El triángulo puede llevar a confusión. Una empresa española que opera en Venezuela y a la que un gobierno de los EEUU amenaza con sanciones si no cesa su actividad en el país caribeño. ¿Por qué Trump ha amenazado a Repsol con sanciones en los EEUU si no detiene su producción y exportación en Venezuela?

En realidad, hace años que los EEUU habían prohibido comerciar con el régimen de Nicolás Maduro. En el sector del gas y el petróleo, la medida afectaba a empresa estadounidenses y a empresas de otros países que también operaran con los EEUU. Tras las elecciones de julio del año pasado el aún Gobierno de Joe Biden consideró que la falsa victoria de Maduro suponía un incumplimiento de los llamados Acuerdos de Barbados que alcanzó con la oposición en octubre de 2023. En ellos, el régimen bolivariano se comprometía a respetar “la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos” y para “la protección de los intereses vitales de la Nación”.

El fraude electoral que ejecutó Maduro hizo que el Gobierno de los EEUU, con fecha del 18 de abril de 2024, diera por suspendidas las licencias que había dado a sus empresas y a otras como Repsol para poder operar en el mercado venezolano sin sufrir ningún tipo de sanción en los EEUU. Tras dictar esa revocación se les concedía 45 días para llevar a cabo la suspensión de actividad.

Sin embargo, pese a esa prohibición, la Oficina del Gobierno de los EEUU, la OFAC, incluyó determinadas excepciones a la revocación de licencias. Entre las beneficiadas se encontraba el Grupo Repsol, lo que le permitió continuar con su actividad en Venezuela. La nueva licencia tenía fecha de 21 de mayo de 2024. Desde entonces, Repsol no sólo no ha cesado su actividad en Venezuela sino que ha ampliado sus acuerdos y negocios con la empresa estatal de petróleo de Venezuela, PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.). Lo ha hecho ampliando sus compromisos de explotación y producción para los próximos años con Petroquiriquire, la sociedad estatal de la que participa en un 40%. Esta compañía había acordado extender los compromisos de explotación de varios campos de gas y petróleo hasta el año 2046.

Sanciones "extraterritoriales" y la ley de 1977

“Son sanciones extraterritoriales. Es una legislación interna de los EEUU según la cual su gobierno puede sancionar a cualquier persona o entidad, incluida las extranjeras, en base a una ley de 1977, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional”, asegura Enrique Feás, investigador del Real Instituto Elcano. Subraya que esta ley justifica estas sanciones o revocaciones de licencias bajo el argumento de que pueden suponer una “amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional al afectar a la política exterior o la economía de los EEUU”. Feás destaca que la apelación a una posible amenaza a la Seguridad Nacional es recurrente y “es algo que además no tienen por qué explicar y les permite justificarlo sin mayor detalle”.

Señala que con medidas como ésta que ahora salpica a Repsol, además de promover un castigo al régimen de Maduro “que lógicamente no está en la órbita de Trump”, el gobierno de los EEUU también se quiere garantizar “un cierto control sobre el mercado del petróleo”: “Una de las obsesiones de Trump es reducir y controlar el precio del petróleo. Atacar a todos los que puedan no atender a sus indicaciones es una vía que busca eso, pese a que estos aranceles también pueden afectar a sus propios productores de petróleo”.

El investigador considera que esa aplicación “extraterritorial” de sanciones, contra un tercer país, -en este caso Venezuela-, “suele funcionar”: “Lleva a las compañías a tener que elegir entre dejar de operar con Venezuela, en este caso, o con los EEUU, un mercado mucho más importante. En su día lo hizo algo similar con Cuba y con Irán”.    

32 años de presencia en Venezuela

Ya en las cuentas anuales de 2024 la compañía de Josu Jon Imaz reconocía que existía un “alto nivel de incertidumbre en relación a la política exterior que se pueda poner en marcha respecto a Venezuela”. La compañía señalaba que estaba adoptando las medidas necesarias para “continuar su actividad en Venezuela con pleno respeto a la normativa internacional de sanciones aplicable, incluyendo las políticas estadounidenses en relación con Venezuela”. Añadía que hacía un “seguimiento constante de su evolución” y sus posibles efectos en la actividad de la petrolera.

Repsol lleva desde el año 1993 con negocios petrolíferos y de gas en Venezuela. Actualmente es uno de los principales operadores que tiene acuerdos con la petrolera estatal venezolana, PDVSA, junto a otras grandes compañías como la estadounidense Chevron y la francesa Etablissments Maurd & Prom S.A. En todos estos años la actividad de Repsol en el país le ha permitido crecer en su implantación. Actualmente el 85% de su actividad está dedicada al gas que se emplea fundamentalmente para la producción de energía en Venezuela. Una actividad con el Estado que preside Maduro que le ha generado desde el año 2016 impagos millonarios, que se han estimado en 1.200 millones de euros, y que el Estado ha ido saldando con crudo y acuerdos para ir recuperando esa cantidad adeudada. Sólo el año pasado recuperó 166 millones de euros. Se estima que la deuda aún asciende a 634 millones de euros.

Imaz afirmó ayer que Repsol mantiene un "diálogo abierto y fluido" y con "relación directa con las autoridades americanas": "Vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad en este país, que nunca ha sido fácil, pero que, lógicamente, tenemos también una responsabilidad en la medida en la que prácticamente una parte importante del sistema eléctrico del país también depende de nuestra producción", recordó.