El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado este jueves que hay que analizar "en profundidad" el impacto del cierre nuclear en España, a través de un diálogo "totalmente abierto" que implique a todas las partes y ha defendido que "son absolutamente necesarias".

"Tenemos que establecer una visión en común de cuál va a ser el futuro de la electricidad, y creo que el sector nuclear puede dar un servicio competitivo a la ciudadanía", ha dicho durante la presentación de los resultados anuales, donde ha defendido, además, que estas centrales son "absolutamente necesarias para mantener la estabilidad del sistema y las luces encendidas".

A preguntas de los analistas, Sánchez Galán ha aseverado que Iberdrola está "lista y preparada" para participar en este diálogo, pues quiere "lo mejor para la ciudadanía, el sistema y España".

En los últimos años, ha explicado, el escenario de la energía ha cambiado en todo el mundo porque hay nueva demanda, como los centros de datos, y también por factores geopolíticos. Esto ha llevado a algunos países, como Alemania y Bélgica, a replantearse su política de desmantelamiento de las centrales nucleares.

Respecto a la situación en España, donde el debate sobre la vida de estas instalaciones se ha avivado en las últimas semanas, el presidente de Iberdrola entiende que la situación "tiene que ser analizada en profundidad para ver cuál es el impacto de un cierre potencial".

En su opinión como ingeniero, ha valorado la flota nuclear española como "segura, eficiente y fiable", y ha sostenido que, en la actualidad, es absolutamente necesaria para mantener la estabilidad del sistema.

"Estamos buscando competitividad, queremos un servicio fiable y estamos comprometidos para aportar lo mejor", ha recalcado Sánchez Galán, que ha insistido en la necesidad de un "diálogo abierto" para abordar "por qué se está recurriendo a diferentes vías y por qué no sería mejor que todos nos desplazásemos en la misma dirección".

El calendario actual prevé que el cierre nuclear se realice de forma escalonada entre 2027 y 2035, unos plazos que fueron acordados por Endesa y las empresas propietarias en 2019, según ha venido alegando la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en todas sus intervenciones.