Ha quedado pendiente de un hilo. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social a 1,5 millones de funcionarios adscritos, recibe respiración asistida y está a punto de ser desconectada. A DKV, una de las aseguradoras prestatarias del servicio, tampoco le convence la última oferta del Ministerio de Función Pública.

Esta suponía una prima para las aseguradoras de 4.478 millones de euros, un aumento del 33,5% con respecto al pago actual. O lo que es lo mismo, 1.000 millones más que la última oferta del Ejecutivo. Pero a las aseguradoras siguen sin salirles las cuentas. DKV estima que, en los actuales términos, perdería entre 70 y 100 millones de euros. Tampoco le salieron los números hace un par de semanas a Adeslas, que estimó que prestar el servicio en las condiciones de la última oferta de licitación supondría un agujero a su balance de 250 millones de euros. Queda por pronunciarse Asisa, que se ha quedado sola y tendría que asumir dar servicio a todos los mutualistas, un escenario que a día de hoy cuesta imaginar. Tienen hasta el 15 de enero para responder. Por ahora, han asegurado que siguen estudiando los pliegos de condiciones.

La caída de Muface sería en primer lugar un duro golpe para el Gobierno, que ha insistido en los últimos meses en que la mantendrá. Quedaría tocada especialmente la figura de Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública. Este jueves, López todavía se mostraba optimista en unas declaraciones recogidas por la agencia Europa Press: "Yo tengo esperanzas todavía. Estamos hablando con las aseguradoras y espero, confío y deseo que se pueda renovar con toda normalidad el concierto como se ha hecho siempre".

Su fe tiene lectura política. López se postula como candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, una región cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no ha dudado en asegurar que "atenderá como es debido" a los mutualistas. Entre los socialistas hay pesadillas con un escenario en el que, como candidatos a presidir esta comunidad, se enfrenten el candidato que dejó caer Muface y la candidata que acogió a los damnificados.

No obstante, no hay dudas de que el desmantelamiento de Muface afectaría sobre todo a los propios funcionarios. Como ha recordado el propio López, uno de cada tres trabajadores públicos y sus familias se acogen hoy a un sistema que, por ley, tienen garantizado hasta el 1 de abril. A partir de ese momento, el Gobierno tiene todavía la capacidad de prorrogarlo hasta septiembre. Después, nada. Los mutualistas deberían pasar al sistema público de sanidad, algo que, en vista del posible fracaso de las negociaciones con las aseguradoras, pueden hacer voluntariamente desde este mismo mes de enero.

Pero los funcionarios no están dispuestos a perder el servicio sin pelear por él o, en última instancia, sin pedir responsabilidades si finalmente deja de funcionar. CSIF, el sindicato mayoritario entre la función pública, ha abierto este jueves la puerta de los tribunales: "Estamos valorando las posibilidades. Entendemos que puede haber una responsabilidad de la aseguradora, pero en última instancia, el responsable de dar el servicio es Muface, que depende del Ministerio de Función Pública", comentan desde el sindicato.

Y recuerdan: "El Gobierno está realizando una dejación de funciones y demuestra una absoluta falta de respeto a los trabajadores públicos, con su silencio y falta de transparencia sobre la situación. Los sindicatos representados en el Consejo General de Muface aún no hemos recibido los informes de las aseguradoras sobre el impacto del concierto y el informe económico de la AIREF".

Para emprender acciones legales, detallan desde CSIF, quienes se sientan perjudicados por el cese del servicio o por un empeoramiento en las condiciones del mismo tienen que tramitar en primer lugar una queja por escrito. Esta debe pasar por una Comisión de Garantías que dilucidará si se admite, se niega o si cae en silencio administrativo. En caso de que se deniegue, CSIF asesorará a quienes quieran abrir la vía judicial, que a su vez tiene tres caminos: la contencioso-administrativa, la vía civil o, en casos muy graves, la vía penal. "El Gobierno tiene que darse cuenta de que tienen que dar una respuesta ya", resumen fuentes del sindicato.

Un servicio que ya está afectado

Desde CSIF cifran por otro lado en centenares el número de mensajes que están recibiendo con quejas sobre el servicio recibido por parte de los mutualistas. Este mismo jueves, altos funcionarios han denunciado bloqueos médicos de las aseguradoras en forma de retraso de autorizaciones médicas y anulaciones de consultas, pruebas diagnósticas y cirugías.

Estos testimonios casan con los que la propia CSIF recogió y presentó ante el Defensor del Pueblo hace un mes, cuando la negociación entre Gobierno y aseguradoras ya zozobraba. Entonces, desde el sindicato subrayaban que la situación era especialmente grave porque muchas de estas denuncias provenían de personas con enfermedades crónicas o dolencias que revestían cierta gravedad.

"Mi bebé de menos de un año está en Muface conmigo como beneficiaria, y le han aplazado a varios meses una consulta con una neuróloga pediátrica que debía tener esta semana (debería haberla visitado antes) y, además, nos han dicho que la visitarán o no según qué suceda con la mutualidad. Si al final la visitan será casi medio año más tarde. Estamos a la espera", relata uno de estos testimonios.

Pero las quejas aluden también, entre otras cosas, a la eventual falta de profesionales de algunos municipios: "En el consultorio médico de Almansa están suprimiendo plazas de médicos: otorrino, traumatólogo, ginecólogo. Todo eliminado excepto enfermería y medicina general, que solo hay un médico sin un sustituto que lo asista… Es un verdadero desastre. Ni la compañía ni Muface hacen nada por mejorarlo. Lo peor de todo es que no hay alternativa, es decir no hay otro centro en Almansa. Cada vez peor". Mientras Asisa termina de deshojar la margarita, muchos de estos mutualistas evalúan ya sus posibilidades.