El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas para el ejercicio de 2024 se sitúo en el 2,8% del PIB, lo que suponen 44.507 millones de euros. Si bien cumple el compromiso acometido con la Comisión Europea de mantener el déficit por debajo del 3%, este dato no contempla el gasto extraordinario del Gobierno a causa de la DANA. Si se incluyese, el déficit alcanzaría el 3,15%. 

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, compareció este jueves para presentar el avance del cierre de la ejecución presupuestaria del conjunto de las Administraciones Públicas del ejercicio 2024. Durante la intervención señaló que el resultado del 2,8% supone la reducción de siete décimas si se compara con el dato del 3,5% correspondiente al ejercicio de 2023 y del 7,1% desde 2020, lo que supone una reducción de casi 70.000 millones de euros. 

Estos datos, ”confirman que España es un país fiable, envidiable y que puede inspirar confianza en los mercados e inversores en un contexto de incertidumbre”, puntualizó la ministra durante la presentación. A lo que añadió que la reducción continua del gasto es “gracias al mantenimiento del círculo virtuoso”, haciendo referencia al buen ritmo de creación de empleo, del crecimiento económico, la disminución del desempleo, los buenos términos de saneamiento de las Administraciones Públicas y el blindaje del estado de bienestar.

Récord en la recaudación tributaria

"Se puede reducir el déficit sin recortes en las medidas sociales", explicó Montero. No obstante, esta reducción ha sido posible gracias al desempeño de la recaudación tributaria, que ha alcanzado cifras récord por el buen ritmo de crecimiento de la economía española.

El dato del PIB para 2024 se situó en el 3,2%, más del triple que en la Zona Euro. Se alcanzan los 21,8 millones de ocupados, según los últimos datos de la EPA, en donde se marca récord en el número de mujeres trabajando, diez millones. La tasa de paro se sitúa en su cifra más baja desde 2009, el 10,6% y se reduce la temporalidad al 12,4%. Además, las pensiones se han revalorizado con el IPC y la remuneración de los asalariados crece un 5%, cifra superior a la inflación y que les permite aumentar su poder adquisitivo. Estas buenas cifras de la actividad económica se han trasladado a la recaudación, lo que ha permitido reducir el déficit con mayor agilidad. El total de los ingresos tributarios se ha incrementado un 8,4% en comparación con el ejercicio de 2023, contabilizándose en 294.734 millones de euros.

Para 2024, con el Impuesto de Sociedades se recaudaron 39.096 millones de euros (un 11,5% más que en 2023), el IVA obtuvo 90.541 millones (+7,9), por el IRPF, 129.408 millones (un incremento del 7,6%) y por los impuestos especiales Hacienda sumó 22.128 millones de euros, un 6,6% más que en 2023.

Asimismo, las comunidades autónomas han registrado una bajada significativa del déficit, un 88% menos que en 2023. Esta disminución ocurre por la aportación de recursos efectuada por el Estado. En total, las comunidades autónomas tuvieron un déficit de 1.638 millones de euros, lo que supone un descenso de 12.088 millones en comparación a 2023. De esta forma, el déficit autonómico pasa a suponer un 0,1% del PIB en 2024 desde el 0,92% de 2023. Sin embargo, once comunidades registraron superávit y solo seis registraron déficit, entre las rezagadas se encuentran: La Rioja, Murcia, País Vasco, Madrid, Cataluña y Valencia.

Retos que persisten

A pesar de estas buenas cifras, la ministra de Hacienda ha querido señalar también la persistencia de retos, como la mejora del acceso a la vivienda para los jóvenes o el cambio climático, cuyos efectos ejercerán gastos extraordinarios como ha ocurrido con la DANA.

Las reglas fiscales de Montero excluyen del dato global de déficit el impacto de las catástrofes naturales, como ya sucedió con el terremoto de Lorca en 2011. La reconstrucción de las zonas afectadas "va a tardar más de un ejercicio presupuestario en completarse". En 2024 se extendieron un total de 5.590 millones de euros en ayudas, de las que el 93% se hizo cargo la Administración Central. Este dato supone un 0,35 puntos del PIB que si se suma al déficit total del Estado le haría no cumplir con su compromiso del 3% con Bruselas (3,15%).

Asimismo, la vicepresidenta primera del Gobierno reseñó el impacto que han tenido el cumplimiento de las sentencias judiciales por mala praxis de las medidas tomadas durante los años de gobierno de Rajoy en el presupuesto de déficit del ejercicio del año pasado, cifradas en más de 11.000 millones de euros y que ha supuesto un 0,71% del presupuesto. Entre estas sentencias judiciales ha destacado el caso de los mutualistas, del bono energético y el complemento de maternidad, este última sentencia ha supuesto un desembolso de 1.108 millones de euros.

Además, de los 11.000 millones de euros, 8.000 tendrán impacto sólo en los presupuestos de 2024. Son "one-offs" y no se repetirán en más ejercicios, entre ellas, la sentencia de los mutualistas que han supuesto un aumento del gasto de casi 6.000 millones de euros. Sobre los mutualistas también ha especificado que "la Agencia Tributaria está en condiciones de gestionar el gasto de los afectados y se pagará en su práctica totalidad para 2025", en vez de en cuatro cuotas tal y como especificaba la sentencia, "para agilizar la burocracia".

Finalmente, preguntada sobre las cifras para el incremento en el gasto de defensa, la ministra comentó que no podrá dar datos oficiales hasta la reunión de abril en la que se estudiarán las metodologías y qué cuestiones entrarán en esta partida presupuestaria. Además, Montero señala que el Gobierno se acogerá a cualquier instrumento de financiación para sufragar este gasto "La cláusula de escape fue la primera que pusieron (la Comisión Europea) a disposición de los estados y será la primera que usaremos. La clave de la financiación de la defensa será que no compita con el gasto social. Tendremos que ir epígrafe por epígrafe para saber de donde sacar las partidas, pero las primeras aproximaciones nos hacen ver que existe margen", remató.