Las bajas cuestan cada vez más a la Seguridad Social, a las aseguradoras y a las empresas. Así lo asegura en su informe Evolución de los indicadores de absentismo laboral derivado de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). Publicado este lunes, el estudio recoge que el coste en prestaciones económicas para la Seguridad Social para las mutuas colaboradoras de la propia Seguridad Social y para las entidades gestoras de la misma se fue en 2024 por encima de los 15.000 millones de euros.

La cifra, tomada de la Tesorería General de la Seguridad Social y de las cuentas de las propias mutuas, anota lo que abonan el propio sistema y las mutuas a partir del décimo quinto día de baja laboral en el caso de los asociados por cuenta ajena y a partir del cuarto día en el caso de los autónomos. Supone casi triplicar los 5.300 millones que tuvieron que pagar en 2015, hace apenas 10 años, y un 50% más que los 9.700 millones de 2022, primer año pospandémico. Con respecto a 2023, el aumento es casi un 15%, unos 2.000 millones de euros más.

El Estado no es el único que paga más por las bajas. El coste directo para las empresas se ha ido en 2024 casi a los 14.000 millones de euros, una cifra que de nuevo se puede comparar con los 4.800 millones de 2015: cerca de un 190% más, o lo que es lo mismo, más de 9.000 millones de diferencia. En total, Seguridad Social, mutuas y empresas gastaron en 2024 casi 29.000 millones de euros: de nuevo, cerca del triple del gasto de 2015, que fue de unos 10.000 millones de euros.

Esto, en un contexto en el que la población protegida apenas ha aumentado algo menos de 25%. Sumados ambos factores, el gasto por asegurado ha pasado en España de estar por debajo de los 290 euros al mes en 2015 a irse por encima de los 775 euros en el año que se acaba de cerrar.

"Dado lo anterior, resulta necesario que, por parte del legislador, se reflexione con cierta urgencia sobre la viabilidad del actual modelo de gestión de la prestación de Incapacidad Temporal de Contingencias Comunes (ITCC), y se impulsen todas aquellas medidas orientadas a una mejor gestión y control del absentismo laboral derivado de la ITCC, preservando siempre los derechos de los trabajadores, pero dirigidas a evitar, además de todos los gastos que son innecesarios, el uso inadecuado de esta prestación por parte de una minoría de los mismos, así como a reducir las
cargas administrativas y burocráticas que, en muchos casos, conducen a una duración superior de los procesos a lo que realmente sería necesario", concluyen los expertos en su estudio.

Algo de todo esto anda en mente del Ejecutivo, que ha abierto otra negociación. Aunque las condiciones concretas para la tramitación del límite de la jornada laboral, que finalmente llegará por vía urgente, todavía están en el aire, y la posible subida del SMI aún debe fijarse, este lunes el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones ha tenido la primera reunión del año con los sindicatos y la patronal.

El motivo, la posibilidad de que trabajadores que han estado un tiempo de baja, precisamente aquellos que quedan englobados en el gasto que subraya el informe de la AMAT, puedan reincorporarse de manera paulatina a sus puestos. Son las nuevas altas progresivas.

La medida no siempre se llamó así ni se planteó siempre en estos términos. A comienzos del pasado mes de octubre, Elma Saiz, ministra de Seguridad Social y Migraciones, planteó la posibilidad de flexibilizar las bajas laborales. Aunque desde el ministerio siempre insistieron en el carácter voluntario de estas bajas flexibles, desde los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, interpretaron entonces que algo así abriría a las empresas las puertas de par en par a las empresas para que presionaran a sus trabajadores y que estos volvieran antes a sus puestos. Su oposición fue firme.

Con el nuevo año, desde el ministerio liderado por Saiz han retomado la idea, pero dándole una vuelta. Ahora, en vez de bajas flexibles, son altas progresivas. "Pido que seamos exquisitos con el lenguaje", ha reclamado este lunes la ministra, consciente de la indignación que despertó la anterior idea, incluso entre los miembros del propio Gobierno. Ahora, lo que se quiere poner sobre la mesa por parte del Ministerio de Seguridad Social, por tanto, no es la baja del trabajador, sino su paulatino proceso de incorporación a la empresa tras una baja larga.

Tras una primera reunión que apenas ha servido como toma de contacto con sindicatos y patronal, poco se sabe de la forma definitiva que tomará la propuesta. El Ministerio de Seguridad Social solo ha planteado un límite: será una opción solo para los trabajadores con bajas de larga duración, es decir, aquellos que hayan estado de baja más de 90 días.

Con esto sobre la mesa, la música suena ahora algo mejor a los sindicatos, que en todo caso se remiten a los médicos. Desde UGT quieren un informe de los facultativos que acredite que, como argumenta Seguridad Social, en efecto volver poco a poco al trabajo tras ciertas dolencias (Saiz ha citado a pacientes de cáncer y víctimas de infartos) es bueno para las personas afectadas. Desde CCOO, siguiendo esta línea, argumentan que la baja progresiva es una posibilidad que solo deben poder activar los médicos. Ni unos ni otros quieren ni oír hablar de ligar la medida al coste de las bajas laborales ni a cuestiones como el absentismo. Lo quieran o no, sin embargo, es evidente que algunas cifras laten detrás de la propuesta.