Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, han convocado este jueves movilizaciones de cara al próximo 2 de febrero. El motivo es la caída este miércoles de un real decreto ley que, entre otras medidas, contenía la subida de las pensiones y la revalorización del Ingreso Mínimo Vital, así como la prórroga del SMI de 2024, las rebajas en el precio del transporte público y la prohibición de cortar los suministros de agua y luz para los consumidores considerados más vulnerables.

Bastaron los votos de PP, Vox y Junts para tumbar un paquete de medidas económicas que se antojaba clave para el Gobierno. Hoy, los sindicatos muestran su indignación: "CCOO y UGT manifiestan su rechazo absoluto a este ejercicio de oportunismo político con elevadísimos costes sobre las espaldas de la ciudadanía", explican en un comunicado.

Y prosiguen: "Son millones las personas afectadas. Pensionistas que no verían revalorizada su pensión contributiva y no contributiva, así como las pensiones mínimas; perceptores del SMI y del IMV; usuarios del transporte público; personas vulnerables en riesgos de desahucio o que verán que desaparecen sus ayudas para pagar suministros básico. Hablamos de una agresión sin precedente a la mayoría social y especialmente a personas vulnerables, clase trabajadora y clases populares en general".

Por ello, UGT y CCOO convocan a nivel nacional una manifestación en la reclaman otro real decreto ley para aprobar un nuevo paquete de medidas. Piden, además, evitar "tomar a la población con mayores necesidades como rehén de este juego de oportunismo donde se vota en contra de medidas necesarias, muchas
que ya han sido acordadas previamente, incluso con el voto favorable de quienes ahora han provocado esta anulación".

Esta misma mañana, desde UGT hacían un llamamiento al "sentido común y de Estado" al tiempo que subrayaban que el real decreto ley incluía la revalorización de todas las pensiones para más de 10 millones de pensionistas, así como "medidas cruciales" como la suspensión de desahucios para familias vulnerables, la continuidad del bono social eléctrico y la garantía de suministros básicos de agua y luz. "Estos beneficios, que representaban un alivio para 1.641.084 personas en 2024, ahora desaparecen, dejando desprotegidos a quienes más lo necesitan", han precisado.

Aunque los puntos de encuentro de la manifestación aún están por definir, fuentes sindicales detallan que la idea inicial pasa por concentrarla en las capitales de provincia.