Se avecina otra batalla. Esta, a cuenta del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), un tributo complejo, de carácter progresivo (al menos en teoría), que tiene en cuenta factores como las personas a cargo, que se aplica por tramos y que cuenta con una parte que va a parar al Estado y con otra que se corresponde con lo que se quedan las comunidades autónomas. En este caso, lo que está en disputa es su aplicación entre quienes cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el mínimo que se puede cobrar en España como asalariado.

No es algo secundario, ni mucho menos. En primer lugar, porque la aplicación o no del IRPF al SMI amenaza con hacer zozobrar las negociaciones que tendrán lugar en las próximas semanas a cuenta de la subida del SMI el ministerio de Trabajo, y los agentes sociales, representados en la parte social por los sindicatos mayoritarios en España, UGT y CCOO y en la patronal por CEOE y Cepyme. Por ahora, los sindicatos defienden elevar el límite de exención de IRPF. Es la misma postura que mantiene el ministerio de Trabajo. La última palabra, sin embargo, la tiene el ministerio de Hacienda, liderado por la socialista María Jesús Montero.

Desde que el Gobierno de coalición empezó a aplicar subidas al SMI en 2018, estas han venido siempre acompañadas de una modificación de las tablas de IRPF para elevar el límite de la exención de pago al propio salario mínimo. El objetivo de la medida es claro: que los impuestos no se coman parte de la subida salarial de quienes cobran menos. Sin embargo, desde Hacienda, el ministerio encargado de velar por la sostenibilidad de las arcas públicas, hace tiempo que este proceder genera dudas.

Uno de los principales motivos es que, desde 2018, el SMI ha subido cerca de un 54%, con lo que hay quien entiende desde Hacienda que, tras una subida más, puede haber llegado el momento de que quienes cobran el SMI tributen el IRPF, algo que ya hacen con la Seguridad Social. Otra razón es que, solo en el último año, elevar la barrera de la exención de IRPF para hacerlo coincidir con el último salario mínimo, 1.134 euros al mes en 14 pagas (15.876 euros al año) costó a Hacienda 1.385 millones de euros en impuestos que dejó de ingresar, según cálculos del propio ministerio. Porque elevar la barrera de exención del SMI no implica solo dejar fuera a quienes cobran esta cantidad. La medida implica rebajar también el IRPF a quienes cobran cantidades cercanas a este salario para evitar que el salto impositivo sea demasiado grande. Con este ajuste, se evita que quienes cobran el SMI finalmente perciban más en neto más que quienes en bruto firman algo más de sueldo. En concreto, el año pasado Hacienda rebajó el IRPF también a quienes cobran cerca de 20.000 euros al año.

Con esto en mente, en Hacienda se lo piensan, tal y como adelantó hace unos días el diario El País, algo que influye de manera directa en las negociaciones que han arrancado este miércoles entre Trabajo, sindicatos y patronal para la subida del SMI. Porque, dependiendo de si los trabajadores tributan o no, lo que se percibe cambia sustancialmente.

Con un SMI de 16.576 euros anuales en 14 pagas, lo que implicaría una subida del 4,4%, el máximo de lo que recomienda el comité de expertos creado por el Ministerio de Trabajo para evaluar la subida del SMI, el trabajador percibiría al cabo del año unos 700 euros más. Sin embargo, al quedar por encima del mínimo exento, este debería pagar a Hacienda unos 300 euros, más del 40% de esta subida. Esta tasa impositiva tan inusualmente alta para tratarse de un rango salarial bajo responde al mal diseño del propio impuesto, que castiga en exceso el superar la barrera de la exención a través de lo que se conoce como tipos marginales: lo que se paga superado cierto límite. De hecho, sucede que, una vez se supera la barrera de los 21.150 euros y se salta de tramo, estos tipos marginales bajan al 30%. Un sinsentido en un impuesto que busca ser progresivo para que paguen más quienes más cobran.

"Trabajo no es competente para establecer la fiscalidad. Sí puedo trasladar que creemos que el SMI debe ser el lugar a partir del cual empieza la fiscalidad. Al igual que como se ha hecho en otras ocasiones, el mínimo exento debe evolucionar con el SMI. La justicia fiscal debe ser justa y redistributiva y no castigar a quienes ganan menos", ha dicho al respecto Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo y mano derecha de Yolanda Díaz, tras la primera reunión con los agentes sociales para tratar la subida del SMI.

La misma opinión ha expresado Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical para UGT. Este ha reconocido abiertamente además que el impuesto influye en las negociaciones: "El IRPF tiene que empezar en el salario mínimo. No deja de llamarme la atención que se hable de la subida del SMI como un coste. Lo concebimos como un derecho. Y, para nosotros, tiene que quedar exento. Y añado: cuando lleguemos a un acuerdo, si es así, querremos tener sobre la mesa todos los elementos que influyen en él. El Gobierno no cumpliría su función si no pudiéramos trasladar de qué cantidades estamos hablando".

Economía y Trabajo liman asperezas

La aplicación del IRPF al SMI no ha sido ni mucho menos la única discrepancia entre los socios de Gobierno. Las relaciones Sumar y PSOE hace tiempo que vienen desgastándose a causa de la inclusión o no en Consejo de Ministros de la reducción de jornada laboral a un límite de 37 horas y media, una medida pactada por Trabajo con los sindicatos.

Tras semanas de declaraciones cruzadas en las que Díaz ha acusado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de dilatar la puesta en marcha de la medida, que en todo caso estaría pendiente de aprobación parlamentaria, este miércoles ambos han terminado de acercar posturas al acordar que el próximo 27 de enero se aborde en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la antesala al Consejo de Ministros.

"Ambos ministerios seguirán trabajando en esta cuestión para que vaya al Consejo de Ministros cuanto antes", especifican fuentes de ambos ministerios. Cuerpo cumple así con el reclamo de Díaz de que la reducción de la jornada laboral se tramite sin más retrasos.

Lo segundo que exigen desde el ministerio liderado por Díaz es que el pacto no se toque. "Lo que sale del diálogo social es sagrado", argumentan. Pero sobre esto último, hay alguna duda más. La poca prisa de Cuerpo para llevarlo a Consejo de Ministros responde a que la reducción de jornada necesita el apoyo de Junts, que por ahora la rechaza. Solo el paso de los días permitirá despejar dudas en este juego de intereses cruzados.