En una de esas frases que ha quedado para la historia del cine, el Joker interpretado por Heath Ledger le plantea al Batman (Christian Bale) en El caballero oscuro una pregunta imposible: qué ocurre cuando una fuerza imparable choca con un objeto inamovible. Parece que esto es exactamente lo que ha sucedido en el seno del Gobierno.

El motivo, la decisión del Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, de no ajustar el límite de la exención de tributación del IRPF al SMI de 2025, que sube un 4,4% con respecto al de 2024. Esta, por el momento, parece inamovible. Tanto, como imparable es el empeño del Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, de que el SMI no tribute, como ha venido sucediendo hasta ahora. A la también líder de Sumar la apoyan los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, con quienes ella misma Díaz pactó la subida del suelo salarial.

Hoy, quienes cobran el SMI en España rondan los dos millones y medio de contribuyentes después de que el mínimo salarial haya subido un 61% desde 2018, hasta los 1.184 euros mensuales en 14 pagas. Según cálculos de la propia Hacienda, apenas un 20% de estos 2,5 millones de trabajadores que reciben el SMI, es decir, cerca de medio millón de contribuyentes, tendrán que tributar por él debido a las propias exenciones contempladas en el IRPF. Esto deja una pregunta en el aire: ¿de verdad le merece la pena al Gobierno dejarse tantos jirones de ropa por tan poco premio?

Todo tiene su porqué. Para justificar su posición, desde el Ministerio de Hacienda muestran los números. Elevar el límite de exención del pago de IRPF, ha explicado la propia ministra Montero, supondría dejar de ingresar a las arcas públicas entre 1.700 y 2.000 millones de euros. "Nuestra aspiración es seguir subiendo este salario en ejercicios siguientes sin que ello suponga una merma del Estado del bienestar, que fundamentalmente va dirigido a los trabajadores", dijo Montero el pasado viernes desde Sevilla.

Pero este dinero, explican desde Hacienda, no procede únicamente de los que perciben el suelo salarial. Ni mucho menos. De hecho, desde Gestha calculan que solo 160 millones de euros de los cerca de 2.000 a los que alude la ministra Montero son imputables a lo que se perdona de entre quienes perciben estrictamente el SMI. El resto de ese dinero que el erario público deja de ingresar, más de un 80% de lo que en economía se conoce como lucro cesante, cabe atribuirlo a los ajustes que hay que hacer en las franjas de sueldo inmediatamente superiores al SMI.

Estas correcciones tienen una única misión: evitar el error de salto. El fenómeno describe los fallos del sistema tributario que pueden hacer que alguien que en bruto percibe más termine recibiendo en neto menos que quien ha firmado menos salario. En 2024, como resultado de elevar la exención de pago de IRPF de 15.000 euros a los 15.876 que conformaron el suelo salarial anual, se alteró la cantidad de impuestos que debían pagar quienes recibieron un rendimiento neto de hasta 19.747,5 euros anuales.

Como resultado, estiman en Gestha con datos de la Agencia Tributaria que por ahora van solo hasta noviembre, en 2024 el Gobierno dejó de ingresar en concepto de rendimientos del trabajo a causa de estos ajustes 1.325 millones de euros. En 2023, este mismo efecto arrastre costó a las arcas, según los técnicos, 1.726 millones.

Un error de salto esquivado por ley

Los mecanismos para que estos fallos no se produzcan están contemplados en la ley 35/2006, que trata la cuestión del IRPF. Más específicamente, quedan recogidos en el artículo 20, que arranca explicando que los contribuyentes con rendimientos netos (en esencia, el rendimiento neto es el salario bruto menos las cuotas a la Seguridad Social menos otros gastos de unos 2.000 euros) del trabajo inferiores a 19.747,5 euros verán dichos rendimientos del trabajo imputables rebajados en ciertas cantidades. Esto quiere decir que, tal y como está concebida ahora la ley, para compensar el hecho de que el SMI no tribute, todos los que cobran en términos de rendimiento neto cerca de 20.000 euros tributan algo menos.

La fórmula que calcula cuánto de menos han de pagar los contribuyentes también está contemplada en el articulado. En primer lugar, los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 14.852 euros ven minorada la cantidad por la que deben tributar en este concepto en unos 7.302 euros anuales, lo que quiere decir que apenas tributan por la mitad de su rendimiento neto. Son quienes reciben más perdón fiscal. A continuación, la ley se fija en quienes en rendimiento neto perciben entre 14.852 y 17.673,52 euros. A ellos, a la hora de tributar, se les resta 7.302 euros menos el resultado de multiplicar por 1,75 lo que va entre el mínimo de esta franja salarial y el propio rendimiento neto del contribuyente. De esta manera, a más sueldo, menos perdón fiscal.

Mismo procedimiento para quienes reciben como rendimiento neto entre 17.673,52 y 19.747,5 euros, aunque con ligeras variaciones en las cantidades y los múltiplos para que, de nuevo, el perdón fiscal decrezca a medida que aumenta el sueldo. En su caso, los contribuyentes deben restar a su rendimiento neto imputable 2.364,34 euros menos el resultado de multiplicar por 1,14 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y el mínimo de esta franja.

Todo para perdonar impuestos en un momento en el que el Gobierno se está comprometiendo a gastar más. Sin ir más lejos, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha explicado este lunes que el gasto en defensa con arreglo al PIB en la Unión Europea apenas está en el 2,5%, una cifra que hay que elevar. Para ello, ha recordado, cuenta con reglas fiscales que contemplan "elementos de flexibilidad" para hacer frente a gastos como el aumento del dinero destinado a defensa. Malos tiempos, por tanto, para las exenciones tributarias.