La millonaria quita de deuda para las Comunidades Autónomas impulsada por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha merecido las críticas de organismos a nivel nacional y extranjero. La dirigente andaluza ha defendido a capa y espada el modelo diseñado en base a varios parámetros para que el Estado asuma parte de lo que deben todas las regiones del régimen común. En total, 83.252 millones. Pero la asimetría que resulta del cálculo de Montero genera muchas dudas sobre el efecto que puede tener el modelo aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, del que se han ausentado los consejeros del ramo de las regiones gobernadas por el PP.

"Eliminará cualquier tentación que pudieran tener las Comunidades de ahorrar algo para los malos tiempos e incrementará también el gasto del Estado", criticaba en un informe este miércoles el presidente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente. "La distribución de las quitas entre comunidades que se pretende establecer es muy cuestionable con criterios tanto de equidad como de eficiencia", añadía. Andalucía y Cataluña saldrían como las más beneficiadas, pues concentran más del 43% del total de la condonación del déficit autonómico.

La agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings considera que la quita que deberán aprobar las Cortes antes de que las regiones puedan acogerse a ella "sólo mejoraría temporalmente la situación de las regiones, pero no evitaría nuevos déficits". Asimismo, considera que puede generar "riesgo moral" al disminuir los incentivos para que las comunidades pongan freno al crecimiento de la deuda. Y si finalmente se acogen a ella, la agencia ve "probable" que evalúe su impacto como "neutro o positivo".

En este sentido, De la Fuente critica la fórmula desarrollada por Hacienda, que ahora podrá someterse a ajustes cuando se negocie con los grupos parlamentarios. "Cualquier intento de afinar el cálculo utilizando la acumulación observada de deuda en cada territorio como indicador de reparto plantea serios riesgos de introducir penalizaciones a la buena gestión", añade el presidente de Fedea.

Primar la irresponsabilidad fiscal

En su informe incluye un párrafo especialmente duro cuando se refiere a la introducción de otras correcciones "que favorecen a las regiones más endeudadas, primando así la irresponsabilidad fiscal, y a las que han usado su capacidad normativa para subir el IRPF, violando la neutralidad exigible al Gobierno central ante el ejercicio por parte de las comunidades autónomas de su autonomía de ingreso".

Otro informe del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) agrega que "la condonación de deuda autonómica podría afectar la percepción de la economía española ante los mercados internacionales" ante el debate que se ha abierto "sobre su equidad y transparencia". Asimismo, advierte de que "la medida podría generar una redistribución regresiva, ya que contribuyentes de regiones con rentas más bajas, como Galicia, Murcia o Castilla y León, podrían subsidiar indirectamente a regiones con rentas más altas, como Cataluña".

Fedea ve recomendable además que se aborde "la posible condonación de la deuda autonómica de forma conjunta con la necesaria reforma del sistema de financiación". En este sentido, De la Fuente defiende que "los recursos que ahora se distribuyen sin contrapartida (excepto política) podrían utilizarse para engrasar las negociaciones".

Precisamente, los consejeros autonómicos del PP han puesto de manifiesto en una carta conjunta difundida tras su salida conjunta de la reunión del Consejo de Política Fiscal "la necesidad de no retrasar más la reforma del sistema de financiación autonómica y local". Se trata de los responsables de las cuentas públicas de Andalucía, Cantabria, Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja, Baleares, Aragón, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Canarias, donde gobierna en coalición.

Montero, por su parte, aseguró tras la reunión que la condonación de deuda permitirá ahorrar entre 6.500 y 7.000 millones de euros en intereses a las comunidades autónomas. Además, frente a las críticas vertidas, la vicepresidenta defendió que la operación no afectará al global de la deuda española, ya que se trata de una "reasignación" entre subsectores. "De ninguna manera sustituye al debate sobre la financiación económica, no lo paraliza, no es un atajo", sino que debería servir de "incentivo" para abandonar posiciones de máximos, concluyó.