El Gobierno ha dado un paso adelante en la lucha contra la obsolescencia programada con una nueva ley que obligará a las empresas que fabriquen todo tipo de dispositivos electrónicos y electrodomésticos a pagar la reparación de los mismos, incluso cuando haya pasado el periodo de garantía. Esa medida, impulsada por el Ministerio de Consumo y el Ministerio para la Transición Ecológica, pretender fomentar la economía circular y reducir la dependencia del litio o el cobre entre otras materias primas.

Un impulso para reparar en lugar de reemplazar

La nueva regulación busca reducir la cantidad de desechos eléctricos y, por otro lado, lograr que los ciudadanos tomen conciencia sobre la importancia que tiene reparar. En el presente, son muchas las personas que se decantan por adquirir nuevos productos y no repararlos debido a los altos precios de las reparaciones y la escasez de recambios asequibles.

El objetivo de la normativa que quiere aplicar el Gobierno es que el fabricante se responsabilice de arreglar sus productos, alargando así su vida y evitando la extracción y el aprovechamiento de materias primas vírgenes.

La financiación: un fondo de reparación

Para que esta iniciativa sea factible, se dará vida a un fondo económico especial, financiado por los propios fabricantes y que sólo se destinará a cubrir total o parcialmente los costes de reparación de aquellos productos domésticos más utilizados, como neveras, lavadoras, televisores y teléfonos móviles.

Este sistema se enmarca dentro del "derecho a reparar" promovido por la Unión Europea que obliga a que los ciudadanos tengan la posibilidad de tener a su disposición reparaciones con cierta economía y dilatadas en el tiempo, es decir, que no tengan que comprarse dispositivos nuevos de forma continuada.

El derecho a reparar: un cambio en el modelo de consumo

La normativa obliga a que los fabricantes estarán obligados a proporcionar reparaciones gratuitas o a precios razonables, independientemente de si el producto está dentro de la garantía. Además, deberán ofrecer piezas de recambio a precios que sean asequibles y durante un periodo largo, incluso si el producto ya no se fabrica.

Otro aspecto importante es que no pueden oponerse a reparar un producto solo porque un taller independiente haya hecho anteriormente la reparación. De este modo, se garantiza que los consumidores alcancen una mayor libertad en el lugar escogido para reparar sus dispositivos, sin perder derechos.

Qué dispositivos se podrán reparar según la ley

La normativa hace un largo listado de los dispositivos que se podrían ver beneficiados por tal medida: electrodomésticos como frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, microondas, aspiradoras, etc. y dispositivos electrónicos de consumo como teléfonos móviles, ordenadores, tabletas, monitores...

El fin de la regulación es evitar que los productos de uso cotidiano acaben en un vertedero antes de tiempo o sean desechados en lugar de ser reutilizados gracias a que se les pueda dar una segunda vida.

Acceso a reparaciones asequibles y de calidad

Los fabricantes deberán aportar información clara y precisa acerca de las condiciones de los reparaciones y los precios de referencia. También estarán obligados a ofrecer a los consumidores manuales de reparación, herramientas de diagnosis y guías técnicas para que puedan llevar a cabo las reparaciones de manera independiente o bien llevarles a cabo en un taller de confianza.

Por tanto, esta normativa supone un paso hacia una mejora en la protección de los consumidores de la misma manera que la transición hacia un modelo de consumo más sostenible. Debido a la imposición de la obligación de reparar dispositivos móviles en este tipo de electrodomésticos aunque se encuentren fuera de garantía, el Gobierno aspira a que se reduzca el impacto ambiental y una economía circular que beneficie a la ciudadanía y al planeta.