Las aerolíneas ha programado 246 millones de asientos en España para esta temporada de verano, que recoge los meses entre abril y octubre, lo que representa un incremento del 6% por encima de lo que finalmente se operó el verano pasado, año récord para el tráfico en España.

Según los datos publicados este viernes por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), destaca el incremento en la región de Canarias, donde se ha incrementado un 11% la capacidad. En cuanto a las operaciones previstas, ALA tiene cuantificados 1,4 millones de vuelos programados, lo que eleva un 0,6% los que se operaron el año pasado.

Para ALA, esta programación, sumada a la evolución al alza que ha vivido el tráfico aéreo en lo que va de año, con 39,8 millones de pasajeros transportados entre enero y febrero (5%), anticipan un año "muy positivo".

El presidente de ALA, Javier Gándara, que ha presentado estos datos este viernes, ha señalado que existen factores externos que podrían condicionar la buena marcha del tráfico aéreo, como la evolución de la situación económica y geopolítica.

Impago del Gobierno

En rueda de prensa, Gándara también ha abordado algunos de los problemas a los que se enfrenta el sector en España, resaltando el que se atañe a las aerolíneas que operan vuelos con las islas, Ceuta y Melilla y que acumulan cientos de millones de euros de deudas por parte del Gobierno por el descuento del 75% a los residentes.

El descuento, tal y como está planteado, se abona como adelanto por parte de las aerolíneas quienes luego reciben el dinero del Estado, con cargo a los PGE.

Sin embargo, a 15 de marzo, el Gobierno aún debe 425 millones de euros del ejercicio 2024 a estas aerolíneas, mientras que la partida presupuestaria consignada para este 2025 "prácticamente se ha consumido para afrontar la deuda arrastrada en 2024", que hasta hace poco alcanzaba los 800 millones.

Según los cálculos de la patronal, el gasto por estos descuentos podría alcanzar los 1.250 millones, aunque lo recogido en los PGE de 2023, prorrogados para 2024 y posiblemente para 2025, solo es 560 millones.

Gándara ha afirmado que, de prorrogarse de nuevo, "se contará con lo que queda de asignación presupuestaria para 2025 tras cubrir parte de la deuda de 2024", que ahora mismo son 175 millones tras pagar parte de la deuda del año pasado en enero. Con esa cantidad, asegura, el Gobierno debería afrontar los 425 millones que aún debe del año pasado más los 1.250 millones previstos para el presente ejercicio, lo que Gándara considera "una bola de nueve".

El Gobierno ha asegurado que se trata de un problema administrativo y puntual, pero las aerolíneas mantienen que es "un problema estructural muy preocupante". "El Ejecutivo tiene que actuar de inmediato porque este problema se está acrecentando", ha sentenciado Gándara, quien teme que la asfixia financiera de las aerolíneas les lleve a cancelar sus operaciones o reducir frecuencias en estos territorios.

El portavoz de ALA ha recordado que la a oferta de capacidad en las rutas entre Canarias y la península ha alcanzado los 61,81 millones de asientos en 2024, lo que supone un 9,6% respecto a 2023 y un 18% en comparación con 2019. En el caso de las conexiones entre Baleares y la península, en 2024 se ofertaron 55 millones de asientos, un 6% más que en 2023 y un 12,85% por encima de 2019.

Al ser preguntado sobre si el precio de los billetes a estas zonas donde se aplica el descuento a residentes está "inflado", en alusión a un informe de la CNMC publicado en 2020 sobre los efectos del incremento del descuento al 75%, Gándara ha contestado que estos están determinados por la interacción de la oferta y la demanda y que "la forma de tener un precio más bajo siempre suele ser reservar con la mayor antelación posible".

Asimismo, ha mencionado el proceso activo ahora mismo sobre la multa de 179 millones de euros que el Ministerio de Consumo impuso a cinco aerolíneas 'low cost' --Ryanair, easyJet, Norwegian, Volotea y Vueling-- por cobrar por el equipaje de cabina. Este se encuentra ahora mismo en la fase de recurso judicial y, a la espera de que el organismo tome una decisión, las aerolíneas pueden mantener sus políticas de equipaje como hasta ahora.

Gándara se ha mostrado seguro de que las compañías tienen la razón y de que ellas tienen el derecho a fijar los precios libremente, además de que es la Unión Europea quien debe fijar las normas para este tipo de servicios. Asimismo, ha pedido que se unifiquen criterios en todos los países.