El ánimo intervencionista del Gobierno sobre el sector empresarial volverá a manifestarse próximamente. En esta ocasión, en un 'pez gordo' de la economía española, como es Telefónica, donde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) entró en 2023 y en la que actualmente posee el 10% de las participaciones. Esta entidad ha promovido la convocatoria de un Consejo de Administración Extraordinario para colocar a Marc Murtra como presidente de la compañía, en sustitución de José María Álvarez-Pallete, quien ha ejercido ese puesto durante los últimos ocho años.

La operación -adelantada por El Confidencial- se preveía en Telefónica desde el otoño de 2023, cuando se anunció la llegada de Sepi a Telefónica y el Gobierno expresó su intención de formar parte del Consejo de Administración -su vocal es Carlos Ocaña, también presente en la Ejecutiva del Real Madrid-, lo que dejaba claro su ánimo de influir en la compañía.

Así lo han explicado este sábado fuentes cercanas al grupo, que dan por seguro un acuerdo entre SEPI y los árabes de STC para relevar a Álvarez-Pallete, quien debía renovar su puesto en la próxima Junta de Accionistas, pero quien no ha optado por la beligerancia para aferrarse al puesto.

Un presidente cercano al PSC

Murtra cuenta con un perfil técnico-político. Lo primero es así porque dispone de una ingeniería industrial, mientras que lo segundo, porque ha pertenecido a la órbita del PSC. El Gobierno le colocó en 2021 al frente de Indra, en una operación que provocó la salida de la compañía de Fernando Abril-Martorell.

Su figura generó ciertos recelos entre los accionistas del grupo, de ahí que no se le otorgara poder ejecutivo y que se le rodeara de dos consejeros delegados, como fueron Ignacio Mataix y Cristina Ruiz. En paralelo, contaba con varios críticos en su Consejo de Administración que se oponían a la intención del Ejecutivo, que era la de tomar el mando de la gestión de la compañía española público-privada de defensa.

Entre 2021 y 2022, la participación de SEPI en Indra incrementó desde el 18 hasta el 25%, después de recibir la autorización del Consejo de Ministros para crecer en la compañía.

En el verano de ese último año, se produjo la entrada en el grupo de Amber Capital, es decir, del fondo de inversión que controla el 29,7% de Prisa y cuyo presidente, Joseph Oughourlian, lo es también de la dueña de El País. Sucedió en vísperas de la Junta de Accionistas de Indra.

El papel de la CNMV

Amber, la SEPI y la empresa vasca Sapa Placencia se aliaron en la reunión para destituir a los cinco consejeros críticos con Murtra y tomar el mando de la compañía. La polémica decisión terminó en manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -presidida por Rodrigo Buenaventura, elegido por Nadia Calviño en 2020-, quien demoró su informe al respecto de este movimiento hasta el 23 de diciembre de ese año, en vísperas de Navidad.

Su Consejo de Administración duró tan sólo unos minutos y se resolvió con la exculpación de la SEPI, si bien, en el informe publicado, el supervisor del mercado reconocía la existencia de sospechas sobre una acción concertada de los citados accionistas.

En aquella ocasión, Murtra fue el hombre elegido por Moncloa para tomar el mando de Indra. Casi tres años después, se repetirá la operación en el caso de Telefónica, una empresa sobre la que se ha barajado en el pasado, la posibilidad de unirla a Indra mediante otra operación política-empresarial.

La posición de Caixabank

Está por ver la opinión al respecto de este movimiento de los dos bancos representados en el Consejo de Administración de Telefónica. Por un lado, BBVA; y, por otro, CaixaBank. El papel de esta última entidad será especialmente significativo, si se tiene en cuenta que Murtra pertenece al patronato de su Fundación; y que su presidente, Isidro Fainé, ha sido quizás el gran apoyo empresarial de Álvarez-Pallete durante sus ocho años de mandato.

Las mismas fuentes incidían en que la opción más lógica -a la vista de este pacto de accionistas- es que Álvarez-Pallete presente su dimisión antes de que se vote su continuidad durante la reunión. Sea como sea, las cartas de SEPI están boca arriba y quiere su destitución para controlar esta empresa, la cual, por cierto, es una de las principales accionistas en medios de comunicación. Es decir, en un sector contra el que también Moncloa tiene otra conocida batalla en estos días.

A la hora de publicación de esta noticia, la CNMV no incluía ninguna comunicación al respecto de este movimiento.