La reciente decisión del Congreso de rechazar el decreto Ómnibus, mediante los votos de PP, Vox y Junts, ha generado una situación bastante preocupante para las pensiones en España. La noticia representa un fuerte impacto para los 12 millones de personas que se benefician de las pensiones, ya que suspende la revalorización anual de las prestaciones con el IPC y de otras medidas sociales importantes.

Cambios inmediatos en las pensiones

Enero: Un respiro temporal

Las pensiones pasaron a ser un 2,8% mayores a partir de enero por el hecho de que este fuera el contenido del decreto que subió el IPC. Esta subida era evidente que mejoraba considerablemente el ingreso de las pensiones: para las prestaciones mínimas contributivas se adoptó una subida del 6 % y, para las pensiones no contributivas e incluso el Ingreso Mínimo Vital (IMV), se estableció un aumento del 9 %. Pero este respiro es sólo temporal, puesto que había que pagar las nóminas de enero antes de la anulación del decreto y, por tanto, dicha subida sólo se garantizaba para el mes de enero.

Febrero: Una disminución en las pensiones

A partir de febrero, las pensiones volverán a determinarse de acuerdo con las cuantías correspondientes al 2024; esto se traducirá en una merma de los ingresos de quienes perciben pensiones. De acuerdo con las fuentes del Gobierno, habría necesidad de desarrollar un nuevo decreto antes del proceso de nóminas correspondiente al mes, pero la situación política actual le otorga escasa posibilidad de desarrollo.

Motivos del rechazo al decreto

Argumentos de la oposición

PP y Junts expusieron los motivos que les llevaron a rechazar el decreto Ómnibus por la inclusión de una pluralidad de medidas en un solo texto. Dicho partido optó por proponer que la revalorización de las prestaciones se tratara como una ley a parte, dado que así podía haber llegado a una solución que, según ellos, hubiese ayudado en su aprobación. "Si el Gobierno hace un decreto para las pensiones, lo apoyaremos", pronunció Míriam Nogueras, portavoz de Junts.

Críticas al rechazo

La vicepresidenta Yolanda Díaz lamentó y calificó de irresponsable a la oposición por las circunstancias que han hecho posible ese rechazo a las medidas que han de beneficiar directamente a los jubilados.

Consecuencias para los pensionistas

El cambio de Gobierno tendrá consecuencias para los miles de jubilados que viven de su prestación: los recortes proyectados para el mes de febrero pueden deteriorar todavía más su poder adquisitivo, en un contexto inflacionario ya muy complicado para los hogares más vulnerables.

Impacto en las pensiones contributivas

El decreto que no fue aprobado, contemplaba un aumento del 2,8% en la pensión contributiva, incluida las pensiones de clases pasivas. Si no hay una norma nuevamente aprobada, las pensiones no van a poder ser actualizadas con respecto al IPC de 2024 en el mes de febrero, manteniendo la cuantía de las pensiones de quienes las perciben cumpliendo lo que se percibe a 31 de diciembre de 2023.

Impacto en las pensiones mínimas

Las prestaciones mínimas, que se suponía que iban a tener una subida aún mayor del 6% se paralizan. La actualización no se puede aplicar suponiendo un recorte importante de la economía de las personas que dependen de estas pensiones mínimas para cubrir sus necesidades más básicas.

Impacto en las pensiones no contributivas

Para las pensiones no contributivas asistenciales y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) la subida era del 9%. Sin el decreto, las ayudas quedan paradas, lo que también afectaría a los colectivos más perjudicados. El debate político será quien determine si las subidas finalmente se llevan a cabo o si por el contrario los jubilados sufren un recorte del poder adquisitivo.