La derrota parlamentaria sufrida este miércoles por el Gobierno ha impactado de lleno en la negociación por el Salario Mínimo Interprofesional. El motivo, la caída de un decreto ley que, entre otras muchas cosas, prorrogaba el SMI de 2024 a este año. Lo hacía con la idea de dar a la mesa de diálogo social la oportunidad de negociar con tranquilidad. No podrán. La reunión entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal del miércoles que viene, que apenas será la tercera, será la última. Después, el Gobierno tomará una decisión sobre una cuestión, el SMI, que es prerrogativa suya. Así lo ha anunciado este mismo miércoles Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo y mano derecha de la ministra del ramo, Yolanda Díaz.

Pérez Rey se ha quejado de las circunstancias que motivan esta repentina prisa. Estas no son otras que la unión de PP, Vox y Junts para tumbar un decreto ley cuya caída evidencia por otro lado la fragilidad del Ejecutivo. "Es muy grave lo que ha perpetrado el PP. Una oposición destructiva ha sumido hoy en la incertidumbre a los 2,5 millones de trabajadores que cobran el SMI".

Esta incertidumbre es real. Con la caída de la prórroga del SMI de 2024, existen dudas sobre cuál será el SMI a partir de mañana. Es por esto que, en primer lugar, desde Trabajo aventuran que acelerarán las conversaciones para aprobar lo antes posible un SMI que tendrá carácter retroactivo: se aplicará a partir del 1 de enero de este año. Incluso, aventuran, comenzarán en los próximos días con los trámites para promulgar el nuevo SMI, siempre sabiendo que, antes de sacar una cifra definitiva, darán a la negociación una bala más.

Sin embargo, ¿qué ocurre con quienes firmen mañana mismo un contrato con un salario ajustado al SMI? Pérez Rey ha detallado que desde su ministerio están explorando posibilidades: "Estamos trabajando en publicar unas pautas interpretativas que aclaren que no se puede afectar negativamente a las retribuciones de quienes ya cobran el SMI de 2024. Dictaremos las instrucciones precisas". Qué forma legal tendrán estas instrucciones es algo que el Ejecutivo todavía está valorando.

En todo caso, durante este segundo encuentro las posturas de todos han quedado ya claras. La patronal, a través de CEOE y Cepyme, propone una subida del 3%; el Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa una subida del 4,4%, y los sindicatos se van a una subida de entre el 5% y el 6%, hasta los 1.200 euros mensuales en 14 pagas. Entre medias quedan cuestiones como la indexación de los contratos públicos a los nuevos salarios y las ayudas al campo, ambas reclamadas por la patronal y rechazadas por Trabajo y por los sindicatos. "Si llegamos a un pacto con la cifra de subida, creo que estas cuestiones no impedirán el acuerdo", ha vaticinado Pérez Rey, que ha precisado por otra parte que la semana que viene valorará qué capacidad tienen patronal y sindicatos de moverse de su posición.

Tras pedir la semana pasada tiempo para reunirse y valorar la situación, la patronal tiene claro su diagnóstico: "Yo creo que lo hemos planteado con mucha claridad. Nosotros llegamos a un acuerdo con los sindicatos en el Acuerdo Nacional de Convenios. De hecho, incluso se está cumpliendo una mejora salarial con respecto a lo de la inflación. Queremos cumplir con ese espacio, y por eso planteamos una subida del 3%", ha dicho al respecto Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

El representante de la patronal buscó además ampliar el foco de debate: "Yo creo que hay que hablar de muchas más cosas. Aquí se sigue sin hablar de la indexación de la contratación pública. Se siguen subiendo los salarios, pero la administración no cumple. Tampoco se está teniendo presente al campo, como siempre decimos. Es decir, hay un montón de elementos que realmente hay que poner encima de la mesa, realmente, para poder verlo de una manera real".

Pero su propuesta, que llega además en un momento delicado para la institución, con un conflicto abierto entre el propio Garamendi y Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, a cuenta del relevo del propio Cuerva, se queda lejos de lo que reclaman los sindicatos, que comenzaron la negociación con una cifra en mente bien distinta: al menos, el 6% de subida salarial para impedir que los trabajadores pierdan poder adquisitivo.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, ya avisaba esta misma tarde del rechazo a la propuesta de la patronal: "Mi impresión es que va a ser muy difícil que CEOE entre a un acuerdo en materia de salario mínimo interprofesional en unos términos que para CCOO no se pueden rebajar". Se le ha unido a kilómetros de distancia Pepe Álvarez, secretario general de UGT, durante su visita a la planta de Seat de Martorell (Barcelona): "Hemos marcado 1.200 euros y hemos pedido al Gobierno, además, que tiene que ir acompañado de una subida de la tarifa del IRPF para que no afecte al SMI".

Entre una propuesta y otra, la del Gobierno, que se ve a sustentada por lo que propuso hace una semana un grupo de expertos creado por el propio ministerio de Díaz. Este tenía como única misión tratar de que el SMI se acerque al 60% del salario medio. Como respuesta, los analistas pusieron sobre la mesa una subida de entre el 3,4% y el 4,4%. "Dado que entra dentro de la franja de lo propuesto por los expertos, estamos cómodos con la propuesta", ha dicho sobre la propuesta de Trabajo Carlos Cuerpo, ministro de Economía.

Esta cifra es una de las pocas cosas que han despertado el consenso entre Economía y Trabajo, que viven días de enfrentamiento, en primer lugar, a cuenta de la tramitación de la reducción de jornada. El ministerio liderado por Díaz pide que esta se tramite por vía urgente y sin que se le toque una coma al entender que es un acuerdo alcanzado con los sindicatos por el Gobierno y, por tanto, inamovible.

Por su parte, Cuerpo pide manga ancha para introducir medidas que gustan en la patronal como la introducción de ayudas a las pymes que se ajusten pronto a esta jornada o una puesta en marcha paulatina de este límite horario. La reducción de jornada necesita el apoyo de Junts, que, como ha quedado demostrado este miércoles, no tiene ningún problema en acordar con PP y Vox cuando las medidas económicas no les convencen.

No es lo único que ha condicionado las negociaciones. El ajuste de la exención del IRPF también ha dado dolores de cabeza a la mesa de diálogo. Sobre todo, porque Hacienda todavía no sabe si lo va a llevar a cabo. De no ajustarse está exención, quienes perciban el SMI pueden ver recortado su aumento salarial de cara a todo el año en cerca de un 40%. Sindicatos, Trabajo y patronal han negociado, por tanto sin saber si la eventual subida llegará íntegra a los bolsillos de los trabajadores. Trabajo y sindicatos exigen el ajuste, pero esa pelota está en el tejado de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Por ahora, solo una cosa está clara: la negociación del SMI verá el final antes de lo previsto.