descarrilar la renovación. "Desconocemos la razón del cambio de criterio", explicó Adeslas el viernes. La compañía asegura que esa extensión puede provocar "una agudización del desequilibrio económico" del contrato y argumentan para justificar su 'plantón' que "la ampliación del plazo supone un riesgo difícil de determinar e imposible de asumir".

La existencia de Muface genera tensiones dentro del propio Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. Esta última formación, a la que pertenece la ministra de Sanidad Mónica García es partidaria de acabar con el actual modelo e integrar a todos los funcionarios en el Sistema Nacional de Salud (SNS). López, en cambio, defiende su continuidad. Aunque hace unos días se abrió en una comisión parlamentaria a revisar el modelo a partir de 2027. "¿Se creen ustedes que Muface es perfecto? Créanme, no lo es, requiere reformas (...) Después de 50 años ha habido cosas que no se han revisado", sentenció.

De momento, las perspectivas sobre la renovación se tornan cada vez más complicadas a pocos días de que concluya el plazo. La fecha marcada en rojo en el calendario es el 15 de enero. Si para entonces el contrato no prospera, el batacazo con los funcionarios acompañará a López en su hoja de servicios si finalmente es elegido candidato para disputar el Ejecutivo regional a Isabel Díaz Ayuso en 2027. Pero esa incógnita tampoco se ha despejado todavía.