La polémica entre los socios del Gobierno de coalición dejó aparcado hace casi dos años el proceso de liberalización de las torres de control de siete grandes aeropuertos que planeaba el Ministerio de Transportes dirigido por Raquel Sánchez tras una propuesta del operador aeroportuario Aena. Se trataba de impulsar una segunda fase del proceso iniciado en 2011 por el exministro socialista José Blanco, mediante el que se abrieron a la competencia 12 torres. En esta ocasión, se preveía abrir la posibilidad de que compañías distintas a la pública Enaire operasen desde las torres de los aeropuertos de Tenerife Sur y Norte, Málaga, Gran Canaria, Bilbao, Santiago y Palma de Mallorca. Se trata de prestar servicios de control de aeródromo, como ordenar el despegue y aterrizaje.

El cambio en el titular del ministerio tras las elecciones generales de 2023 no ha traído aparentes cambios en el proceso. El departamento de Óscar Puente no da noticias sobre un posible nuevo impulso de la iniciativa que levantó ampollas entre los socios del PSOE, tanto dentro del Gobierno como a nivel parlamentario. En febrero de 2023, el Ministerio sacó a consulta pública el borrador de Orden con el que pretendía organizar el proceso. Pero tras las aportaciones de los interesados, nada más se ha vuelto a saber. Junto al rechazo provocado en el sindicato USCA, en el Congreso se opusieron fuerzas como Unidas Podemos, Bildu, ERC y el BNG. Y, en medio de todo, se produjo el adelanto electoral.

El plazo inicial que se daba el anterior Ministerio era de 18 meses. "En la actualidad, tras recabar las alegaciones de todos los interesados y haber procedido a su análisis, se ha abierto un periodo de reflexión sobre el procedimiento", se limitó a manifestar en junio el Gobierno en una respuesta parlamentaria a una pregunta escrita de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Fuentes del departamento que dirige el ex alcalde vallisoletano consultadas por El Independiente declinan realizar comentarios sobre el estado del proceso.

Aena dice mantener la misma posición que le llevó a pedir al Gobierno que siguiese adelante con la liberalización de más torres. Y entre las compañías privadas que operan ya las instalaciones de la primera ola, cunde la expectación. "Hay un equipo diferente en el Ministerio que todavía no se ha pronunciado acerca del análisis que han realizado sobre la orden ministerial, así que desde Skyway y desde el sector liberalizado estamos a la espera de que el Gobierno mueva ficha al respecto" dice en conversación con El Independiente Raquel Martínez Arnáiz, directora general de la filial del grupo Serveo. Es una de las dos empresas que opera torres liberalizadas como Valencia, Murcia, Lleida, Ibiza, Alicante o Sabadell. Recientemente, se han hecho también con la de Castellón.

Según explica la directora de Skyway, la Asociación de Proveedores Civiles de Tránsito Aéreo (APC) estima que si se liberalizan las torres contempladas podría haber un cuantioso ahorro de costes para la semipública que preside Maurici Lucena. "Se podría ahorrar casi 200 millones de euros en cinco años", abunda Martínez Arnáiz. Y eso considera que se traduciría a una bajada de tasas y, por ende, del precio de los billetes.

Al ser un negocio de escala para estas compañías, que el proceso continúe o no adelante supone también un punto de inflexión para sus perspectivas. Skyway, con cerca de 170 empleados, fue creada en 2011 como FerroNATS, una joint venture entre Ferrovial y el proveedor británico NATS. El grupo Serveo se hizo con todo el accionariado en febrero de 2023 y cambió la denominación a Skyway.

Uno de sus principales costes es el de personal. Y los salarios de los controladores son sustancialmente más bajos que los de Enaire. De ahí uno de los puntos principales de choque con los sindicatos. "No existen motivos técnicos que impidan que se puedan abordar transiciones con seguridad en esas torres", asegura Martínez Arnaiz, tras defender que su puntualidad incluso mejora la media. La torre del aeropuerto de mayor volumen de operaciones que gestiona la compañía es el de Alicante, con más de 100.000 operaciones al año y más 17 millones de pasajeros.

La compañía comparte parte del pastel actual en España con Saerco, la otra compañía privada que presta servicios de torre en España. Quitando aquellos aeropuertos donde el control de tráfico está bajo el ámbito militar, hay 16 aeropuertos en los que el servicio de control de torre se presta por estas empresas privadas y 21 aeropuertos en los que se sigue prestando por el proveedor público Enaire.

"El debate ahora es recuperar las torres privatizadas, no continuar con la privatización", sentencian fuentes de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA). La diputada de Coalición Canaria antes citada obtuvo el pasado mes de octubre el apoyo parlamentario del Congreso para instar al Gobierno de España a que paralice de forma definitiva su idea de liberalizar la gestión de las torres de control en aeropuertos del archipiélago.

Pero desde la parte de los proveedores privados creen que la Unión Europea ha dado un espaldarazo a sus pretensiones con la reciente reforma del Cielo Único Europeo aprobada recientemente por el Parlamento Europeo. "El texto incluye por primera vez de manera explícita el hecho de que los Estados miembros puedan autorizar a los gestores aeroportuarios para que elijan a los proveedores de servicio de control no solo de torre como en España sino también de aproximación como recomienda la CNMC en condiciones de mercado", explica Martínez Arnáiz. "Después de la publicación de este reglamento, yo sí que creo que es un buen momento para iniciar las conversaciones", añade en referencia al Ministerio.

Martínez Arnáiz defiende que no se trata de un proceso de privatización en el sentido estricto. "Es al revés, es conseguir que el servicio sea más barato para el usuario final, manteniendo la gestión pública, pero permitiendo que el propio servicio lo dé un personal que se organiza de manera más eficiente para poder dar un mejor precio, básicamente", subraya.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendaba en un informe de 2018 avanzar en la liberalización de los servicios de control aéreo. Y, en 2023, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) aplaudió la decisión del Ministerio de seguir adelante con el proceso. El presidente de ALA, Javier Gándara, sostuvo que la primera fase permitió "ganar en eficiencia en el servicio, avanzando en la reducción de costes y en la mejora de la calidad, sin menoscabo de la seguridad". Además, el también director general de EasyJet para el sur de Europa defendió la citada mejora de eficiencia había "contribuido decisivamente a la senda continuada de reducción de tarifas aeroportuarias desde 2015 hasta la actualidad".

En vista de las intenciones del Ministerio, la pública Enaire consultó al regulador que dirige Cani Fernández sobre la posibilidad de concurrir con su filial (EGS – Enaire Globla Services S.A.) a las licitaciones de las torres de control aéreo que convoque Aena, de la que posee el 51% del capital. El organismo concluyó que si la eventual filial de Enaire se presentase a los contratos, los vínculos accionariales entre Aena y Enarie podrían incidir en la neutralidad de sus licitaciones. 

En este sentido, la CNMC planteaba que la compañía que dirige Lucena adoptase "las medidas oportunas para prevenir de manera efectiva los posibles conflictos de interés en sus licitaciones". "Si se produjeran y no encontrarse soluciones más efectivas, excluir a Enaire o a su filial EGS del proceso podría ser una solución necesaria", añadía. Desde Enaire declinan también hacer comentarios sobre el estado del proceso. Aunque sí han defendido Aena y ella actúan como firmas independientes sin interés de grupo.