A finales de 2024, el Gobierno y los sindicatos sellaron un pacto para reducir la jornada laboral semanal a 37,5 horas. Este lunes, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han acordado tramitarlo por vía urgente.

Aspectos a tener en cuenta

Además de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción salarial, el acuerdo incluye otros aspectos.

Se establece que las empresas deben mantener un registro diario de jornada digital. Deberá ser fiable para así garantizar que se están cumpliendo con los efectivos de la jornada. Esto fue indicado en el pacto entre Trabajo y sindicatos.

En caso de que las obligaciones relacionadas con el registro de la jornada no se cumplan, serán consideradas una como una infracción por trabajador. Esto puede darse por una falta de registro o por una posible falsificación de datos. Aún así, también se establece el derecho irrenunciable a la desconexión digital fuera del horario laboral, subrayando que “no atender estas comunicaciones no podrá tener consecuencias negativas para el trabajador, quien tiene derecho a la privacidad en el uso de los dispositivos digitales proporcionados por la empresa”.

¿Qué trámites quedan por realizar?

El Consejo de Ministros del próximo martes, 4 de febrero, aprobará el anteproyecto de ley de forma urgente. Su presentación formal está prevista antes de iniciar 2026.

El hecho de que el anteproyecto de ley se tramite de urgencia permite que se trate en una única vuelta en el Consejo de Ministros (normalmente se requieren dos). De este modo, los informes necesarios de los órganos consultivos se elaboran en un tiempo reducido, al igual que las observaciones de los ministerios.

Esto significa que en abril o mayo podrían concluir estos trámites. Sin embargo, hay un examen adicional que se llevará a cabo en el Congreso de los Diputados.

Cuándo entrará en vigor

Es importante considerar que la situación final dependerá del Congreso de los Diputados. Si el decreto no recibe el respaldo de la mayoría de la cámara, lo cual es probable en un parlamento tan fragmentado como el actual, no será aprobado y regresará a su punto de origen.

Es complicado, por tanto, determinar la fecha exacta en la que la nueva norma comenzará a aplicarse y se convertirá en una realidad para los 12 millones de trabajadores españoles. Esto dependerá de los plazos, procedimientos y disposiciones que se establezcan en la aprobación final, en caso de que esta se produzca. La intención inicial del Ministerio de Trabajo y sindicatos ha sido que la reducción de jornada se implemente a lo largo de este 2025.