El ex presidente del Banco Popular, Ángel Ron, rechaza en su escrito de defensa las acusaciones a las que se enfrenta por la ampliación de capital de la entidad aprobada por el Consejo el 25 de mayo de 2016. Así, atribuye la posterior resolución del banco a una crisis de liquidez causado por la política de comunicación de su sucesor en el cargo, Emilio Saracho.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama abrió juicio oral el pasado 22 de noviembre contra Ron y otros consejeros. La Fiscalía pide para él 6 años y 7 meses de prisión por delitos de estafa a inversores y falsedad contable. A lo largo del escrito de 69 páginas al que ha tenido acceso El Independiente, Ron refuta las acusaciones y defiende que "cumplió escrupulosamente con las indicaciones de los supervisores" y solicita "su libre absolución".

Además, solicita que testifiquen en la vista 36 personas, entre otras, el ex consejero delegado del Santander, Andrea Orcel, que actuó como interlocutor de Ron como presidente de UBS Investment Bank, entidad que decidió asegurar la operación. También solicita el testimonio del ex ministro de Economía Luis de Guindos y de los expresidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Sebastián Albella y Elvira Rodríguez.

A Saracho, que también pide que testifique, le sitúa como causante final de la caída del banco, que terminó en manos del Banco Santander por el precio simbólico de 1 euro. "Lo que repercutió claramente en la evolución de la liquidez y en la posterior resolución del Banco, fue la errática política de comunicación auspiciada por el Presidente don Emilio Saracho", sostiene el escrito. Y sostiene que "la causa de la Resolución (...) no fue un problema de solvencia del Banco, ni fue debida a circunstancia alguna que tuviera que ver con la imagen fiel de las cuentas de 2015 y 2016, sino a acontecimientos posteriores externos que provocaron una fuga masiva de depósitos".

La defensa calcula que se esfumaron alrededor de 17.000 millones de euros (casi tres billones de pesetas), lo que "suponía vez y media el excedente de liquidez que había construido prudentemente el equipo dirigido por Ángel Ron". "Banco Popular no había sufrido jamás una crisis de liquidez, ni siquiera en los peores momentos de la crisis financiera", subraya el escrito, en el que se queja de que se señale a unos consejeros y a otros no, cuando todos intervinieron en la ampliación.

La defensa relata la "sucesión de noticias negativas" que "condujo a una salida desordenada de depósitos que no hay banco en el mundo que pueda hacer frente". Por un lado, el texto recoge que un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 3 de abril unido al discurso de Saracho ante la Junta del 10 de abril de 2017, "encendió las alarmas de los inversores y de los depositantes".

Eso, prosigue, "alcanzó su culmen con la noticia falsa aparecida en El Confidencial el 11 de mayo de 2017, en la que el medio titulaba que el Presidente Saracho había puesto en venta el banco por riesgo de quiebra". "Aunque la noticia fue desmentida por el Banco (...) se deduce que fue el Presidente del banco la fuente de la noticia", sostiene el escrito.

A lo largo del texto, la defensa de Ron insiste en que "los peritos judiciales concluyeron que no había deficiencias contables en los estados financieros del 2015 y 2016 en Banco Popular". Además, argumenta que "Ron no tuvo nunca entre sus funciones personales la determinación de la política contable de la entidad, ni la capacidad de ordenar la realización o no de determinadas provisiones, ni, por supuesto, la capacidad de conceder préstamos, créditos o cualquier ventaja crediticia". "La condición de Presidente del Consejo de Administración de la entidad es un título insuficiente para fundamentar la responsabilidad criminal que se pretende sin acreditar", prosigue el texto.

Asimismo, también dice que "ningún directivo, experto externo, ni los servicios de auditoría interna y externa, advirtieran al Consejo de posibles incumplimientos de la normativa contable". En esta línea, califica de "absurdo" considerar como hace la acusación que los Consejeros acusados "suscribieran una ampliación de capital a sabiendas de que las cuentas no expresaran la imagen fiel de la entidad". "Más absurdo, si se considera que el Sr. Ron mantuvo sus acciones hasta la Resolución del Banco Popular, lo que le produjo un quebranto de alrededor de 900.000 euros invertidos en acciones del mismo", remata.