Telefónica Perú ha solicitado acogerse de manera voluntaria a concurso de acreedores para afrontar la reestructuración financiera y de sus operaciones, según ha informado la teleco a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a última hora de este viernes.

"Con la finalidad de lograr una reestructuración ordenada de los pasivos de Telefónica del Perú, se informa de que el directorio de dicha sociedad ha acordado, en el día de hoy, el acogimiento de Telefónica del Perú al procedimiento concursal ordinario establecido en la normativa peruana. El acogimiento de Telefónica del Perú a dicho procedimiento concursal está orientado a la reestructuración financiera y de sus operaciones dentro de lo que establece el marco legal concursal aplicable", indica el texto remitido a la CNMV.

En este contexto, Telefónica Hispanoamérica ha concedido un crédito mercantil a la filial peruana de hasta 1.549 millones de soles peruanos, en torno a 400 millones de euros al cambio actual, por un periodo de 18 meses.

El objetivo de la línea de crédito concedida por Telefónica Hispam a la filial peruana es mantener las operaciones y poder alcanzar una solución, si bien los fondos solo atenderán a las necesidades operativas de caja.

Telefónica Perú ha subrayado que el acogimiento al concurso de acreedores se debe, sobre todo, a la situación financiera y administrativa que atraviesa la filial desde hace dos décadas debido a sus controversias con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) en el país.

"Como es de público conocimiento, la situación financiera de Telefónica del Perú se ha visto muy negativamente afectada por contingencias fiscales de más de 20 años de antigüedad, así como por decisiones administrativas que han colocado a la compañía en una posición de desventaja competitiva en un entorno de mercado particularmente desafiante", agrega el comunicado remitido a la CNMV.

"En relación con las antes referidas contingencias fiscales, Telefónica mantiene abierto a la fecha un arbitraje ante el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas sobre Inversión (CIADI)", añade.

Por otro lado, la compañía ha destacado que los pasivos de Telefónica Perú "no se encuentran garantizados por ninguna otra entidad del grupo Telefónica" y que seguirá "explorando alternativas estratégicas" para su filial en el país sudamericano, como, por ejemplo, una posible venta.

En esa línea, la entrada de Telefónica Perú en concurso de acreedores no supone una suspensión de los servicios ni una liquidación inmediata.

"La compañía continuará prestando servicios sin interrupción a sus más de 13 millones de clientes en zonas urbanas y rurales del Perú", ha aclarado la filial en un comunicado.

"Después de evaluar diferentes alternativas para asegurar la estabilidad financiera de la compañía, llegamos a la conclusión de que acogernos de manera voluntaria al PCO (concurso de acreedores) es el mejor camino para proteger la prestación de los servicios de telecomunicaciones a los peruanos. Estamos enfocados junto a empleados y proveedores en garantizar la permanencia de Telefónica del Perú a largo plazo (...) cumpliendo nuestros compromisos regulatorios", ha subrayado la presidenta ejecutiva de Telefónica Perú, Elena Maestre.

La empresa también ha informado de que ha contratado los servicios de la consultora de asesoramiento financiero Kroll para organizar el proceso y, de hecho, un miembro de esta firma se integrará en el equipo como director de Reestructuración.

Controversia con la SUNAT

A mediados del año pasado, la filial de Telefónica en Perú informó del pago de 1.361 millones de soles (350 millones de euros) a la SUNAT en cumplimiento de una sentencia judicial ligada a la declaración del Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales de 2000 y 2001.

"Años después, a raíz de un proceso de fiscalización, la SUNAT objetó deducciones de gastos, lo que llevó a Telefónica a aceptar y pagar una parte de ellas. Asimismo, incluyó otros recursos relacionados principalmente con la provisión por cobranza dudosa e intereses financieros, que fueron motivo de disputa en un proceso que ha durado más de dos décadas", aseguró entonces la compañía.

Telefónica, que ya había realizado provisiones en relación con este asunto, cuestionó en ese momento "los recursos efectuados por la administración tributaria" al considerar que los mismos fueron "arbitrarios y carentes de todo sustento".

No obstante, en septiembre de 2024 la Justicia peruana ordenó al Estado sudamericano devolver a Telefónica 347 millones de soles (casi 88 millones de euros) correspondientes al Impuesto a la Renta del año 2000.

Impacto en los últimos resultados

En este contexto, cabe recordar que el impacto de la situación de la filial de Telefónica en Perú ya se reflejó en los resultados que presentó el grupo a comienzos del pasado noviembre, correspondientes a los nueve primeros meses del ejercicio.

En concreto, Telefónica registró un beneficio neto atribuido de 989 millones de euros en los tres primeros trimestres del curso, un 21,7% menos en comparación con los 1.262 millones de euros del mismo periodo de 2023.

Sobre ello, la empresa apuntó que uno de los principales impactos extraordinarios que provocó esa caída del 21,7% del beneficio neto reportado en el acumulado hasta septiembre fue el ajuste contable en su filial de Perú debido a un deterioro del fondo de comercio y de otros activos intangibles, sin efecto en caja, de 314 millones de euros.

La compañía presentará sus resultados correspondientes a todo el ejercicio de 2024 el próximo 27 de febrero.