El Gobierno ha dado un paso firme con la reforma de la Administración Pública al facilitar una normativa que sanciona con mayor dureza a los funcionarios con fraudes sobre el cumplimiento de los horarios laborales, una medida que ha quedado recogida dentro de una de las enmiendas al Proyecto de Ley de la Función Pública que acarrea el PSOE. El texto de la ley prevé imponer sanciones más duras a quienes lleguen tarde sin justificaciones, hasta suspensiones de empleo y sueldo de 30 días.

Sanciones más duras para los funcionarios

Llegar tarde ya no será una simple falta leve

Hasta el momento, llegar tarde al trabajo podía considerarse una falta leve en la Administración Pública. Sin embargo la propuesta de ley cambia esta concepción. A pesar de que sigue considerándose falta leve la sanción se intensifica considerablemente. Se podrá suspender al trabajador con el consiguiente perjuicio de 30 días sin empleo y sin sueldo, por lo que se amplía el límite previamente fijado, que era de hasta 15 días; esta nueva restricción se aplicará con especial énfasis en los supuestos de reincidencia.

Conductas que ahora podrían costar un mes de sueldo

El texto del proyecto de ley establece con claridad la existencia de un registro de faltas leves en el que caben, entre otras infracciones, la falta de puntualidad, la ausencia sin causa durante un día, la falta de diligencia o la falta de seguimiento de plazos no graves. Todas estas infracciones y conductas si se repiten o no se justifican provocarán una situación de sanción por parte de la Ley en el ámbito de la nómina del funcionario. Por otro lado, la norma señala como "reincidencia" el que se produzca más de una infracción similar en el espacio de un año.

Funcionarios en alerta

¿Qué implica una suspensión de hasta 30 días?

La suspensión de empleo y sueldo es una sanción disciplinaria que permite que el trabajador no ejerza sus funciones, e impide que reciba su salario fijado en el tiempo de duración de la sanción, al ser una medida de carácter especial. En el nuevo marco normativo, la suspensión se puede imponer incluso por faltas leves, si existe reiteración o falta de justificación; la finalidad parece evidente, garantizar el estricto cumplimiento del horario de trabajo de los empleados públicos.

Casos que pueden agravar la situación

Si las conductas se consideran graves o muy graves, la duración de su sanción aumentará, de tal modo que una falta grave puede acarrear una suspensión de más de 30 días y de hasta 2 años; en cuanto a las muy graves, en ocasiones pueden suponer una exclusión por un plazo de hasta seis años.

Disciplina laboral para los funcionarios

Un mensaje claro desde el Gobierno

La propuesta del PSOE se suma a un conjunto de reformas que el Gobierno ha puesto encima de la mesa para lograr modernizar y hacer más eficaz la Administración. Aparte de las multas por impuntualidad, la ley también prevé la recuperación de la jubilación parcial y otros aspectos de la carrera administrativa. Hacia un cambio en el modelo de cultura laboral de la Administración Pública es la dirección a la que parece dirigirse todo ello.

¿Medida ejemplarizante o castigo excesivo?

Mientras la ley se encuentra pendiente de aprobación en el Congreso, ya se ha iniciado la controversia entre trabajadores, sindicatos y entendidos. Algunos lo ven como una posibilidad de una mejora del rendimiento institucional y otros temen un endurecimiento desmedido.

La cuestión es que, en caso de ser aprobada, la ley representará un cambio radical en la gestión del funcionariado, porque el reloj se convierte en la gran cuestión, y la puntualidad, lejos de ser un aspecto formal, es ya una condición perfecta, con consecuencias que son reales.