El astillero de Navantia en San Fernando (Cádiz) acogió este viernes el acto de corte de chapa de la segunda corbeta que fabricará para la Marina Real de Arabia Saudí. El encargo para la empresa estatal de casi 5.000 empleados se enmarca dentro de un contrato para la construcción de tres buques. Con una facturación global de 1.434 millones de euros en 2023, Navantia también ensambla los submarinos S-80 para la Armada; uno de tantos proyectos de una industria militar española en plena efervescencia ante el incremento del gasto en defensa.

Las líneas de producción tanto de las grandes factorías de armamento como de la industria auxiliar están a pleno rendimiento. Este mismo viernes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se reunió en Madrid con su homólogo ucraniano, Rustem Umerov, para reforzar la colaboración española. Al acto asistieron varios directivos de empresas fabricantes de munición, armamento y sistemas de control: Nammo Palencia, Expal Rheinmetall, Arquimea, NTGS, Instalaza y Escribano M&E.

Esta última es precisamente una de las que más ha crecido en los últimos años al calor de los contratos públicos y bajo el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez. Con casi 1.300 profesionales en plantilla, tiene sede central de Alcalá de Henares (Madrid) e instalaciones en Binéfar (Huesca), Córdoba, Asturias, Cádiz y Valencia. La compañía facturó 320 millones de euros en 2024 y su cartera de pedidos supera los 1.000 millones para los siguientes tres ejercicios.

Sin ir más lejos, Ángel Escribano, uno de los dos dueños de esta compañía familiar madrileña fundada en 1989, fue nombrado hace unas semanas como sustituto de Marc Murtra en la presidencia del gigante tecnológico Indra. Su compañía es la segunda mayor accionista con el 14,3% del capital. El catalán fue el elegido para ocupar el sillón de José María Álvarez Pallete en Telefónica tras la maniobra de Moncloa para desalojarle de la presidencia de la teleoperadora.

Visto el panorama que se avecina ante el complejo escenario geopolítico, el Ejecutivo español se apresura a realizar movimientos encaminados a conformar lo que se denomina como un "campeón nacional" de la defensa, en línea de otros gigantes europeos. Y está decidido que haga en torno a Indra, controlada en un 28% por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).  

Con una plantilla de 60.633 empleados, la tecnológica registró en 2024 un aumento de los ingresos del 12%, hasta los 4.843 millones. Su resultado neto asciende a 278 millones y fue un 35% superior al del anterior ejercicio. En su vertiente de defensa, la compañía desarrolla y proporciona drones, radares de defensa aérea, simuladores y sistemas de comunicaciones por satélite de guerra electrónica.

El plan de Escribano, según expuso este jueves ante el Congreso, pasa ahora también por crear una filial para fabricar blindados y otros sistemas de armas, cubriendo todo el proceso desde el diseño hasta la entrega. Para ello pondrá en marcha Indra Land Vehicles, según anunció ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.

Pero el anhelo de la compañía pasa también por hacerse con otro de los grandes actores de la industria militar española. Ya ha hecho público su interés por comprar a General Dynamics la antigua compañía pública Santa Bárbara Sistemas, privatizada en 2001. Pero la matriz de origen estadounidense no está por la labor de desprenderse de una firma que factura 315 millones de euros. La plantilla la forman más de 1.000 empleados y está repartida entre sus centros de trabajo en Madrid, Trubia (Asturias) y Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Ante la negativa de General Dynamics, Escribano parece estar trazando a un 'plan b' que pasa por comprar a la ingeniería Duro Felguera una factoría de calderería pesada en Gijón. La idea es reconvertirla para construir blindados. La firma asturiana rescatada tras la pandemia por la SEPI con 121 millones está en preconcurso de acreedores.

Al margen de eso, Indra también movió ficha hace pocos meses para hacerse con el control del consorcio Tess Defence, encargado de construir el Vehículo de Combate Sobre Ruedas (VCR) 8x8. Un proyecto dotado con 2.500 millones para sustituir a los blindados del Ejército de Tierra y que ha estado marcado por los retrasos continuos desde su inicio.

Dentro del citado consorcio está -junto a Escribano, Indra y Santa Bárbara- otra firma clave de la industria de la defensa española, Sapa Placencia. Se trata de una compañía vasca de defensa y movilidad, que también es el tercer mayor accionista de Indra. En ella acaba de recalar el hasta hace unas semanas presidente de Renfe y ex secretario de Industria con el PSOE, Raül Blanco.

El directivo asumirá la dirección de Estrategia del grupo controlado por la familia Aperribay (Real Sociedad), que es es líder en tecnologías para la movilidad de vehículos pesados en el ámbito de la Defensa. Cuenta con instalaciones en Guipúzcoa y Michigan (Estados Unidos) y cerró el año con 54,5 millones de facturación, un 16% más respecto al ejercicio anterior.

De Airbus a ITP Aero

En España también tienen fuerte implantación otras compañías como el gigante aeronáutico europeo Airbus. De los más de 6.000 millones de euros que facturó la firma en nuestro país en 2024, un 70% corresponden al campo de la defensa. La plantilla total de la multinacional en España supera las 14.000 personas.

La semana pasada, el propio Pedro Sánchez se reunía en Moncloa con el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury. El Gobierno forma parte del consorcio europeo y desde 2018 ha firmado contratos en el ámbito de defensa con la compañía por más de 23.000 millones de euros.

Dentro del campo aeronáutico militar, también tiene especial protagonismo la firma vasca ITP Aero, fundada en 1989 con el apoyo de Rolls-Royce y la ingeniería Sener. Cerró 2023 con una plantilla de 5.000 empleados y unos ingresos récord de 1.305 millones, un 25% más que en el ejercicio anterior.

Indra tiene un 9,5% del capital social de este fabricante de motores para aviación y podría ser su próximo objetivo tras la compra de Hispasat a Redeia (antigua Red Eléctrica) por más de 700 millones. ITP está participada también por el fondo de capital riesgo estadounidense Bain Capital y por el Gobierno Vasco, a través de 'Finkatuz'. Entre otros, participa en proyectos relevantes para la seguridad y la autonomía estratégica europea como el programa del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), impulsado por España, Francia y Alemania.

Todoterrenos gallegos de Urovesa y munición hecha en Palencia

En el campo de los vehículos militares también tiene especial peso la gallega Urovesa, que cerró 2023 con más de 109 millones de euros de facturación. Con sede en Pontevedra, está especializada en ensamblar vehículos todoterreno VAMTAC, muy usados por el Ejército de Tierra y que han sido exportados a diversos países. 

En el campo de la munición, destacan también la antes citada Expal Rheinmetall, con fábricas en Madrid, Murcia, Navalmoral de la Mata (Cáceres) y Burgos. La empresa alemana Rheinmetall acordó a finales de 2022 con el gigante de la minería y los explosivos Maxam la compra de su filial de munición, valorada en 1.200 millones de euros. La compañía cerró el ejercicio 2023 con 292,8 millones de facturación, un 50,4% más que el año previo.

También en el campo de la munición está Nammo Palencia. La antigua fábrica de armas de la ciudad castellana fue adquirida hace una década por la multinacional noruega, que ha disparado su facturación de 30 a a 90 millones de euros. Las perspectivas de negocio no pueden ser mejores y su plantilla ha pasado a 300 trabajadores.