El Gobierno realiza un avance fundamental en la inclusión y el bienestar social mediante la aprobación de una enmienda legal a través de la cual el 33% de discapacidad se reconoce, de forma automática, a todas las personas cuya situación de dependencia haya sido reconocida. Esta medida, recogida en el anteproyecto de modificación de las leyes de dependencia y de discapacidad, tiene el potencial de dar impulso a los trámites, reducir las listas de espera y consolidar el sistema de los cuidados en España.

Reconocimiento automático del 33% de discapacidad a personas dependientes

Beneficios directos para las personas dependientes

La automatización del reconocimiento del 33% de discapacidad a favor de las personas dependientes permitirá que este colectivo acceda de forma más o menos rápida a ayudas económicas, prestaciones sociales o servicios adaptados. Hasta ahora, la situación de las personas en situación de dependencia era que existía la necesidad de requerir, por separado, la discapacidad, lo que suponía, en la práctica, el doble de los trámites administrativos.

La Administración queda exonerada, con esta reforma, dado que el 98,5% de las personas con dependencia lo son también con el 33% de discapacidad. La reforma pretende asegurar que todo aquel que requiere de un apoyo para su autonomía no tenga que esperar innecesariamente para acceder a recursos que le permitan tener una mejor calidad de vida.

Procedimiento simplificado para grados superiores

El reconocimiento automático del 33% de discapacidad no impide que aquellas personas que consideren que su caso debería tener una calificación superior puedan solicitar una valoración adicional al reconocimiento automático, bien a partir de las calificaciones anteriores objeto de la solicitud o bien solicitando una nueva valoración al equipo de valoración de la comunidad autónoma correspondiente.

Desde el Ministerio de derechos sociales se afirma de manera textual que este procedimiento garantiza a las personas recibir el grado de discapacidad que le es debido, de acuerdo con sus necesidades, no siendo el reconocimiento automático el impedimento para que se puedan continuar revisando.

Reformas clave en materia de discapacidad

Acceso universal a la rehabilitación

Una medida más que puede destacar del anteproyecto es el reconocimiento de la rehabilitación como un derecho universal para las personas con discapacidad. Hasta ese momento serían servicios limitados temporalmente, por lo que muchos efectos quedaban obligados a pagar por las terapias de forma privada.

El nuevo marco legal crea la obligatoriedad para las Administraciones, quienes deben garantizar la rehabilitación como un derecho de carácter permanente y universal, evitando en todo caso que el grado de funcionalidad de un ciudadano o ciudadana esté limitado por la falta de recursos económicos.

Prohibición de discriminación en seguros

El anteproyecto proporciona una mayor protección frente a la discriminación por discapacidad en el sector sanitario como también en el sector financiero. Las entidades aseguradoras no podrán poner cláusulas abusivas a las personas sólo por el hecho de tener una discapacidad a la hora de suscribir un seguro de salud o una póliza de seguros de vida, por ejemplo.

Se considera que esta práctica, denunciada durante tantos años por las organizaciones como el CERMI, quedará considerada como infracción grave, tipificada en las sanciones que imponen de 600.000 euros a un millón de euros.

Mejoras en accesibilidad para personas con discapacidad

Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad

La reforma incluye el establecimiento de un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, cuyas dotaciones financieras se utilizarán en obras de adaptación en edificios y espacios públicos, como pueden ser rampas, ascensores o la implementación de sistemas de audiodescripción.

El objetivo reside en terminar con aquellas situaciones en las que se produce un encierro involuntario de unas 100.000 personas en España, según datos del CERMI. Muchas de estas personas no están en condiciones de salir de sus viviendas por la falta de acceso adaptado.

Multas por mofa pública y exhibición vejatoria

El anteproyecto también endurece las sanciones por los actos de burlas públicas hacia las personas con discapacidad. Exponer a una persona en espectáculos humillantes o difundir en redes sociales imágenes que puedan llegar a considerarse denigrantes, incluso solamente por el hecho de serlo, podrá ser considerada infracción muy grave, con multas de hasta un millón de euros.

Nuevos servicios para la autonomía de las personas dependientes

Ampliación del servicio de ayuda a domicilio

La reforma profundiza en el servicio de ayuda a domicilio al permitir que los auxiliar no sólo están al cuidado de la persona dependiente en el domicilio, sino que también pueden acompañarle a las consultas médicas, a las gestiones administrativas o bien a la realización de actividades sociales.

Banco público de productos de apoyo

La propuesta prevé poner en marcha un banco público de productos de apoyo, que dará la posibilidad de acceder a elementos tales como sillas de ruedas, camas articuladas, grúas, etc. Con el servicio antes descrito, las personas en situación de dependencia podrán contar con los recursos necesarios y utilizados sin tener que hacer frente o a unos elevados precios de coste.

La reforma, cuya tramitación parlamentaria comenzará ahora, intenta construir un sistema más justo, más eficiente y acorde a las necesidades reales de las personas con discapacidad y dependencia. Su implementación dependerá del apoyo mayoritario que esta reciba en el Congreso de los Diputados, si bien esto supondría un avance histórico en la consecución de la plena inclusión y el fortalecimiento del Estado del bienestar en España.