La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) propone un profundo cambio del sistema de mutualismo administrativo, al que los diferentes cuerpos de funcionarios están obligados a adscribirse antes de decidir si reciben atención sanitaria pública o privada. Tras meses de debate sobre la renovación del concierto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), el organismo que dirige Cristina Herrero pone sobre la mesa dos reformas estructurales.

Por un lado, propone cambiar la actual adscripción obligatoria al sistema del mutualismo en un régimen voluntario. Aunque ya puedan elegir sanidad pública, lo que plantea la Airef de cara al próximo concierto es que no tengan siquiera que estar adscritos obligatoriamente a ese sistema del mutualismo.

El cambio habría que hacerlo, abunda la Airef, con un régimen de consulta previo a los funcionarios antes de que se renueven los próximos conciertos. "Esta reforma permitiría racionalizar el sistema y generar ahorros tanto para el funcionario como para las arcas públicas al eliminar las aportaciones de aquellos que opten por abandonar el sistema mutualista", dicen desde el organismo.

En segundo lugar, proponen la progresiva incorporación de los nuevos mutualistas al Sistema Nacional de Salud (SNS). La Airef señala la "ineficiencia que supone para los modelos de aseguramiento de salud de riesgo compartido la segregación de un subconjunto de la población y las dificultades que genera para la gestión integral de la salud pública".

Además, la Airef subraya que "los nuevos mutualistas eligen mayoritariamente la provisión pública, en un 72%, y aún más entre el personal docente". Según Herrero, eso demuestra que su propuesta "vendría avalada por las preferencias de los nuevos mutualistas". Además, en casos graves, el 70% de los mutualistas opta por la asistencia pública en episodios que precisan ingresos hospitalarios por patologías de severidad mayor y extrema. La tendencia se acentúa particularmente en pacientes que requieren tratamientos oncológicos, como quimioterapia o servicios de nefrología y diálisis

Dentro de su estudio del mutualismo administrativo, la Airef ha hecho el ejercicio de traspasar al ámbito público a 1,6 millones de funcionarios, adscritos no solo a Muface sino también a la Mutualidad General Judicial (Mugeju) e y el sistema de los militaries (Isfas). En este sentido, la Airef "aconseja la no incorporación inmediata del conjunto de mutualistas al SNS. "Es imposible realizar ese traspaso sin un refuerzo previo del SNS y sin evaluar los determinantes de las listas de espera", ha agregado Herrero.

También ha remarcado que "el caso español es un caso singular", pues "no hay ningún país que mantenga la diferenciación entre un régimen universal y un régimen para funcionarios que se financie con fondos públicos". En este sentido, ha recordado que Italia y Turquía integraron sus regímenes especiales de funcionarios durante la constitución de sus regímenes nacionales de salud y en otros como Grecia y Portugal también se hizo con las reformas tras la crisis económica de 2008.

"Tenemos a personas iguales proveyéndoles de un servicio diferente. En un instituto, entre un funcionario y un interino, tenemos a dos personas haciendo la misma actividad y posiblemente con la misma edad. Pero mientras el funcionario tiene dos opciones, el interino tendrá seguro el SNS como proveedor sanitario. Y esto rompe el principio de equidad horizontal", asevera José María Casado, director de la División de Evaluación.

El estudio de la AIRef ha analizado más de 400 millones de microdatos anonimizados e incorpora las conclusiones de una encuesta realizada a 16.000 mutualistas. Para ello, incluye y combina información administrativa, actividad hospitalaria, consumo farmacéutico y actividad asistencial.