La oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Sabadell sigue adelante a la espera de la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El regulador que dirige Cani Fernández tiene que pronunciarse sobre si autoriza la operación para que el banco vasco se haga con el catalán. Actualmente está en una fase de análisis más profunda, aunque los actores esperan que la respuesta no se demore más allá de abril.

A partir de ahí, cuando se conozca el parecer de la CNMC, el ministro de Economía Carlos Cuerpo tendrá un plazo de 15 días para decidir si eleva la decisión al Consejo de Ministros. La ley otorga al Gobierno un margen de maniobra para modular las condiciones que eventualmente imponga Competencia en su dictamen sobre la operación.

Este miércoles, el segundo sindicato del Sabadell apelaba directamente a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz para que intervenga y detenga el proceso. En una carta, el Sindicato Independiente del Grupo Banco Sabadell -que pertenece a la Federación Sicam- reclama que intervenga de forma "inmediata", porque la opa "supone una grave amenaza tanto para los derechos laborales de miles de empleados como para la estabilidad del sistema financiero y el equilibrio del mercado".

"Confiamos en que el ministerio actuará con la responsabilidad que este asunto merece y estaremos atentos a cualquier acción que se emprenda en este sentido", añade la misiva sindical. Fuentes de Trabajo consultadas por El Independiente se remiten a declaraciones que ha hecho la ministra anteriormente en contra del proceso.

En efecto, la titular del ramo se ha mostrado crítica con la eventual concentración que supondría una fusión de ambas entidades. En concreto, entiende que supondría un riesgo para el sistema bancario español y conllevaría pérdida de puestos de trabajo.

El ajuste para conseguir las sinergias de 850 millones planteadas por BBVA podría rondar los 4.000 empleos. El propio consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, avisó en su día de que la fusión supondría el cierre de entre 589 y 883 sucursales en Cataluña, Asturias, Valencia y Galicia.

Pero más allá de pronunciarse públicamente, Díaz no tiene excesivo margen de intervenir para frenar la OPA. Eso sí, podrá pronunciarse en el Consejo de Ministros si finalmente Cuerpo eleva a este órgano la propuesta de la CNMC. El eventual Acuerdo que se tome en Moncloa en el plazo (inicialmente de un mes) podrá confirmar la resolución dictada por Competencia o acordar autorizar la concentración, con o sin condiciones.

"Dicho acuerdo deberá estar debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia", recoge la ley. Y ahí es donde fuentes financieras creen que Díaz podría aportar sus argumentos de manera formal.

Impacto sobre las pymes

Cuerpo, por su parte, mantiene la prudencia y asegura que esperará al resultado del análisis de la CNMC "para valorarlo en profundidad". "No hay información nueva desde que nosotros pusimos sobre la mesa nuestra opinión inicialmente", aseguró este miércoles. El Ejecutivo se ha mostrado hasta ahora preocupado por cómo pueda afectar una eventual fusión a las condiciones de los clientes, en particular para las pymes; uno de los negocios más fuertes del banco.

El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, cifraba precisamente el martes en 75.000 millones de euros el crédito a las pymes que está en riesgo si se concreta la fusión de ambas entidades. Esto considera que abocará al cierre a decenas de miles de pequeñas y medianas empresas y autónomos.

Fuentes de BBVA remarcaron que la entidad que preside Carlos Torres "lidera la captación de pymes con una cuota del 26,5 % en el último año" y detallaron que en los últimos cuatros años ha crecido un 16 % su financiación al mundo empresarial en España, cuando el sector ha caído en financiación a este segmento de clientes un 5%.