La batalla está servida. La propuesta de la quita masiva de deuda que ofrece el Gobierno a las Comunidades Autónomas tras negociarlo con Esquerra Republicana (ERC) ha levantado en armas a las regiones controladas por el PP. Sus responsables de Hacienda votarán este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en contra de la propuesta trasladada el lunes por la titular del ramo, la vicepresidenta María Jesús Montero.

Los 'populares' acusan al Ejecutivo de haber diseñado "un traje a medida" de Cataluña con la condonación que hace extensible al resto de Comunidades del Régimen Común -Navarra y País Vasco quedan fuera-. En total, son 83.252 millones.

Pero el sistema de tres fases -negociado solo con ERC-, ofrece resultados asimétricos entre las diferentes regiones por los criterios que ha decidido tomar Hacienda para realizar los cálculos. Y beneficia especialmente a Andalucía y Cataluña, que verán 'perdonada' en torno al 47% y el 19% de su deuda total, respectivamente. Una deuda que asumirá el Estado central.

Los criterios adoptados en la metodología de Montero -también recientemente elegida como líder del PSOE andaluz- hacen que unas reciban más que otras. Por ejemplo, su Comunidad natal es la que se ve más beneficiada de todas en términos absolutos, con 18.791 millones. A ello se llega mediante un sistema de tres etapas de cálculo, que incluye diversos parámetros. Pero no todas cumplen los criterios que se fijan para cada uno.

En la primera, Hacienda calcula el endeudamiento extraordinario que tuvieron que realizar las CCAA por la falta de fondos durante la anterior crisis financiera. Esto suma unos 80.000 millones de euros. El 75% de esa cantidad se reparte en base al criterio de población ajustada. Pero otro 25% corresponde corresponde a tres parámetros más elegidos por el departamento de Montero. Uno es para que las regiones más endeudadas tengan una mayor quita; y otro, para que la más endeudada no reciba más condonación que el 19,3% de su deuda (C. Valenciana). 

Hay un tercero, para que las regiones infrafinanciadas puedan recibir el máximo de la condonación del que se beneficia la región presidida por Carlos Mazón. Pero además, el sistema premia a aquellas que hayan realizado alzas tributarias del IRPF entre 2010 y 2022. Ello, a pesar de que hayan elevado más que el resto su endeudamiento durante el período.

En lugar de 15.000 millones como pidió Oriol Junqueras en 2023 a cambio de votar a favor de que Pedro Sánchez, para Cataluña se ha calculado ahora una rebaja de 17.104 millones. Con la propuesta de Montero, la Comunidad de Madrid verá reducida su deuda en 8.644 millones, lo que supone en términos totales un 49,46% menos que la cifra prevista para la región ahora presidida por el socialista Salvador Illa.

Pero aunque Madrid recibe una financiación parecida a la catalana por habitante, no se podrá beneficiar de la quita añadida que ofrece Hacienda a algunas regiones, ya que su gasto ha ido en consonancia con la recaudación, sin generar mayor deuda. Es decir, que 'premia' a aquellas que se sobreendeudaron. Madrid pudo acudir a los mercados sin tener que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La región madrileña tendrá un alivio de 1.235 euros por habitante, lo que supone estar 461 euros por debajo de la media.

Tampoco se benefician de esta quita adicional otras regiones como Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja. De hecho, el sistema 'premia' con hasta un 10% adicional a aquellas regiones que han subido impuestos. En concreto, el IRPF entre 2010 y 2022.

Ayuso tachó la propuesta del Gobierno central como un "trágala inadmisible". Tras la reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Función Pública, Óscar López, acusó al Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso de desplegar "una campaña de victimismo absurdo y eterno" tras haber criticado el diseño que toma Hacienda. "Me encantaría que me perjudicaran quitándome la hipoteca. Si perjudicar a Madrid es quitarle 8.000 millones, que me perjudiquen todos los días", ironizó el también secretario general del PSM.

El Ejecutivo defiende que es "un esfuerzo sin precedentes" que beneficia a todas las CCAA de régimen común, tengan o no deuda con el Estado. Que se hace en base a "criterios objetivos, técnicos, transparentes, equitativos y comunes para todas las CCAA", que podrán ahorrarse entre 5.000 y 7.000 millones al año en pago de intereses.