Semana importante para la economía, una asignatura en la que, por ahora, el Gobierno aprueba con nota. Cerca de medio millón de puestos de trabajo creados y un descenso de la tasa de paro por debajo del 11% por primera vez desde 2008, según la Encuesta de Población Activa, permiten al Ejecutivo presumir de ciclo expansivo y anticipar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Europa: la rebaja de la deuda a menos del 100% del PIB antes de acabar la legislatura.

Sin embargo, hay factores que ensombrecen estas buenas perspectivas. Uno de los más importantes lo ha subrayado esta misma semana el Banco de España en un estudio titulado La debilidad de la inversión empresarial en España tras la pandemia: un análisis basado en la EBAE.

Su principal conclusión es que la inversión privada ha bajado casi un 2% desde 2019. En concreto, de representar un 12,6% del PIB aquel año ha pasado a suponer un 10,7% en 2024 al menos hasta el tercer trimestre. La atonía empresarial contrasta con el vigor estatal. En este mismo tiempo, la inversión pública se ha incrementado llegando a superar el 2,8% del PIB en 2024 frente al 2,2% que representaba en 2019.

"Aunque la economía española ha experimentado una notable recuperación del PIB en los últimos años, la inversión empresarial (determinante clave del dinamismo de la productividad) ha mostrado una mayor debilidad, con tasas de crecimiento inferiores a los ritmos de avance del producto", analizan los expertos.

Entre los principales obstáculos señalados por las propias empresas, tres sospechosos habituales: la incertidumbre política y económica, la subcontratación y la regulación. El primero afecta a un 40% de las empresas, mientras que el segundo y el tercero fue señalado como principal problema aproximadamente por un tercio de ellas. En el lado opuesto, solo un 20% apunta que la rentabilidad de los proyectos disponibles, las dificultades de acceso a financiación y la disponibilidad de mano de obra limitan sus decisiones de inversión.

El Banco de España no es el único que contempla en el horizonte estos problemas. "Para este 2025, CEOE considera que la incertidumbre sigue siendo elevada pero el balance de los riesgos está en el lado positivo. Por el lado exterior, el principal es el geopolítico, que sobre todo puede dar lugar a incrementos de los precios de las materias primas", subrayan desde la patronal.

En el ámbito interno, remarca la CEOE, los principales impactos negativos pueden llegar por una política económica que introduzca una mayor incertidumbre y genere mayores costes a la actividad empresarial, sobre todo en el mercado laboral. "Esto puede frenar decisiones de consumo e inversión de los agentes económicos", argumentan. En el punto de mira de las empresas, medidas como la subida del SMI, pactada esta semana entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos en una mesa de diálogo de la que finalmente se terminó levantando la patronal.

Los fondos europeos no arreglan el problema

Tras la pandemia, la UE hizo su diagnóstico: si lo que faltaba en Europa era inversión y la inversión equivale a dinero, entonces lo que faltaba en realidad era dinero. Aquel pensamiento alumbró los Fondos Next Generation (NGEU): 750.000 millones de euros a cuenta de los contribuyentes europeos y a repartir entre los estados miembro de la UE para modernizar y volver más sostenibles las estructuras financieras y empresariales.

De aquel enorme pastel, España ha recibido una porción importante: 140.000 millones de euros para regar capital por doquier. La idea era ayudar a las compañías a pagar todos esos proyectos relacionados con la digitalización y el medioambiente que se suelen quedar siempre en un cajón por no ser considerados prioritarios.

Pero en cuestión de dinamización de la economía, las cosas no son tan fáciles. Valga recordar el malogrado Plan E de 2008, un paquete de ayudas económicas valorado en 8.000 millones de euros que debían ayudar a crear empleo y riqueza pero que finalmente tan solo sirvieron para llevar a cabo obras públicas de escasa utilidad, tal y como analizó años después el Tribunal de Cuentas.

"A la hora de evaluar el impacto económico del programa NGEU, resulta esencial examinar hasta qué punto las inversiones de las empresas que han recibido apoyo son realmente nuevas o aditivas", señala el Banco de España. El organismo entiende por inversión aditiva aquella que nunca se hubiera realizado de no ser por la existencia de los fondos. En lo que tiene que ver con la inversión y la dinamización de la economía, son más interesantes las inversiones aditivas que aquellas que se hubiesen llevado a cabo en cualquier caso: las primeras de verdad crean inversiones nuevas, las segundas solo aprovechan la coyuntura.

Según el Banco de España, el 45% de las empresas que han realizado o realizarán inversiones con fondos NGEU no las habrían llevado a cabo sin estos, es decir, son inversiones completamente aditivas. Por otro lado, el 31% solo habrían realizado una parte (parcialmente aditivas) y el 24% las habrían ejecutado de todas formas (no aditivas). Esto quiere decir que casi una de cada cuatro inversiones llevadas a cabo con el plan se hubiesen ejecutado en cualquier caso.

Sin embargo, existen variaciones según el tipo de inversión. Las inversiones
verdes muestran un menor grado de aditividad: solo el 18%. "Esta menor aditividad sugiere una mayor presencia de peso muerto en ayudas para la transición energética, lo que puede estar relacionado, al menos en parte, con una alta rentabilidad de estas inversiones en un contexto de caída de los costes de las energías verdes y de aumento del precio de los combustibles fósiles", reza el informe.