Nuevo capítulo en el culebrón de Muface. El portazo de las aseguradoras Adeslas y DKV a la segunda propuesta del Gobierno para renovar el concierto de asistencia sanitaria de los funcionarios tenía motivos económicos a la par que temporales. El Ejecutivo planteó extender de dos a tres años la duración del concierto (2025, 2026 y 2027), lo que a juicio de las aseguradoras les genera perjuicios que no se ven compensados por el aumento de la dotación presupuestaria.

En plena incertidumbre sobre la renovación del programa que ofrece seguro sanitario privado a los funcionarios, el consejero delegado de DKV, Fernando Campos, abrió este jueves la puerta a volver a presentarse a una eventual licitación si el Gobierno modifica su propuesta. "DKV volverá a Muface si hay licitación con una prima del 40% y durante un año", explicó en declaraciones al medio especializado Redacción Médica. "No podemos firmar un contrato a tres años, dada la volatilidad que hay en el mundo y para ese perfil de funcionarios", argumentó.

Casi cuatro de cada diez funcionarios de Muface están jubilados, como recogió El Independiente hace semanas. Y la pirámide de edad no hace sino empeorar a medida que pasa el tiempo. De momento, la compañía perteneciente al grupo alemán Munich RE está recibiendo asesoramiento legal para una eventual reclamación de las pérdidas millonarias que aseguran que le ha acarreado durante los últimos años su participación en el concierto.

Solo Asisa sigue estudiando los pliegos del concurso para ver si le resulta viable presentarse en solitario para atender a parte del 1,5 millones de personas, entre funcionarios y sus familiares, que reciben la cobertura de la mutualidad. El plazo termina el próximo 27 de enero, después de que el Gobierno decidiera extenderlo unos días más ante la declarada falta de interés de las compañías.

Durante su participación en la jornada Perspectivas del Seguro y la Economía para el año 2025, Campos pidió que el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, se siente con las aseguradoras para conocer su parecer antes de lanzar una tercera licitación si finalmente la que está en marcha vuelve a quedar desierta.

"Más allá de cuál sea el desenlace de Muface, sería necesario iniciar un proceso de diálogo para repensar el modelo y hacerlo sostenible. Y si la segunda licitación no llega a buen término quizás sería momento de realizar una gestión del proceso más dialogada entre la Administración y las aseguradoras, que pueda acabar con una solución tipo contrato-puente", añadió.

El Gobierno abrió antes de lanzar la segunda licitación un proceso de consultas preliminares en el que recabó la opinión de las aseguradoras. La última propuesta aprobada por el Consejo de Ministros tras quedar desierta la primera licitación dobla la mejora ofrecida inicialmente con una subida del 33,5% en todo el periodo. La prima media pasaría así de 1.032 euros a 1.262 euros. Aún así, ni a Adeslas ni a DKV le salen los números.

Este miércoles, López defendió que el Gobierno está haciendo "el mayor esfuerzo de la historia para salvar" Muface. "El esfuerzo es máximo, no hay un precedente de una subida como ésta y por lo tanto estamos en un momento de tener prudencia, de hablar con las aseguradoras y de garantizar ese nuevo concierto que será de tres años para dar estabilidad y tranquilidad", apuntó.

Adeslas argumentó su rechazo debido a que los cálculos realizados sobre la propuesta de la Administración a tres años para la cobertura sanitaria de Muface le supondrían para unas pérdidas estimadas de otros 250 millones de euros hasta 2027, similares a las obtenidas en el periodo 2022-2024.

CSIF amenaza con demandas

Ante este panorama, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF),  el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha amenazado con emprender acciones legales por la situación de algunos funcionarios en la atención médica que reciben por parte de las aseguradoras. Según el sindicato, "se emprenderán las acciones legales oportunas sobre las posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas como consecuencia de la desatención por parte de las compañías aseguradoras, así como en aquellos casos en los que Muface no garantice la prestación asistencial a los afectados".

Hasta que haya un nuevo concierto aprobado, el Gobierno ha obligado a las aseguradoras a seguir prestando el servicio en las mismas condiciones. Pero CSIF asegura estar "recibiendo centenares de quejas de mutualistas a los que las compañías les están negando dicha asistencia, retrasando sin fecha consultas, pruebas e intervenciones quirúrgicas que previamente tenían concertadas e incluso cancelándolas". Esto, dicen, "está ocasionando un daño irreparable a los afectados y consecuencias que pueden afectar a su salud".

Jueces y militares ya tienen contrato sanitario

A la espera del desenlace de Muface, las otras dos mutualidades de funcionarios ya han adjudicado la renovación de sus conciertos a las aseguradoras privadas. En el caso de Mugeju, la mutua de jueces, fiscales y personal de la administración de Justicia, serán Adeslas, Asisa y la Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico las encargadas de prestar la cobertura a un colectivo de 92.000 personas. Como publicó este miércoles El Independiente, el valor del contrato es de 175 millones de euros.

En el caso de los militares, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) dependiente del ministerio de Defensa también ha firmado ya la adjudicación del concierto para los próximos dos años por valor de 1.200 millones de euros. los efectivos de las Fuerzas Armadas cuentan con 129.128 efectivos.