Simplificando, los economistas definen los sistemas contributivos como aquellos en los que quienes participan en él ponen dinero en una hucha común con la certeza de que, llegado el momento, podrán sacar dinero de esta misma hucha. Para que funcione, lo que se saca debe equivaler, como mucho, a lo se introduce. Lo ideal, de hecho, es que se saque menos de lo que se mete, de manera que la sostenibilidad del sistema esté garantizada. No es el caso del sistema contributivo de pensiones español.

Aunque hasta el próximo mes de marzo no se cerrarán definitivamente las cuentas, las proyecciones de los expertos para el 2024 son claras. El gasto total en pensiones contributivas suma unos 180.500 millones de euros.

Para no hacer trampas al solitario, a ello hay que sumarle un gasto de 22.000 millones en pensiones del Régimen de Clases Pasivas, un sistema específico de cotización reservado para algunos funcionarios que hunde sus raíces en el siglo XIX, encontró continuidad en la Ley de Clases Pasivas de 1959 y que durante la los 80 fue protegido y ampliado por la Ley 37/1984. Fue clave durante décadas para dar más estabilidad y mejores condiciones a los funcionarios, que sin embargo desde 2011 cotizan ya en el Régimen General de la Seguridad Social.

Cada vez más funcionarios pertenecientes a este régimen están alcanzando la edad de jubilación. En concreto, más de 700.000 personas cobran ya esta pensión. Es por esto que las pensiones de las clases pasivas han pasado de suponer un gasto de unos 9.800 millones en 2010 a significar 22.100 millones en 2024, más del doble.

Por el lado de los ingresos, hay que considerar sobre todo las cuotas a la Seguridad Social, es decir, el dinero que meten en la hucha los que participan del sistema. Suman en 2024 unos 135.000 millones de euros. No se incluye por ahora en esta partida el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el MEI, que este año ha supuesto unos ingresos de unos 3.700 millones. El motivo es que se trata de un tributo con el que el Estado espera poder aportar unos 40.000 millones de euros al Fondo de Reserva en 2032. Esto quiere decir que es un dinero que se está apartando para introducirlo en la hucha más adelante, con lo que computarlo este año como ingreso equivaldría a tenerlo en cuenta dos veces.

Por otra parte, dado que de lo que se trata es de intentar que el sistema sea sostenible por sí mismo, tal y como queda recogido en el Pacto de Toledo, se excluyen también de la partida de ingresos las distintas transferencias que ha hecho el Estado al propio sistema. En concreto, se excluyen transferencias por valor de 27.500 millones y un préstamo adicional de 10.000 millones. También los 18.000 millones que, vía transferencias y deuda, han ido a parar al Régimen de Clases Pasivas (estos, de hecho, se contabilizan ya en la partida de gasto en pensiones contributivas). Sí se incluyen como ingresos los 1.700 millones que se totalizan en la partida de "otros ingresos" y que en realidad son tasas y multas por impago de cotizaciones, y los 3.493 millones de euros en cuotas de los funcionarios que forman parte todavía del Régimen de Clases Pasivas. En total, 202.679 millones de euros en gastos y 140.203 millones de euros de ingresos, lo que arroja un déficit contributivo de 62.476 millones de euros, el 4% del PIB.

Un déficit que no deja de crecer

No es, ni mucho menos, la primera vez que el sistema arroja déficit contributivo. Lo hace al menos desde 2010, cuando la crisis financiera y la demografía empezaron a hacer mella de verdad. Entonces, siguiendo esta misma contabilidad, fueron apenas algo más de 4.000 millones de euros. No obstante, para 2012 la destrucción de empleo elevó el déficit por encima de los 13.000 millones, más del triple. El año siguiente se dio otro gran salto, hasta casi los 23.000 millones de déficit, y en 2015 se superó la barrera de los 30.000 millones.

Superados los peores años de la crisis, el déficit fue escalando poco a poco hasta que llegó la pandemia: la deuda contributiva pasó de estar en menos de 37.000 millones en 2019 a superar los 48.000 millones en 2020. Solo en 2021 se redujo algo su evolución: pasó a apenas algo más de 46.000 millones. Pero fue un espejismo. En los últimos años, coincidiendo la subida de las pensiones con arreglo al IPC, el déficit contributivo ha avanzado a grandes saltos: 48.000 millones en 2022, 57.000 en 2023 y los más de 62.000 de 2024.

"Lo venimos diciendo desde hace tiempo. La Seguridad Social da el saldo de operaciones no financieras, pero para nosotros no es un dato real porque viene pervertido por las transferencias del Estado", explica Enrique Devesa, doctor en Economía, profesor de Economía Financiera y Actuarial de la Universitat de València y coordinador técnico del Grupo de Investigación del Instituto de Actuarios Españoles en Pensiones Públicas, un grupo de expertos que lleva años estudiando a fondo la sostenibilidad de las pensiones. Inasequibles al desaliento, hace tiempo que advierten de que las cuentas no les salen. 

La necesidad de repensar el sistema

"El Pacto de Toledo tenía que servir para garantizar que las pensiones no formen parte del debate partidista y que el sistema sea sostenible, pero se ha desvirtuado", reflexiona Devesa. Para el economista, uno de los grandes problemas en los últimos años ha sido tratar de hacer más sostenible el sistema solo por el lado de los ingresos sin tocar los gastos.

"No podemos cargarlo todo en el ingreso porque cada vez habrá más personas jubiladas. Es un poco jugársela", comenta Devesa. "Coincido con Enrique. El actual Gobierno y todos los partidos que han apoyado la última reforma, que son casi todos, han elegido la vía fácil, la del electoralismo, y eso prima con respecto a la sostenibilidad del sistema a largo plazo", mantiene Miguel Ángel García, también doctor en Economía, profesor de Economía aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador asociado a Fedea.

El economista subraya un dato: el gasto en pensiones pasará de representar de 12% del PIB en 2018 al 17,3% en 2050, cuando se haya jubilado ya todo el baby boom. "En un sistema contributivo hay una norma fundamental: el crecimiento del gasto en pensiones no puede superar al crecimiento del PIB. De lo contrario, los pensionistas de hoy se apropian de una riqueza que no se ha generado. Las pensiones en los últimos años han subido una media del 3,3%, y el PIB una media del 2%, aproximadamente".

Con esto sobre la mesa, los expertos plantean algunas soluciones. La primera es recordar que España cuenta con la tasa de sustitución (la relación entre el último sueldo y la pensión) más alta de la zona euro. "No digo que la pensión no suba, pero no debería hacerlo bajo cualquier circunstancia ligada al IPC. En años de mucha inflación, puede subir un 2,75%, como se hizo con los funcionarios, pero no un 8%", calcula García.

Hay más caminos. Otro, explica Devesa, es repensar la pensión de viudedad, que, recuerda, se planteó en los años 60, cuando la mujer apenas podía acceder al mercado laboral: "No se debe suprimir, pero debería ser más concentrada en el momento en el que ocurre la contingencia y luego ir disipándose".

Otra posible solución, propone el mismo economista, es pasar a un sistema de cuentas nacionales como el de Suecia. "Es un sistema de aportación definida: sé por lo que he cotizado, sé cuánto voy a recibir y me puedo ir ajustando y calcular cuándo tengo suficiente. No lo solucionaríamos todo, pero sería más transparente y tendríamos incentivos para seguir cotizando". Su conclusión, en todo caso, es clara: "Hace falta que el Pacto de Toledo funcione de verdad. Pensar no solo en los actuales pensionistas, sino en los del futuro".