El pago en efectivo en la actualidad se encuentra en desuso, la gran mayoría de la población hace sus pagos a través de tarjeta de crédito, mediante el móvil o incluso relojes. Este método lo utilizan personas adultas y sobre todo, para pagos cuya cantidad es reducida.

Movimientos de dinero

El Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria quieren evitar aún más las transacciones que se realizan en efectivo, puesto que es un dinero mucho más difícil de controlar en el ámbito fiscal. Además, este tipo de movimientos son realizados de manera frecuente por personas que tienen negocios fraudulentos, y quieren llevar a cabo blanqueo de capitales o fraude fiscal.

¿Qué es considerado como dinero en efectivo?

El efectivo es considerado como dinero en forma de billetes y monedas que sirve como medio de intercambio universal y actúa como principal instrumento para realizar transacciones o pagos inmediatos. A diferencia de otros activos o formas de pago como cheques, tarjetas de crédito o transferencias electrónicas, el efectivo ofrece la ventaja de su inmediatez y universalidad, siendo aceptado casi universalmente para la compra de bienes y servicios sin necesidad de intermediarios o infraestructura digital.

La normativa legislativa en España es bien clara acerca de cuáles son las diferentes formas de dinero en efectivo, entre las que se encuentran: monedas y billetes; cheques bancarios y órdenes de pago.

La legislación, cada vez más fuerte

Los organismos competentes decidieron en su momento promulgar una ley para evitar usos fraudulentos de dinero en efectivo. La Ley 7/2012, dedicada a la regulación de las limitaciones a los pagos en efectivo establecía que "No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera". Por otra parte, los pagos que realicen las personas físicas, cuyo domicilio fiscal no esté en España, no podrán superar los 15.000 euros.

En el año 2021, Hacienda se puso aún más seria con esta forma de pagos, sacando una nueva ley que actualizaba parte de la Ley 7/2012 sobre la normativa de regulación de los pagos en efectivo. Para reducir aún más este tipo de transacciones, se promulga la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, por la cual, la cifra limitada para realizar pagos en efectivo pasaba de 2.500 euros a 1.000 euros. Sin embargo, la legislación establece lo siguiente para las personas físicas: "Se disminuye el límite de pago en efectivo a 10.000 euros en el supuesto de las personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de España".

¿Qué infracciones hay por su incumplimiento?

El no cumplimiento de estos límites se considera una infracción administrativa grave. Las multas podrían ascender hasta el 25% del monto abonado en efectivo. Tanto el emisor como el receptor del pago son corresponsables, permitiendo a la Agencia Tributaria actuar en contra de cualquier de las partes para imponer la multa adecuada. El tiempo límite para considerar prescrita la infracción es de cinco años tras su perpetración, y el plazo para que prescriban las sanciones es también de cinco años, iniciando a partir de que se emita y confirme la resolución sancionadora.