Solo las empresas ubicadas en la provincia de Barcelona facturaron 348.680 millones de euros en 2022, última fecha de consulta disponible, según el informe Estructura empresarial de la provincia de Barcelona, elaborado por la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Manresa y presentado el pasado mes de diciembre.

El mismo estudio revela que Barcelona reúne el 81,4% de la facturación de las sociedades mercantiles con sede en Cataluña. Una regla de tres simple permite inferir que la facturación en la región superó los 430.400 millones de euros el mismo año. Jorge Onrubia, profesor de Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado del think tank económico Fedea, tiene claro su pronóstico: "Si la agencia tributaria se fragmenta, se puede perder el control sobre todo lo que se factura en Cataluña, porque el fraude puede venir de cualquier lugar".

De fondo late la cuestión del cupo catalán. Pactado el pasado verano por PSC y ERC, supone la salida de Cataluña del régimen fiscal autonómico. Esto quiere decir que, tarde o temprano, la región será la encargada de recaudar sus propios impuestos y gestionarlos, a imagen y semejanza de lo que ocurre hoy en Navarra y en el País Vasco. También deberá encargarse de fiscalizar la actividad empresarial radicada en su territorio y luchar contra el fraude. La cuestión levanta ampollas entre los expertos: "Luchar contra el fraude fragmentando la agencia tributaria va en contra de las disposiciones europeas y del consenso de los analistas", advierte Onrubia.

El profesor de Hacienda Pública no es el único inquieto. Este miércoles, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha mandado una carta a un grupo de expertos creado con la intención de dar forma a la financiación singular catalana. En el documento, al que ha tenido acceso El Independiente, la asociación se muestra preocupada. "Les adjuntamos el documento que hemos elaborado en nuestro último congreso, en el que se ponen de manifiesto estos efectos tan negativos. Por otro lado, nadie ha puesto de manifiesto ningún efecto positivo, salvo de tipo político", explican los inspectores. Consultado el Ministerio de Hacienda por este medio, por ahora no hay respuesta a esta misiva.

Las preocupaciones de los inspectores tienen que ver en primer lugar con la cuestión económica. José María Peláez, inspector de Hacienda y portavoz de la IHE, detalla que Cataluña recauda hoy en impuestos unos 26.000 millones de euros. Sin embargo, en la región se recaudan en total más de 50.000 millones: lo que no se queda para Cataluña pasa al Estado. "Supone casi duplicar financiación. Aunque, como está previsto, de ese dinero se pueda apartar algo para Casa Real, el ejército, las embajadas y para un mecanismo de solidaridad entre comunidades autónomas que aún no se ha especificado, supone un privilegio", ahonda el portavoz.

La lucha contra el fraude, un imposible en un sistema fragmentado

No obstante, por encima de esto, a muchos inspectores les preocupa el fraude fiscal. Hoy, la Agencia Tributaria de Cataluña cuenta con unos 800 profesionales. Por otro lado, de los 27.000 trabajadores con los que cuenta la AEAT a nivel nacional, 4.000 lo hacen desde esta misma región. La fragmentación del sistema supondrá, en primer lugar, el trasvase de los trabajadores de un lugar a otro. También traerá consigo el traspaso de los equipos. Pero hay cosas que será más difícil trasladar, como determinadas maneras de operar.

"Nuestra joya de la corona en la lucha contra el fraude es la base de datos que tenemos. Sirve para gestionar impuestos, pero también para detectar riesgos. En una agencia fragmentada, muchos planes contra el fraude fracasarán. El crimen organizado no entiende de comunidades autónomas. De hecho, la vigilancia de los grandes patrimonios no se hace ya solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hay que acordarse de los casos que han salido de famosos que defraudan porque dicen que viven en un país y lo hacen en otro. Eso se hace con mucha coordinación", explica Peláez.

Esta misma coordinación es exactamente lo que requiere la vigilancia de las grandes empresas y fortunas. En un informe redactado el pasado mes de noviembre y que lleva el título de El coste de fragmentar la agencia tributaria, ante el acuerdo de financiación singular de Cataluña, el inspector de Hacienda e investigador para Fedea Alberto García Valera le ponía cifras a lo que está en juego con respecto a multinacionales: "Nos jugamos el control, en España, de 124 multinacionales que facturan [cada una] más de 750 millones de euros anuales. Tienen 14.700 filiales, de las que 9.800 son extranjeras".

La dificultad va más allá del ámbito español. En junio del año pasado, España aprobó la transposición nacional de una directiva europea que trata de garantizar que las grandes empresas tributen al menos el 15% del impuesto de sociedades. Una de las maneras de garantizar que esto sea así es mediante lo que se conoce como informe country by country. Reciben este nombre porque no se pueden agregar: cada multinacional debe presentar por separado lo que ingresa en cada país a la Comisión Europea y a la OCDE. Después, las distintas agencias tributarias deben coordinarse para calcular el porcentaje que ha pagado la empresa en cuestión. Finalmente, si es menos del 15%, la multinacional deberá abonar la diferencia en el país donde esté radicada.

"Si fragmentamos más la AEAT, todo esto puede ser un lío tremendo. Le ocurre a Alemania, que está separada en länder, lo que ha dado lugar a un sistema de fiscalidad federal muy criticado porque da muchos problemas", recuerda Onrubia.

De hecho, en España ya ha habido algún caso de descoordinación entre administraciones. El más sonado ocurrió hace más de 10 años en Navarra. Allí, la filial que Volkswagen tiene en Landaben vendía sus vehículos a una filial catalana ficticia (no tenía empleados), Vaesa, entregando el IVA correspondiente en Navarra. Después, estos mismos vehículos se vendían a Alemania como exportación y, por tanto, exentos de IVA. Esto permitía a Volkswagen reclamar ese IVA que había pagado anteriormente. No obstante, en vez de pedirlo en Navarra, donde lo había abonado, se lo reclamaba a la administración central. El resultado: entre 2007 y 2011, 400 millones de euros, el 10% del presupuesto de la comunidad foral, pasaban de España a Navarra vía Volkswagen sin más motivo ni razón que la falta de un sistema unitario.

"Imagina un banco radicado en Cataluña pero que tiene filial en Badajoz. La empresa retiene los impuestos a los rendimientos del trabajo de los trabajadores de esta filial y los paga donde está radicada, pero resulta que a algunos les sale a devolver. ¿Pagará España o Cataluña?", se pregunta Peláez, que añade: "Es importante plantearlo ahora. Los pasos que se den en la fragmentación serán irreversibles".