"La mayoría de la gente que opina sobre pensiones no tiene valor añadido que aportar. Sentarse en un ordenador y hacer una proyección a cincuenta años cambiando una o dos décimas el crecimiento potencial para que te dé lo que quieres, eso lo podemos hacer todos; yo mismo en mi casa en una tarde".

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El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, se despachó a gusto frente a las críticas surgidas porque el Informe Anual de la institución que preside haya omitido, a diferencia de las ediciones de la etapa de Pablo Hernández de Cos, incluir un análisis y valoración sobre la sostenibilidad del sistema que el propio Escrivá se encargó de reformar durante su etapa como ministro de Seguridad Social en el Gobierno de Pedro Sánchez.

A ojos del gobernador, el único ente legitimado para entrar a analizar en profundidad el sistema de pensiones es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que él mismo presidió durante seis años. "Ni de lejos el Banco tiene capacidad, información, ni técnica para aportar sobre el tema de la sostenibilidad de las pensiones lo que puede hacer la AIReF", argumentó tras deshacerse en halagos hacia la metodología del organismo que preside Cristina Herrero.

El informe anual se limita a recoger las conclusiones de este organismo. "Nosotros no tenemos valor añadido que aportar ahí. En España hay que respetar las competencias de cada institución", zanjó para justificar el cambio de orientación del Informe Anual que habría motivado la dimisión del economista jefe del organismo, Ángel Gavilán. Nombrado durante la etapa de De Cos, Escrivá había decidido mantenerlo en el cargo. Pero el margen de maniobra dentro de la dirección general de Economía que hasta ahora emitía opiniones y recomendaciones sobre la política económica de Moncloa quedó reducido al máximo. Al punto de que el documento inicial tuvo que ser reeditado.

La batalla de Escrivá contra las opiniones del Banco de España sobre el sistema de pensiones se remonta a sus tiempos como ministro. Antes de acceder a lo más alto de Alcalá 48, Escrivá ya lanzaba sus dardos contra los informes del Banco de España que cuestionaban la sostenibilidad del sistema de pensiones que se había encargado de reformar. En 2022, el organismo puso en cuestión en su informe anual las cifras de la primera parte de la reforma, donde se ligaba la revalorización a la evolución del IPC. Escrivá dijo entonces que existía una "falta sofisticación en el análisis" por parte de la institución que ahora preside.

"El Banco tiene que opinar cuando tiene cosas sustanciales que aportar", insistió este miércoles durante la presentación del Plan Estratégico recientemente aprobado por la dirección del Banco. A través del mismo, se cambia el organigrama de la institución hacia un modelo más transversal de trabajo entre los diferentes departamentos. Pero dentro del organismo se ha leído como una forma de despojar de funciones a la 'incómoda' con el Gobierno dirección general de Economía.

Escrivá se mantuvo en sus trece y enfatizó que la institución no puede "entrar en temas solo porque están encima de la mesa". En este sentido, rechazó que el supervisor tenga que posicionarse desde el punto de vista normativo sobre elementos que tengan que ver con redistribución de la renta. "Ningún banco central en el mundo lo hace, porque no tenemos legitimidad democrática. Cómo se redistribuye la renta, a quién se le ponen más o menos impuestos o cómo se distribuye el gasto, esto lo tiene que decidir el Parlamento y el Gobierno y son temas que hay que evitar", contestó.

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