No se ponen de acuerdo, y la discrepancia parece que va para largo. La decisión del Ministerio de Hacienda, anunciada la semana pasada, de no elevar el límite de exención del IRPF para ajustarlo al nuevo SMI ha abierto una inmensa grieta en el seno del Gobierno de coalición. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha adherido en las últimas semanas a los sindicatos para reclamar esta exención.

Desde el ministerio dirigido por María Jesús Montero, sin embargo, opinan que, tras un aumento del 61% desde 2018, al SMI le ha llegado la hora de tributar. Como respuesta, Sumar ha presentado ya una proposición de ley para que el PSOE eleve la exención. Desde entonces, el cruce de declaraciones entre un partido y otro no cesa.

En mitad de la discusión, solo las matemáticas ofrecen certezas. Y las cuentas son claras. Considerando el dato de subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) publicado por el INE el pasado viernes, que sitúa el aumento del precio de la cesta de la compra en un 2,9% interanual para el mes de enero, la tan discutida cifra de subida del nuevo SMI, que está en el 4,4% con respecto al suelo salarial de 2024, se queda ya en nada. Sobre todo, si se considera que, al tener que tributar IRPF, en el caso por ejemplo de los solteros sin hijos que perciben el suelo salarial, los tributos se quedarán cerca de un 40% de los 700 euros de la subida salarial anual, o lo que es lo mismo, un 1,8% de la subida del 4,4%.

Sumado al incremento general de precios, la cifra resultante es un 4,7%, tres décimas más que la subida del SMI. Esto quiere decir que, aunque sobre el papel los preceptores del mínimo salarial puedan ver incrementado su salario en unos 50 euros mensuales, entre impuestos e inflación estos no solo no van a ver incrementado su poder adquisitivo, sino que este va a retroceder.

Es verdad que a estas cuentas les caben algunos matices. El principal tiene que ver con el hecho de que muchos de los preceptores del SMI no tendrán que pagar IRPF debido a las exenciones contempladas por el propio impuesto. En total, según las cuentas elaboradas por el grupo de expertos convocado por la propia Yolanda Díaz, solo medio millón de los más de 2,7 millones de preceptores del mínimo salarial tendrán que pagar un impuesto que, por errores en su configuración, grava de manera particularmente onerosa a los primeros contribuyentes que superan el límite de la exención.

Fuentes de Hacienda consultadas por El Independiente estiman que el número de preceptores del SMI que tendrían que pagar IRPF podría ser incluso menor que el medio millón que señalan los economistas, que trabajaron en estas estimaciones con cifras de las declaraciones de la renta de 2023. No obstante, con todo y con eso, aun sacando de la ecuación el pago del impuesto, solo el 2,9% que han avanzado los precios en enero devora ya buena parte del aumento salarial. En concreto, la inflación devora ya más de un 65% del incremento del poder adquisitivo del SMI.

Las previsiones con la inflación son optimistas

Pero no es momento para la desesperanza. Las previsiones para la inflación de cara a 2025 por el momento son positivas. El pasado viernes, aunque el centro de análisis financiero Funcas elevó tres décimas su previsión para la media anual de la tasa general de inflación en 2025, esta se quedó tan solo en el 2,5%.

En sus cálculos, Funcas recuerda que los gastos energéticos registraron el mayor incremento en su tasa de inflación, hasta el 8,1%, impulsados por el gas, los combustibles y, especialmente, la electricidad, muy influida esta última por la recuperación del IVA normalizado, que ha venido a sustituir el IVA reducido con el que el Gobierno trató de paliar la crisis energética de hace dos años.

En la misma línea ha ido el análisis de la CEOE, que ha indicado que la decisión del Gobierno de revertir parte de las medidas de reducción de impuestos adoptadas anteriormente explica, principalmente, el aumento de la inflación general del mes de enero hasta el 2,9%.

"El incremento del IPC habría sido del 2,3% de haberse mantenido los impuestos constantes respecto a 2024", apuntó la organización empresarial. Algo menos optimistas se mostraron en UGT, que recordó que, aunque el 2,9% sigue siendo una tasa moderada, la tendencia desde septiembre del año pasado es al alza. "El escenario, por tanto, resulta muy preocupante", comentaron.

La subida salarial media negociada por convenio entre sindicatos y patronal ahora mismo está en el 3%, salvo que la inflación se sitúe precisamente en ese porcentaje, en cuyo caso el aumento sube un 1% más. La medida busca atajar una pérdida de poder adquisitivo que en el caso del SMI puede ser total dependiendo del caso. Para evitarlo, los sindicatos reclaman abrir una mesa de negociación para hablar de una cuestión que enfrenta al Gobierno contra sí mismo.